La reactivación del Pacto por México es, sin duda, una buena noticia. Se trata de un instrumento útil para poder procesar y sacar adelante acuerdos largamente postergados en la agenda nacional, acuerdos que por la propia volatilidad de la política nacional pueden terminar poniéndose en peligro en cualquier momento.
La reactivación del Pacto por México es, sin duda, una buena noticia. Se trata de un instrumento útil para poder procesar y sacar adelante acuerdos largamente postergados en la agenda nacional, acuerdos que por la propia volatilidad de la política nacional pueden terminar poniéndose en peligro en cualquier momento.
Eso ocurrió con toda la historia Sedesol-Veracruz y el presunto uso de programas sociales en las elecciones locales. El tema, con videos y grabaciones, fue bien presentado por el PAN local al mismo tiempo que se sobredimensionaban las acusaciones hasta solicitar juicio político para 57 funcionarios, incluyendo el gobernador Javier Duarte y la secretaria Rosario Robles. El PRD se trepó rápidamente al tema, tratando de ajustar viejas (y mezquinas) cuentas con la secretaria. Que nadie se asombre, es parte del juego político de partidos y gobiernos, sobre todo cuando comienza una campaña electoral que definirá la correlación interna en catorce estados y, en ese contexto, la propia hegemonía (o pérdida de ella) de las dirigencias de los dos principales partidos de la oposición, mientras que para el gobierno federal, el buen manejo de ese proceso determinará la posibilidad de trascender con el Pacto la próxima oleada de reformas, incluyendo la energética y la fiscal (y con la financiera como paso previa de ambas).
En Sedesol, pese a la ofensiva que sufrió Robles, se hizo lo que se debía: se separó de sus puestos en cuanto se presentó la denuncia a siete funcionarios presuntamente involucrados en el caso. Aquella declaración presidencial de “no te preocupes Rosario…” puede haber sido políticamente incorrecta pero también estableció un límite para la negociación que se veía inevitable con los partidos. En el proceso, en el tira y afloja de las negociaciones posteriores, el gobernador Duarte tuvo que aceptar la renuncia de uno de sus hombres de confianza, el secretario de finanzas Salvador Manzur, mientras que la FEPADE activó procesos contra seis probables involucrados. ¿Porqué no había actuado antes la FEPADE?. Porque no se había realizado la denuncia correspondiente ante esa fiscalía.
El agregado que se le ha realizado al Pacto es una buena opción para salir de esa crisis (impasse dijeron que era) que lo azotó. En realidad el agregado no inventa ni mucho menos el hilo negro: ratifica, en la mayoría de los casos, lo que los gobiernos (no sólo el federal sino también los locales) están obligados a hacer en términos electorales y de utilización de recursos públicos, pero establece mayores controles, mejores mecanismos para permitir que las leyes y reglamentos se apliquen correctamente. Lo que no puede hacer es meterse en temas como los nombres de los delegados definiendo si son o no operadores electorales, porque se trata de definiciones subjetivas que ningún estado puede sostener: lo que se debe corroborar es que no se violen las leyes, pero asumiendo también que las políticas sociales, y eso se aplica tanto al gobierno federal como a las administraciones locales, respetando esas leyes y normas, son estrategias que le dan su verdadera personalidad, su sello, a un gobernante, a un partido. Pensar que la labor de gobernar se basa sólo en administrar es tan absurdo como ilusorio. Y ningún gobierno se puede atar de manos en ese sentido. Si sus políticas son buenas o malas, ya lo decidirá el electorado.
En todo caso la reanudación de las actividades del Pacto (que en realidad nunca se interrumpieron plenamente porque sobre todo en el Congreso las cosas siguieron funcionando relativamente bien, como lo demostró, no sin pequeños contratiempos, la reforma en telecomunicaciones) es una buena noticia para Jesús Zambrano pero sobre todo para Gustavo Madero, que nunca estuvo más cerca de tener que separar a su partido de ese acuerdo que durante las últimas semanas. Para Madero sacar este agregado era una cuestión vital, y lo logró, lo que le dará un respiro y un margen interno hasta las elecciones.
El 7 de julio, sin embargo, terminará determinando muchas cosas. En los hechos, mientras que el PRD y el PAN se enfrentarán a una dura prueba electoral, para el PRI resultará imprescindible que los resultados sean legítimos y verosímiles. Por supuesto que el priismo quiere que el resultado en los 14 estados legitime la labor de Peña Nieto en estos meses, pero también sabe que no puede apostar a carros completos que harían más complejos, en lugar de allanar, los procesos y cambios futuros, sobre todo los energéticos y fiscales. En todo caso, la medida de la legitimidad y verosimilitud pasará por la transparencia del proceso. Y en ese sentido, este triunfo del PAN y el PRD en el Pacto se puede convertir en uno plenamente compartido por el PRI y el gobierno federal. A todos les conviene.