Elba Esther Gordillo seguirá su proceso en prisión. El mismo será largo y complejo y nada está asegurado al respecto: comprobar el lavado de dinero y la procedencia ilícita de los recursos no será, en términos judiciales, sencillo. Pero mientras todo el proceso judicial avanza con la típica lentitud y burocratismo de nuestro sistema penal, la política no deja demasiado tiempo para esperar esos resultados. En torno a la educación hay mucho en juego en estos días y debe haber respuestas.
Elba Esther Gordillo seguirá su proceso en prisión. El mismo será largo y complejo y nada está asegurado al respecto: comprobar el lavado de dinero y la procedencia ilícita de los recursos no será, en términos judiciales, sencillo. Pero mientras todo el proceso judicial avanza con la típica lentitud y burocratismo de nuestro sistema penal, la política no deja demasiado tiempo para esperar esos resultados. En torno a la educación hay mucho en juego en estos días y debe haber respuestas.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el grupo opositor al Sindicato Nacional, nunca estuvo en condiciones reales de disputarle la dirección del gremio a la corriente de Elba Esther, pero su capacidad de movilización, apoyada por Morena, por el PRD y los gobiernos locales en donde tienen presencia, los convierte en un factor que puede alterar la paz social. Esta semana más de dos millones y medio de alumnos se quedaron sin clases en Oaxaca, en Michoacán, en parte de Guerrero y de Chiapas. En la ciudad de México han vuelto los bloqueos de la misma corriente y sus integrantes están involucrados en muchos otros movimientos, incluyendo algunos de los llamados grupos de autodefensa que han comenzado a aparecer en esos mismos lugares.
Los estados que tienen hegemonía de la Coordinadora son las secciones sindicales que tienen infinitamente más comisionados; los que cuentan con más recursos y espacios de poder real en los gobiernos locales (en Michoacán y Oaxaca, manejan casi en su totalidad las secretarías locales de educación y sus presupuestos); los que más se resisten a cualquier tipo de evaluación, de los maestros y de los alumnos y por ende a la reforma; paradójicamente, los que tienen mayores ingresos promedio, pero también los que menos trabajan (de los últimos tres años sus alumnos han perdido por lo menos un año de clases por paros, bloqueos, reuniones sindicales, asuetos y feriados) que nunca se recuperan en realidad y, obviamente, en esos estados se tiene el peor nivel educativo del país. Los partidos y los gobiernos que respaldan o toleran esos movimientos, algunos tan críticos, con o sin razón, con el SNTE, son incapaces de elevar siquiera un reclamo contra estos grupos que se han cansado de cometer actos vandálicos.
Obviamente la Coordinadora no se moviliza pidiendo la libertad de Gordillo, lo hace en contra de la reforma educativa, de la laboral y a ello engarza las movilizaciones en contra de las reformas fiscal y energética. No están en condiciones de controlar el sindicato pero sí de desestabilizar el ciclo de reformas propuesto por la administración Peña.
Pero hay otro tema inmediato y que, por lo menos en el factor tiempo, tiene que haber sido analizado a la hora de decidir la aprehensión de Gordillo: la negociación salarial en curso. El SNTE, como se ha visto en estos días, está a la expectativa y evidentemente debilitado, aunque Juan Díaz de la Torre, sea un dirigente con peso en la estructura del gremio. Pero lo cierto es que la negociación salarial con el magisterio será clave para determinar el futuro de muchas cosas, incluyendo la actitud del SNTE ante la reforma y ante el propio caso Gordillo. El hecho es que con todos sus defectos y excesos, Gordillo había logrado en los dos últimos sexenios, mejoras muy importantes en los ingresos y las condiciones de trabajo de los maestros, los que eran mayores aún en algunos estados por el tipo de negociación que se ha establecido desde la federalización de la educación: un negociación global, federal y otra paralela en cada uno de los estados con las autoridades locales.
Según dijo el gobernador de Morelos (uno de los estados afectados por ese tipo de negociación), Graco Ramírez, uno de los acuerdos adoptados en estos días con la secretaría de Gobernación es que este año habrá una sola negociación global en la que intervendrán el gobierno federal, los estatales y el Sindicato, para llegar a un acuerdo que abarque todas las entidades federativas con los mismos incrementos y condiciones. Si es así, si el incremento salarial y de condiciones se mantiene en la lógica de los últimos años, agregando las exigencias de la reforma educativa, las consecuencias pueden ser positivas en muchos aspectos, pero también se debe tomar en cuenta que las posiciones de la Coordinadora se radicalizarán aún más porque perderán capacidad de interlocución y chantaje ante los gobiernos locales. Y tratarán de neutralizarlo a fuerza de movilizaciones, bloqueos y una agenda hiperpolitizada.
El gobierno (en realidad los gobiernos, el federal y los locales), tendrá que tener respuesta ante los embates que vendrán del lado de la Coordinadora. Pero también los partidos, sobre todo los que la apoyan y se benefician de sus recursos y manifestantes. Porque lo peor que podría pasar es que esos embates frenen los ciclos de reformas planteados.