Había por lo menos tres opciones para ocupar la secretaría de la Defensa Nacional en este sexenio, una de ellas obviamente era el general Salvador Cienfuegos quien finalmente se quedó con esa responsabilidad. Otro, con altas posibilidades, era el general Moisés García Ochoa. El tercero era el general y subsecretario de Defensa en el pasado sexenio Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. No sabemos porqué el presidente Peña se decidió por el general Cienfuegos, pero muy probablemente haya sido por considerarlo un militar más cercano al propio Peña, con el que tenía trato y contacto desde tiempo atrás: para esas posiciones la confianza personal es clave y Cienfuegos la tiene con el presidente.
Había por lo menos tres opciones para ocupar la secretaría de la Defensa Nacional en este sexenio, una de ellas obviamente era el general Salvador Cienfuegos quien finalmente se quedó con esa responsabilidad. Otro, con altas posibilidades, era el general Moisés García Ochoa. El tercero era el general y subsecretario de Defensa en el pasado sexenio Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. No sabemos porqué el presidente Peña se decidió por el general Cienfuegos, pero muy probablemente haya sido por considerarlo un militar más cercano al propio Peña, con el que tenía trato y contacto desde tiempo atrás: para esas posiciones la confianza personal es clave y Cienfuegos la tiene con el presidente.
Una cosa es cierta: no se debió, como afirma el New York Times de esta semana, en un largo reportaje que insólitamente no tiene una sola fuente, a una imposición y veto del gobierno estadounidense.
García Ochoa en particular, contra el que se centra el reportaje, es un militar con una carrera excepcional en las fuerzas armadas, con experiencia operativa, administrativa, diplomática, muy cercano a por lo menos dos anteriores secretarios de la defensa. Superada la sucesión en la secretaría de la Defensa, fue designado por el general Cienfuegos como el responsable militar en la zona más peligrosa y delicada para el combate actual contra el narcotráfico: la Comarca Lagunera, donde está encargado desde hace dos meses de coordinar los esfuerzos de seguridad en el ámbito regional, en un nuevo esquema en el que participan los estados involucrados (Durango y Coahuila), empresarios y especialistas en seguridad, además de las fuerzas locales y federales. Si hubiera cualquier tipo de sospecha o veto contra el general García Ochoa obviamente no tendría hoy esas responsabilidades y menos en esas regiones tan delicadas.
En estos días se ha dicho, y probablemente es verdad, que lo que se intenta con ese tipo de textos es presionar al presidente Peña para alinear su estrategia de seguridad con la de Estados Unidos. Puede ser, pero no creo que ese tipo de presión, vía medios, a través de un reportaje sin fuentes, pueda tener ese efecto ni que provenga de altos círculos de poder en la unión Americana. La estrategia de la administración Peña en seguridad no puede transformarse en algo demasiado distinto a la de su antecesor en Los Pinos por la sencilla razón (a veces las cosas sencillas son las más difíciles de comprender) de que la situación objetiva no ha cambiado ni cambiará por la simple voluntad de los gobernantes. Y eso lo sabe el presidente Peña. Si hiciera falta un dato duro más, lo podríamos encontrar en las estadísticas de violencia de estos dos meses que en lugar de disminuir han aumentado, incluso en regiones o zonas del país donde no tenían tanta presencia en el pasado.
¿Es culpa de la administración Peña?. Obviamente no, los cambios sexenales, con reemplazos en todas las áreas de seguridad así lo suelen determinar: algo similar ocurrió cuando la administración Fox fue relevada por la de Calderón. Pero hay dos, tres cosas que sí deben ser responsabilidad de la nueva administración. Debe establecer con rapidez y con mucha mayor claridad las líneas de trabajo en el sector; deben estar mucho más definidos los mandos operativos en cada región (varios están aún en proceso de transición) y debe haber una mejor definición de los objetivos para que éstos sean medibles. Estos aspecto, por ejemplo, fueron básicos para que se tuviera una mala percepción de la lucha que libró en su momento Felipe Calderón: la gente no sabía a qué objetivo se quería llegar, cuándo y de qué manera y cuando se intentó hacerlo ya era tarde. El presidente Peña no puede cometer el mismo error.
El otro punto es precisamente la relación con Estados Unidos que sigue pasando en buena medida por la seguridad. La designación de Eduardo Medina Mora en Washington ha sido un acierto, pero debemos asumir que estamos ante una administración Obama que ha cambiado a buena parte de los responsables de la relación con México, desde Hillary Clinton que ayer fue reemplazada por John Terry (que no se caracteriza precisamente por un conocimiento profundo de México o América latina) en el departamento de Estado o el reemplazo del secretario de la Defensa León Panetta por el ex militar y senador Chuck Hagel. Hay temas que involucran demasiadas cosas en Los Pinos y la Casa Blanca como para obviarlas o hacerlas girar como un simple objeto de presión, desde la reforma migratoria en EU que involucra a millones de mexicanos, hasta las restricciones a la venta de armas propuestas por Obama, estratégicas para el combate a la delincuencia en nuestro país.
No sé, no sabemos de donde surgió la información tan mal manejada por el New York Times pero dudo de que haya salido de los primeros círculos de poder estadounidense. Allí tienen relaciones y preocupaciones verdaderas.