Hay pocas cosas peores que tener un familiar, un hijo, una pareja, un amigo desaparecido. No hay siquiera un cadáver, una tumba donde llorar: no se sabe siquiera si está vivo o cuando murió y en qué circunstancias; tampoco se tiene la certeza que en última instancia otorga la confirmación de la muerte. La imaginación hace trampas en los seres queridos y los mantiene en una incertidumbre permanente que va mellando, día con día, la posibilidad de comenzar de nuevo, de superar la pérdida.
No hay un número oficial de desaparecidos en México durante los últimos años. En general se estima que esa cifra ronda en las 20 mil personas, a las que se podrían agregar los de origen sobre todo centroamericanos que desaparecieron al transitar como migrantes hacia el norte en nuestro país.
Hay pocas cosas peores que tener un familiar, un hijo, una pareja, un amigo desaparecido. No hay siquiera un cadáver, una tumba donde llorar: no se sabe siquiera si está vivo o cuando murió y en qué circunstancias; tampoco se tiene la certeza que en última instancia otorga la confirmación de la muerte. La imaginación hace trampas en los seres queridos y los mantiene en una incertidumbre permanente que va mellando, día con día, la posibilidad de comenzar de nuevo, de superar la pérdida.
La práctica de las desapariciones no es nueva pero en nuestro continente la impusieron primero las dictaduras sudamericanas de los años 70, sobre todo y en forma masiva en Argentina, aunque también se practicó en forma constante en Uruguay, Chile y Bolivia. A fines de los 70 y principios de los 80 hicieron lo propio las dictaduras centroamericanas, sobre todo en El Salvador y en Guatemala. En los años de la llamada guerra sucia (también en los 70) hubo algunos desparecidos en México, pero en un porcentaje, comparado con los casos que relatamos, evidentemente menor.
Apenas el domingo el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chon se comprometió a que la nueva administración buscará a todos los desaparecidos, a los 20 mil que se dice, porque no hay ninguna enumeración exhaustiva de ellos, existen en el país y que en su enorme mayoría están relacionados con la lucha que libran entre sí los distintos grupos criminales que han asolado al país. No podría decir otra cosa Osorio Chon: es responsabilidad del gobierno federal (y de los locales) tratar de localizar a todas las personas que pudieran estar en esa situación. Pero Osorio, también con toda la razón, no se comprometió, ni podía hacerlo, a hallarlos. Tampoco, como le reclamaron algunos representantes de distintas organizaciones a crear una fiscalía especial para investigar esos casos.
No hubiera podido hacerlo porque esos grupos que lo reclaman, están extrapolando a los desaparecidos por los grupos del crimen organizado con los desaparecidos políticos de las dictaduras centro y sudamericanas, están planteando un esquema similar, sobre todo, al que se estableció en Argentina para atender esos casos. Pero la diferencia es fundamental: en Argentina y en esos otros países, hubo una política de Estado destinada a desaparecer a los opositores políticos. Fue establecida, organizada y operada desde el Estado y por los organismos del Estado, hay testimonios (que a pesar del paso de los años siguen presentándose y aumentando en precisión) sobre cómo se implementó esa política, quiénes participaron y con qué grado de responsabilidad.
En México no hubo ni hay una política de Estado en ese sentido. No fue el gobierno, ni sus instituciones, las que realizaron esas desapariciones, tampoco hubo estrategia alguna destinada a impulsarla. Ha habido casos, debidamente denunciados y muchos de ellos ya juzgados, específicos de personas que fueron secuestradas o asesinadas por miembros de fuerzas de seguridad. Son un puñado de casos. Lo otros miles son producto, sobre todo, de la lucha de las diferentes organizaciones criminales entre sí. Ahí está el caso de El Pozolero y los más de 300 cuerpos que le tocó desaparecer y como él muchos otros sicarios que a eso se dedicaban. Hay personas que fueron secuestradas por esos grupos para cobrar un rescate y luego asesinadas, que fueron tomadas como rehenes o, como se comprobó con los casos de las fosas comunes encontradas en San Francisco, en Tamualipas, por migrantes secuestrados buscando incorporarlos a la fuerza a esos grupos criminales.
Insisitr sin prueba alguna que hubo un estrategia de Estado para desaparecer personas es equiparar la lucha contra la delincuencia organizada con la llamada guerra de Calderón y responsabilizar al Estado de la violencia que se vivió en los últimos años exonerando así a los grupos criminales, como lamentablemente lo hacen las organizaciones que giran en torno a Javier Sicilia.
Es una falacia e implica un profundo daño a la sociedad interpretarlo de esa manera porque lo que se busca, paradójicamente, es castigar a funcionarios que pudieron haber hecho bien o mal su labor pero que cumplieron su responsabilidad y no rompieron las leyes al hacerlo, dejando en la impunidad a los verdaderos responsables que son los grupos criminales. En otras palabras, lo que buscan no es quien se las hizo sino quien se las pague. Y esa lógica puede resultar muy costosa en el futuro.