No hace demasiados meses, platicando con uno de los funcionarios más importantes de la administración Calderón, hablábamos de los poderes reales que tenía el presidente de la república en la actualidad. Según mi interlocutor, esos poderes habían menguado en forma notable en los últimos años y me decía que “cuando volvieran los priistas se iban a dar cuenta que ya no podrían gobernar como antes, ya en Los Pinos es imposible decidir todo ni tampoco se cuenta con las herramientas para manejar las cosas como antes”. Unos días después entrevisté a Carlos Salinas de Gortari. Le pregunté al ex mandatario si ahora se podía gobernar como antes, si la presidencia había perdido las atribuciones metaconstitucionales de las que gozaba en el pasado. Salinas me dijo que él creía que no habían disminuido en absoluto las atribuciones de la presidencia, que lo que sucedía es que las mismas no se utilizaban por ausencia de trabajo político, pero que el poder presidencial se mantenía incólume en términos políticos y legales.
No hace demasiados meses, platicando con uno de los funcionarios más importantes de la administración Calderón, hablábamos de los poderes reales que tenía el presidente de la república en la actualidad. Según mi interlocutor, esos poderes habían menguado en forma notable en los últimos años y me decía que “cuando volvieran los priistas se iban a dar cuenta que ya no podrían gobernar como antes, ya en Los Pinos es imposible decidir todo ni tampoco se cuenta con las herramientas para manejar las cosas como antes”. Unos días después entrevisté a Carlos Salinas de Gortari. Le pregunté al ex mandatario si ahora se podía gobernar como antes, si la presidencia había perdido las atribuciones metaconstitucionales de las que gozaba en el pasado. Salinas me dijo que él creía que no habían disminuido en absoluto las atribuciones de la presidencia, que lo que sucedía es que las mismas no se utilizaban por ausencia de trabajo político, pero que el poder presidencial se mantenía incólume en términos políticos y legales.
Muy probablemente la gran diferencia pasa por la percepción y la intencionalidad en la utilización del poder de administraciones que vienen de etapas históricas y políticas diferentes pero también de una forma de utilizar el poder y de entenderlo también distintas. Lo cierto es que si vemos la forma en que está actuando la administración Peña, lo que podemos comprobar es que está tratando de recuperar, utilizando la política y los instrumentos que ésta le otorga al presidente de la república, los poderes que en Los Pinos creían perdidos. Y lo están haciendo a costa de recortar los espacios del poder que se habían construido en torno a otros actores.
En esta semana tres o cuatro decisiones lo demuestran: se presentó un programa nacional de viviendas que, sin duda, tiene muchos elementos positivos, como evitar la expansión de las ciudades, no seguir ampliando la distancia que deben recorrer los trabajadores hasta su centro laboral, dejar de construir casas en lugares donde no hay servicios o es muy costoso hacerlos llegar, hacer crecer las ciudades “hacia arriba”. Y dejar de construir viviendas que, por sus dimensiones, no pueden garantizar una calidad de vida mínima a sus habitantes.
A muchos de los constructores no les gustó. Altera sus planes y altera también el financiamiento público a los mismos. Muchos habían comprado ya terrenos en lugares lejanos pero que pensaban urbanizar en el futuro próximo. Las acciones de esas empresas cayeron en la Bolsa cerca de un cinco o diez por ciento. No son golpes decisivos para ninguna de ellas, pero sí implican una recuperación del Estado sobre los grandes proyectos de vivienda y obliga a las grandes empresas constructoras a adecuarse a las normas que el propio Estado les dicte para conseguir financiamiento.
El PRI, siguiendo iniciativas previas del PAN y del PRD presentó su propuesta para acotar las deudas de los estados y municipios. En los hechos, con la legislación que inevitablemente saldrá de la confluencia de las tres propuestas, el poder de estados y municipios se acotará en uno de sus capítulos más sensibles. Muchos han manejado bien sus posibilidades y capacidades de endeudamiento, pero otros gobernantes locales lo han hecho en forma desastrosa y con fundadas sospechas de corrupción. Uno de los mayores problemas que tuvo en el pasado la administración federal con las locales fue precisamente el de los manejos financieros y el control de los presupuestos. En los hechos desde el inicio de la administración Peña se ha iniciado un control mucho más estricto en esos ámbitos y ahora con esta ley el mismo no sólo aumentará sino que se establecerán regulaciones legales mucho más estrictas.
La ley de amparo aprobada en la cámara de diputados tiene la misma intención. Más allá de algunos capítulos que tendrán que ser muy discutidos todavía en el senado, como la posibilidad de no suspender actos de autoridad en todos los ámbitos económicos que implican una concesión del Estado (lo que podría suponer un peligro para inversiones realizadas por particulares, desde las telecomunicaciones hasta las carreteras), lo cierto es que resulta evidente que la nueva ley lo que intenta hacer es darle mucho más músculo al Estado frente a intereses privados.
Falta por ver, en éste y en otros terrenos qué tan deseable es que aumente en forma tan considerable la musculatura estatal y cuál es el punto de equilibrio idóneo entre el poder del Estado central, las administraciones locales y los grupos de poder, privados o fácticos, que existen en toda sociedad.
Lo que llama la atención en todo esto es cómo el poder de Los Pinos se está reconstruyendo siguiendo las premisas que señalaba en aquella entrevista Carlos Salinas: utilizando la política y las atribuciones legales que no había perdido (sino que no se había utilizado) el presidente de la república.