“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, dice el viejo refrán. ¿Quién puede estar en contra de que exista una ley de víctimas, que proteja, indemnice, asegure los derechos de las víctimas y de sus familias, más aún cuando esa ley puede ser un instrumento en la pacificación del país?. El problema es cuando se tiene que dar otro paso y definir a quién entendemos como víctima. Y en la ley que se acaba de promulgar al respecto, entre otros, ese es el mayor de los problemas.
“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, dice el viejo refrán. ¿Quién puede estar en contra de que exista una ley de víctimas, que proteja, indemnice, asegure los derechos de las víctimas y de sus familias, más aún cuando esa ley puede ser un instrumento en la pacificación del país?. El problema es cuando se tiene que dar otro paso y definir a quién entendemos como víctima. Y en la ley que se acaba de promulgar al respecto, entre otros, ese es el mayor de los problemas.
La ley dice que se obliga al gobierno federal a compensar hasta con un millón de pesos a víctimas o familiares de asesinatos, secuestros o desapariciones sin importar quienes sean los delincuentes ni cuando sucedió la agresión. Suena muy bien, pero es una barbaridad. La ley está inspirada en ordenamientos relacionados con dictaduras militares, como en Argentina y otros países. Allí el margen de confusión es mínimo: se trata de víctimas de los gobiernos que pueden ser identificadas con claridad como tales. En la búsqueda de convertir la lucha contra el crimen organizado que aún vivimos en un proceso similar, en una “guerra de Calderón”, como insistió el propio miércoles Javier Sicilia, se termina cometiendo una terrible injusticia de colocar en el mismo rasero a víctimas y victimarios.
No tengo ni la más mínima duda de que cualquier persona que haya sido detenida injustamente, secuestrada, asesinada o desaparecida por fuerzas del Estado, debe ser protegidas por ley. Tengo dudas sobre cómo se podría instrumentar pero también deberían ser protegidas las personas que fueron víctimas de un grupo criminal que actuó por complicidad o por negligencia de las autoridades. Pero ¿debe ser entendida como víctima e indemnizada por la sociedad la persona que siendo parte de un grupo criminal perdió la vida, ya sea en un enfrentamiento contra las autoridades o contra otro grupo criminal, que fue la circunstancia en que ocurrieron la enorme mayoría de los casos?. Para ponerlo más claro: ¿debe tener el mismo tratamiento el sicario anónimo que fue asesinado por sus rivales, que las familias de los miles de inocentes que han sido víctimas de secuestros por grupos criminales?
Es verdad, habrá un consejo ¿quién decidirá en él?¿cómo puede ser que ese consejo tenga autoridad incluso para suplantar en sus funciones al legislativo y al poder judicial y tener derecho para llamar a cuentas a los funcionarios?. Hay mucho más: la ley dice que cubre los delitos federales ¿qué ocurrirá con los que están catalogados como del fuero común?¿una persona cuyo secuestro no fue catalogado como realizado por delincuencia organizada está protegida por la nueva ley?. Otro punto: ¿de cuántos recursos estamos hablando y de dónde saldrán?. Porque partida presupuestal no hay y tampoco, si no se define el tipo de víctima y el número de las mismas, no se sabe de cuánto podemos estar hablando.
La ley de víctimas, como fue promulgada, es una fuente de conflictos para el futuro. Y desgraciadamente puede terminar provocando las confrontaciones que se desean evitar.
Negocios, sexo y política
Lo publicamos en este espacio el 26 de septiembre pasado. Hoy, dadas las circunstancias, simplemente lo volvemos a recordar. “Juan Iván Peña Neder, quien fuera uno de los creadores de las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador y luego jefe de asesores del subsecretario Abraham González, fue detenido a principios de septiembre en el DF, por la policía judicial de Michoacán, acusado de la violación de su ex esposa, la también ex candidata a senadora por el PRD, Thalía Vázquez, hermana a su vez de la también ahora candidata a diputada local por el PRD, Selene Vázquez. Todos los personajes involucrados en la historia son controvertidos, pero la misma estalla primero por el divorcio de Peña y su esposa Thalía con la consiguiente separación de bienes; continúa con la denuncia de que Thalia y Selene tenían la propiedad de un casino en León, denuncia simultánea con el incendio del Casino Royale, donde Peña Neder había dado asesoría legal a su propietario (al momento de su detención se dijo que era su representante legal, lo que no es verdad). En todo ese contexto, se da la denuncia sobre el presunto abuso sexual cometido en marzo pasado y pero que es reportado hasta septiembre, cuando es tomado por la procuraduría local que operado rápidamente para detener a Peña en el DF y dejarlo en prisión, aunque no hay pruebas testimoniales del delito, salvo diversas entrevistas televisivas de hace unos meses en las cuales Thalía habla maravillas de su ahora ex marido, aunque ahora dice que abusaba de ella desde hace años. Mientras tanto lo que se debate en realidad es la propiedad o no, de las hermanas Vázquez, de casinos en Michoacán y en Guanajuato. Así funciona la justicia en nuestro país, cuando la política y los negocios siguen marcando la actuación de muchos jueces”.