Pese a los esfuerzos realizados, el estado de Guerrero es, sin duda, el que más cerca se encuentra de una pérdida real de gobernabilidad: las policías locales están profundamente corrompidas, las áreas de seguridad parecen estar sobrepasadas por grupos delincuenciales, armados, políticos, caciquiles, que en más de una ocasión terminan emparentados entre sí o impulsados por aparentes enemigos para imponer sus propias condiciones. Y las autoridades están apostando a diversas medidas publicitarias para mejorar la percepción, pero éstas se derrumban cada vez se topan con la realidad.
Pese a los esfuerzos realizados, el estado de Guerrero es, sin duda, el que más cerca se encuentra de una pérdida real de gobernabilidad: las policías locales están profundamente corrompidas, las áreas de seguridad parecen estar sobrepasadas por grupos delincuenciales, armados, políticos, caciquiles, que en más de una ocasión terminan emparentados entre sí o impulsados por aparentes enemigos para imponer sus propias condiciones. Y las autoridades están apostando a diversas medidas publicitarias para mejorar la percepción, pero éstas se derrumban cada vez se topan con la realidad.
En los últimos meses se han sumado una serie de eventos que confirman la debilidad institucional del estado: los hechos de la normal de Ayotzinapa, donde murieron dos dirigentes estudiantiles y el trabajador de una gasolinera durante el bloqueo de la autopista del sol, en la que las instituciones locales mostraron una doble debilidad: primero porque no pudieron controlar a sus propias fuerzas de seguridad, y segundo porque no pudieron castigar a ninguno de los vándalos que incluso asesinaron a una persona y quedaron impunes.
En la sierra los grupos armados son una norma, lo mismo que las extorsiones: conocemos casos de empresarios de Arcelia, en Altamirano, en la Tierra caliente o en el Filo Mayor, que han sido secuestrados ellos o sus trabajadores para pedir rescates o extorsiones de largo plazo por grupos o personas que actúan pública y abiertamente y las autoridades locales no intervienen porque, simplemente, no tienen control sobre la zona.
En Ayutla y en la Costa Chica el control lo tienen grupos armados no identificados que hacen justicia por su propia mano, que se dan el lujo de instalar retenes, dispararle a quienes no se detienen en ellos, además de pedir una módica (o a veces no tan módica) cuota a todos los que pasan por el lugar (como lo hacen los maestros disidentes y los de las normales rurales cada vez que deciden tomar las casetas de cobro de la autopista del Sol). Estos grupos no sólo tienen el control armado de la zona sino que también tienen sus propios tribunales y mantienen detenidas a más de 50 personas que serán juzgadas por sus propias leyes. No se trata de una erupción controlada, más de 30 comunidades y municipios están adoptando el mismo modelo que resulta obvio que está siendo impulsado por organizaciones armadas y sus grupos de base.
La nueva imagen de Acapulco en la que tanto se ha invertido se cayó este puente vacacional. De nada sirvió que se consiguieran créditos para financiar la deuda que tiene al borde de la quiebra al municipio y la implementación del operativo Guerrero Seguro. La imagen se derrumbó cuando un carro con turistas fue atacados por uno de estos retenes porque no se detuvieron ante un grupo de personas armadas, encapuchadas y sin identificación, pero sobre todo por la violación de seis turistas españolas que rentaban, junto con otras personas, una casa en la playa. Si a eso le sumamos que el propio alcalde Luis Walton minimizó el caso diciendo que “eso (o sea la violación masiva de seis turistas en un destino de playa internacional) pasa en todos lados”, la imagen de Acapulco no hubiera podido salir más deteriorada.
Ante este tipo de situaciones sobran los discursos y las fotos y faltan los hechos: la autoridad tiene que tomar medidas concretas para solucionar los problemas no para dilatarlos o diluirlos. Si en un estado como Guerrero no se impone la ley para todos en todas las ocasiones, no puede haber resultados: decir que se van a impulsar programas sociales para reconstruir el tejido social sin que se imponga el imperio de la ley es una banalidad. Alguien tendría que explicarles a las autoridades de Guerrero y de Acapulco que no se puede mejorar la imagen de un destino turístico si las carreteras para llegar a él son bloqueadas, si el peaje lo cobran personajes encapuchados, si se instalan retenes de grupos armados y se le dispara a quien no se detiene en ellos, si es público y notorio que los servicios se caen porque no hay dinero para pagarlos, si un grupos de turistas europeos no pueden rentar una casa para pasar sus vacaciones en la playa sin que terminen secuestrados y las mujeres violadas por una decena de delincuentes.
Las autoridades tienen que hacer muchas cosas, más allá de pagar en los periódicos fotos donde el gobernador aparezca del brazo con su padrino Rubén Figueroa o que Walton asegure que una violación tumultuaria de turista es cosa de todos los días en los destinos turísticos. Pero nada es más importante en Guerrero que restablecer el imperio de la ley. Sin ella no habrá convivencia ni progreso, mucho menos un cambio de percepción para impulsar su principal fuente de ingresos que es el turismo.