Hay más de 39 órdenes de aprehensión libradas en contra de quienes encabezaron los actos vandálicos en Chilpancingo, el miércoles pasado (esos fueron los más notorios pero los actos de violencia se vienen sucediendo en el estado desde hace meses) incluyendo los dos líderes más públicos (porque los verdaderos dirigentes no aparecen) de la CETEG, Minervino Morán y Gonzalo Juárez. Ninguna se ha ejecutado hasta ahora, pese a que Morán y Juárez estuvieron ofreciendo ruedas de prensa hasta el viernes pasado. Ese grupo de maestros llevan en paro 60 días (lo suficiente como para arruinar el año lectivo) pero siguen cobrando su salario. Se supone que el viernes cobraron y levantaron, dicen, el campamento, para regresar a sus casas, dejar dinero y tomarse una suerte de puente hasta el primero de mayo cuando tienen convocada su próxima manifestación.
Hay más de 39 órdenes de aprehensión libradas en contra de quienes encabezaron los actos vandálicos en Chilpancingo, el miércoles pasado (esos fueron los más notorios pero los actos de violencia se vienen sucediendo en el estado desde hace meses) incluyendo los dos líderes más públicos (porque los verdaderos dirigentes no aparecen) de la CETEG, Minervino Morán y Gonzalo Juárez. Ninguna se ha ejecutado hasta ahora, pese a que Morán y Juárez estuvieron ofreciendo ruedas de prensa hasta el viernes pasado. Ese grupo de maestros llevan en paro 60 días (lo suficiente como para arruinar el año lectivo) pero siguen cobrando su salario. Se supone que el viernes cobraron y levantaron, dicen, el campamento, para regresar a sus casas, dejar dinero y tomarse una suerte de puente hasta el primero de mayo cuando tienen convocada su próxima manifestación.
Porque los paristas cobran rigurosamente su salario, pero si algún maestro de la Coordinadora no acude al pase de lista en el campamento o si decide trabajar, dar clases, su salario le es descontado por el propio sindicato disidente. En otras palabras: para cobrar su sueldo los maestros deben estar en paro y participar del movimiento. Si dan clases, no cobran o son transferidos a plazas remotas. Por cierto, el PRD y Movimiento Ciudadano decidieron no presentar denuncia contra los manifestantes que destrozaron e incendiaron sus sedes partidarias en Chilpangingo. Es algo así como la mujer golpeada que no denuncia a su marido porque siente que se merecía la golpiza.
Los de la CETEG se fueron algunos días a su casa pero el bloqueo, el mismo viernes, lo realizaron los de la normal de Ayotzinapa, que secuestraron autobuses, ocuparon la autopista del Sol y reclamaron “justicia” para dos compañeros muertos en el desalojo de diciembre pasado. Obviamente ignoraron el hecho de que ellos mismos provocaron la muerte de un trabajador de una gasolinera que los manifestantes incendiaron ese mismo día. Al trabajador muerto, que obviamente no militaba en ningún grupo, nadie ha intentado hacerle justicia, ni la reclama. Pero los jóvenes de Ayotzinapa no se limitaron a bloquear la autopista y secuestrar camiones, también destrozaron los cristales de otros, con pasajeros dentro. Además, atacaron los camiones de la propia Policía Federal. Nadie los molestó.
En Morelia, también el viernes, otro grupo de normalistas y maestros de las Coordinadora decidieron secuestrar siete trailers con carga y conductores, llevarlos al centro de la ciudad, estacionarlos frente al Palacio de Gobierno y allí desvencijarlos y repartir la mercancía (una parte importante de la misma se cargó en camionetas de los manifestantes que partieron con rumbo desconocido). Todo ocurrió a pleno día. Dijeron que habían realizado esos actos para pedir “una cita” con el gobernador interino Jesús Reyna. No sabemos si les dieron “la cita” pero lo cierto es que nadie los molestó en absoluto.
La torre de rectoría en Ciudad Universitaria en el DF continúa tomada por un puñado de jóvenes que en su mayoría ni siquiera son estudiantes de la UNAM. Muchos vienen de la Universidad de la ciudad de México, que tuvieron ocupada durante semanas. La rectoría ha ratificado la denuncia por la ocupación pero pasan los días y nada sucede. Bueno algo cambió: los ocupantes han instalado un anémico campamento frente a la rectoría para tratar de reforzar su presencia. También leyeron una declaración diciendo que al amenazarlos con el desalojo se están “afectando sus libertades” (¿cuál es la libertad de secuestrar una institución?) y que eso los “daña psicológicamente”. El último punto es incontrovertible: están dañados.
Esta suma de relatos ocurridos en menos de 12 horas de un viernes, sirve sólo para confirmar la magnitud que alcanza la impunidad. No importa que existan órdenes de aprehensión, que sean evidentes los actos de vandalismo, que se secuestren autobuses o camiones de carga, que se tomen oficinas públicas. No pasa nada. Nadie es responsable, nadie es castigado, nadie asume, tampoco, su responsabilidad. Los únicos que pagan las consecuencias son los ciudadanos que ven cómo se deteriora su vida, cómo son asaltados sus negocios, cómo se acaba con el turismo, el comercio, la tranquilidad. Y cómo sus niños hace tiempo que no gozan del derecho a la educación y ellos el de vivir en paz. La pregunta es hasta cuándo. Por lo pronto, cada uno de los tres órdenes de gobierno aseguran que el problema no es de ellos sino de los otros, al mismo tiempo que todos declaran que se hará cumplir escrupulosamente con una ley que nadie respeta.