El miércoles los senadores del PRD y del PAN no sólo terminaron frenando la firma del Pacto que se habían comprometido a suscribir, sino que, además, no aprobaron los cambios a la ley de la administración pública federal que, entre otras modificaciones institucionales, reintegraban a las áreas de seguridad pública a la secretaría de Gobernación y desaparecían a la secretaría de la Función Pública para crear una Comisión Nacional Anticorrupción con poderes mucho más amplios que la actual SFP.
El miércoles los senadores del PRD y del PAN no sólo terminaron frenando la firma del Pacto que se habían comprometido a suscribir, sino que, además, no aprobaron los cambios a la ley de la administración pública federal que, entre otras modificaciones institucionales, reintegraban a las áreas de seguridad pública a la secretaría de Gobernación y desaparecían a la secretaría de la Función Pública para crear una Comisión Nacional Anticorrupción con poderes mucho más amplios que la actual SFP.
No hay detrás de ambas negativas argumentos de fondo. Lo que existe es una profunda división interna dentro de los dos principales partidos de oposición que los lleva a contradecirse en el discurso e incluso, en el caso del PAN, en sus propios votos legislativos. El Pacto se estuvo negociando, sabemos ahora, durante dos meses. Ahí participó activamente Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD que, cuando tuvo que llevar lo acordado a su propia dirigencia terminó siendo desautorizado por la misma. Es evidente que, por lo menos hasta que ese partido tenga un liderazgo fuerte, no se podrán hacer acuerdos con el PRD: lo que dice Zambrano o lo que acepta Silvano Aureoles es rechazado por Alejandro Sánchez o por Dolores Padierna. Dice Séneca que cuando no se sabe hacia dónde se navega, ningún viento es favorable. Y eso es lo que está ocurriendo en el PRD: no saben hacia dónde navegan, no han decidido deshacerse del fantasma del lopezobradorismo y en la dirigencia le tienen pánico a que les digan que son partidarios de acuerdos, que es una de las cosas que tienen que hacer para demostrar que son diferentes a Morena.
En el PAN la lucha interna es inocultable. No es la primera ocasión en que el panismo en la cámara de diputados aprueba una reforma que es rechazada por el panismo en el senado. El PAN no se puede perredizar, no se puede convertir en el nuevo partido del no. Si su accionar ante la reforma laboral en el senado fue un golpe táctico interesante para establecer nuevas pautas de negociación, la decisión de no aceptar las reformas a la administración pública es un error y parece más una reacción interna, por la evidente lucha que libran los grupos ligados a Gustavo Madero, incluyendo al coordinador de los diputados, Luis Villareal, con los senadores llamados calderonistas, que encabeza Ernesto Cordero.
En este capítulo los senadores panistas están equivocados, están dejando como intransigente al presidente saliente (aunque no tiene nada que ver con la decisión adoptada) y no tienen una argumentación sustantiva para justificar ese rechazo. No es verdad, y hombres y mujeres que vienen de ejercer funciones claves en el ejecutivo federal lo saben perfectamente, que la incorporación de las áreas de seguridad a la secretaría de Gobernación, conllevará a la utilización de esas policías en tareas políticas. Estén donde estén ubicadas en el organigrama del ejecutivo federal, la utilización o no de las policías con fines distintos a los determinados por las leyes, es una cuestión, simplemente de voluntad política. Si se quiere violar las leyes, se las viola, esté la policía en Gobernación o no. En términos de gobernabilidad, la experiencia es implacable: quitarle a Gobernación las áreas de seguridad vulneró la gobernabilidad, nos dejó sin un verdadero ministerio del Interior y, además, terminó vulnerando también la seguridad, porque le dio a esa secretaría un manejo (y le generó un costo) político que no tendría porqué haber asumido. Fue un error haber roto con ese esquema institucional y es un doble error ahora oponerse a enmendarlo. Y el PAN, en este tema, insistimos, no ha presentado un solo argumento sólido para es rechazo.
Habrá que ahondar en un punto: no se puede gobernar, salvo situación muy precisas y normalmente extraordinarias, con base en pactos o en búsqueda de consensos cuando no existen condiciones objetivas para lograrlos. La administración Peña no puede apostar a lograr consensos y esperar a que los mismos se den para avanzar. Ese error ya lo cometieron sus predecesores en los últimos sexenios (quizás porque no tenían alternativa) y pagaron costos altos, reflejados en una parálisis legislativa.
Si no hay pactos o consensos se debe trabajar para construir mayorías legislativas: Peña lo hizo en el estado de México cuando inició su gobierno sin mayorías legislativas propias, y las construyó. Debe hacer lo mismo ahora. No puede esperar a ver si se ponen de acuerdo en el PRD o en el PAN o que esos partidos terminen de procesar sus diferencias, que no tienen, por cierto, fecha de caducidad. Y para tener mayoría legislativa a la nueva administración, con sus acuerdos con el Verde y Nueva Alianza, sólo le faltan un puñado, cinco, para ser más exactos, senadores. Que nadie se diga sorprendido el día de mañana si esa es la respuesta a la estrategia del no.