La tragedia de Monterrey tiene que tener, en forma inevitable, e incluso deseable, repercusiones políticas. Ya sea en el ámbito de la seguridad, como en el de otorgamiento de permisos y funcionamiento de las casas de juego, tendrán que existir costos que pagarán diferentes actores políticos.
La tragedia de Monterrey tiene que tener, en forma inevitable, e incluso deseable, repercusiones políticas. Ya sea en el ámbito de la seguridad, como en el de otorgamiento de permisos y funcionamiento de las casas de juego, tendrán que existir costos que pagarán diferentes actores políticos.
Un primer capítulo es institucional. Mucho se ha dicho pero poco se ha reflexionado, sobre el tema del estado de excepción. Entre los artículos de la postergada ley de seguridad nacional, hay uno dedicado al tema, que establece normas específicas al respecto. Hay diferentes opiniones en relación con lo que se debe hacer ante situaciones como la que vive Monterrey. Para algunos, y la preocupación es legítima, establecer medidas de excepción ante ataques criminales sería una suerte de triunfo de la delincuencia, porque demostraría que están en posibilidad de imponerle condiciones al Estado o porque le daría a esta batalla una dimensión diferente, mayor que la actual. Me parece muy atendible, pero también creo que situaciones de excepción requieren salidas institucionales del mismo calibre.
Es verdad que ninguna medida de este tipo debería implicar que se vulneraran algunas de las libertades esenciales de la ciudadanía, pero sí podrían aplicarse medidas y controles mucho más específicos. En los hechos eso es lo que se hizo: con la llegada masiva de elementos de la policía federal y del ejército mexicano, el control de la seguridad ha quedado en manos federales, con todo lo que ello implica. Quizás, durante un tiempo se podría contemplar la aplicación de controles más efectivos aún, el problema es que resulta complejo hacerlo cuando la normativa queda indefinida por la ausencia de leyes que permitan acotar las medidas de excepción a lo estrictamente necesario sin vulnerar libertades fundamentales.
En la manifestación que se realizó el domingo en Monterrey, aparecieron demandas, amplificadas por algunos medios, pidiendo la renuncia del gobernador Rodrigo Medina. Existe en diversos sectores de la sociedad regiomontana esa inquietud desde tiempo atrás y ahora la tragedia ha endurecido la demanda. No creo que lo ocurrido sea responsabilidad directa de Medina. Independientemente de su estilo personal de gobernar, distante de la gente, lo que constituye un error indudable, Medina ha trabajado y permitido trabajar en la agenda que acordó con el gobierno federal y con los sectores empresariales de la entidad.
El problema político en Nuevo León es mayor y trasciende el tema de la renuncia del gobernador: involucra las prescindencia que se ha dado en el pasado e incluso la corrupción de políticos como el ex alcalde Monterrey, Adalberto Madero, apodado Maderito, un gobernante municipal que fue denunciado en su momento no sólo por sus opositores internos y externos sino incluso por el conjunto de la clase empresarial local. Fue durante su mandato cuando se terminaron de corromper las fuerzas de seguridad locales (el proceso había comenzado desde años atrás) y cuando se relacionó esa corrupción institucional con grupos criminales como los Zetas que penetraron tan profundamente en el tejido social y económico.
Que aparezca el nombre del ex alcalde Madero ligado a los dueños del Casino Royale, que exista tal madeja de irregularidades en torno a la operación de ese y de muchos otros centros de apuestas en la entidad, no es casual. Si bien debe quedar absolutamente claro que la responsabilidad de la tragedia es de los grupos criminales, también lo vivido debe servir para comprender que esa corrupción y falta de control termina sirviendo siempre como un catalizador de la violencia. Y en ese terreno debe haber también consecuencias.
Otro que sale muy golpeado de este proceso es Santiago Creel. Por dos razones: primero, porque el episodio ha permitido recordar aquel otorgamiento de permisos para salas de juegos al final de su gestión en Gobernación que tuvo tantos costos políticos (y me imagino que muchos beneficios económicos para algunos) en el proceso interno del panismo. Pero también porque Creel había recibido el apoyo explícito de Vicente Fox días atrás y el ex presidente ha protagonizado el más sonado dislate en esta tragedia al pedir una tregua y ley de amnistía para los criminales.
Los priistas se han mantenido, salvo alguna excepción, en una línea de institucionalidad que ha implicado no participar en un reparto de culpas con el gobierno federal, que éste ha correspondido. En el PRD, el deslinde de Marcelo Ebrard con Fox y con la idea de una tregua y mucho menos una amnistía, ha dejado al jefe de gobierno también en una posición institucional que le permite seguir ocupando el centro en el proceso interno de su partido. La pregunta en su caso es si el perredismo duro puede entenderlo. Me temo que hay muchos que no.