En distintos ámbitos gubernamentales, del ejecutivo y del legislativo, no hablemos del judicial, se sigue leyendo muy mal el diagnóstico sobre los problemas reales de inseguridad que vive el país. Por ejemplo, desde la propia PGR y Gobernación (y desde el Congreso) se ha insistido en los últimos días en revisar la figura del arraigo, catalogándola como uno de los mecanismos que están fallando, violando derechos humanos y debilitando la justicia.
En distintos ámbitos gubernamentales, del ejecutivo y del legislativo, no hablemos del judicial, se sigue leyendo muy mal el diagnóstico sobre los problemas reales de inseguridad que vive el país. Por ejemplo, desde la propia PGR y Gobernación (y desde el Congreso) se ha insistido en los últimos días en revisar la figura del arraigo, catalogándola como uno de los mecanismos que están fallando, violando derechos humanos y debilitando la justicia.
En parte tienen razón. Se ha extendido tanto la utilización del arraigo que se usa para prácticamente cualquier detención mientras se prepara el expediente que se presentará al ministerio público. Y por supuesto que ha habido excesos al respecto. Pero el arraigo, bien utilizado, es un arma imprescindible para la lucha contra la delincuencia organizada y se utiliza en muchos países con ese objetivo.
Se argumentó también esta semana que de todos los arraigos que se han dictado, sólo se prosiguió el proceso en el 3.7 por ciento de los casos. Es verdad. Pero para que esa cifra tenga sentido se la debe cruzar con otra: el 98 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes. El porcentaje de los arraigados que quedan en libertad es prácticamente el mismo del de los delincuentes que cometen un delito denunciado y no son castigados. En síntesis: el problema no es el arraigo, que sin duda debe mantenerse con adecuaciones y precisiones (lo mismo que la figura de testigo protegido). El problema es el sistema de procuración e impartición de justicia que no funciona, que trasmina impunidad y que como decíamos días atrás, terminará haciendo inútil cualquier esfuerzo que se realice en otros ámbitos para mejorar la seguridad.
Un ejemplo sencillo: todos sabemos que Raúl Salinas de Gortari no es el personaje ni más querido ni simpático en la vida política nacional. Sin embargo, Salinas fue juzgado, estuvo detenido varios años, fue dejado en libertad desde hace ya también mucho tiempo, y lo cierto es que hoy, 18 años después de su detención su proceso aún no está cerrado, sigue abierto. Nadie sabe porqué ni cómo, pero allí se siguen acumulando millones de hojas de expediente, sigue su marcha un mecanismo judicial que nadie sabe hacia dónde va, siguen cobrando, por supuesto abogados, fiscales, gestores, funcionarios, para que un proceso se prolongue todo lo posible y no vaya a ningún lado. Justicia que no es expedida no es justicia. No puede haber justicia en un caso que se extiende durante 18 años.
La otra cara de la moneda. Oscar Pistorius, el famoso atleta sudafricano, le disparó, matándola, a su novia, una conocida modelo, en la noche del 14 de febrero. Una semana después ya está en los tribunales de Petroria, para decidir si seguirá el juicio en su contra en libertad bajo fianza o en la cárcel y en un plazo máximo de seis meses se le tendrá que dictar sentencia. Y todo se realiza en un juicio oral y público. Antes de que concluya el 2013 su vida estará decidida. Así debe funcionar la justicia: por supuesto que hay fallas, que se cometen errores, pero la justicia funciona y sirve a la sociedad si ex expedita y no abona la impunidad. Y que nadie diga que Sudáfrica, una nación que abandonó el apartheid hace apenas 20 años es un país mucho más desarrollado o civilizado que nosotros. La diferencia es que esa nación pudo, en apenas dos décadas, modificar su sistema penal, de justicia y nosotros no (Colombia cambió su sistema de justicia hacia los juicios orales en apenas dos años). Y recordemos que Sudáfrica sigue viviendo un conflicto racial, solapado pero real, tiene enormes bolsones de pobreza, tiene violencia, inseguridad, narcotráfico y una fuerte discriminación contra las mujeres. Pero su sistema de justicia funciona mucho mejor que el nuestro.
El tema es la impunidad y ella crece día con día cuando se permite que se tome con violencia el CCH, se golpee a trabajadores, estudiantes, profesores y no pasa nada; cuando se destroza el centro de la ciudad y la propia asamblea legislativa aprueba una ley para liberar a los vándalos; cuando se permite la existencia de grupos de autodefensa que ya provocan muertos y enfrentamientos. Y también cuando se tiene aprobada hace cinco años una reforma al sistema de justicia, para pasar al sistema de justicia oral y no hemos avanzado prácticamente nada al respecto. En esa transformación y en la creación de un código penal único para todo el país se tendría que concentrar las autoridades: el arraigo y los testigos protegidos son simplemente instrumentos que serán bien o mal utilizados de acuerdo al funcionamiento de todo el resto del sistema, que hoy tiene la marca de la impunidad.