Si no parece ser una buena idea anteponer la reforma política a las estructurales, sobre todo a las energética y fiscal, tampoco se debería abrir en el terreno político electoral una agenda que, en los hechos termine siendo imposible de cumplir o que distorsione por completo el marco institucional.
Si no parece ser una buena idea anteponer la reforma política a las estructurales, sobre todo a las energética y fiscal, tampoco se debería abrir en el terreno político electoral una agenda que, en los hechos termine siendo imposible de cumplir o que distorsione por completo el marco institucional.
Muchas veces se piensa que creando organismos supuestamente autónomos, se logra una mayor independencia y ciudadanización de los procesos políticos y económicos. En algunos casos es verdad, pero en otros se termina concentrando tal cantidad de poder en unas pocas manos, que se suelen catalogar de ciudadanas cuando en el mejor de los casos son no partidarias, que lo que ocurre es que se crean esferas de control que quedan fuera del ámbito de control de los tres poderes de la Unión. Ejemplos hay muchos y propuestas muchas más, pero el caso del recién creado (por lo menos en el papel) IFETEL para regular las telecomunicaciones es un buen ejemplo: tendrá esa institución mucho más poder real que muchas instituciones, por un periodo de tiempo más largo y sus integrantes son elegidos sólo por un grupo de legisladores. En los hechos, muchas de atribuciones del Ejecutivo e incluso del Judicial quedarán en sus manos, incluso algunas que podrían ser consideradas de seguridad nacional. Todo dependerá de los límites que se le pongan en las leyes secundarias.
Ahora está en la mesa de debate el reemplazo del Instituto Federal Electoral por un Instituto Nacional de Elecciones, que asumiría el control de todos los procesos a nivel federal, estatal y municipal, absorbiendo a todos institutos locales. Es una propuesta en la que hemos pensado cada vez que vemos algún comicio en los estados que no cumple a cabalidad con las normas y reglas que deberían cumplir partidos y candidatos a nivel federal. Es, además, políticamente correcta, sobre todo cuando pensamos en el primer IFE, aquel de la elección del año 94 y 2000, muchas veces idealizado, tanto en su operación como en el compromiso político real de muchos de sus integrantes con distintas expresiones políticas.
El problema es que cuando se comienzan a analizar los mecanismos propuestos para la creación del INE, aparecen más dificultades que beneficios. Comencemos por el principio, el propio cuestionamiento del IFE por los partidos: en las dos últimas elecciones presidenciales el IFE terminó siendo cuestionado, en algunos casos con razón, en otros, la mayoría, por la simple mezquindad política de los partidos. Consecuencia de ello en el 2007, violando las leyes, el IFE fue descabezado y cambiados todos sus integrantes. Hoy, al IFE le falta un consejero porque el Congreso no lo ha designado por falta de acuerdo entre los partidos. Y eso es en las elecciones federales. ¿Qué sucederá cuando el IFE tenga que lidiar con alguna lejana elección municipal o estatal donde, evidentemente, no tendrá todos los hilos en sus manos?¿quién asumirá los costos?¿o acaso tendremos partidos con altitud de miras que no tratarán de cobrarle al nuevo Instituto sus agravios y derrotas, justificadas o no?¿de dónde saldrán sus integrantes, si últimamente, cada vez que tenemos que elegir un consejero, los debates duran semanas y, por lo menos en los dos últimos casos, no se pudieron designar dentro de los tiempos legales?
Pero el tema no se agota con el INE, el Instituto necesitará su complemento, que es el Tribunal y la Fiscalía para delitos electorales. ¿Habrá también un Tribunal electoral que abarcará todo el país y una fiscalía con atribuciones para llegar hasta el último de los municipios?¿se imagina usted la estructura que se tendría que crear para poder cumplir con esas tareas en todo el país?¿se imagina el poder que acumulará un poder electoral y judicial, incluso penal, dotado de absoluta autonomía y sin contrapeso alguno?. En los hechos tendríamos un cuarto poder de la Unión, con atribuciones similares al ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tendría en sus manos todo el control electoral del país. Me parece un exceso, sobre todo en funcionarios que no serán electos, sino designados.
¿Entonces nos tenemos que resignar a que no suceda nada?. No, hay pasos intermedios que podrían ser muy útiles: primero establecer códigos de procedimientos penales únicos, unificados en todo el país; se podrían establecer mecanismos también únicos para la elección de consejeros y la creación de Institutos “espejo” del federal en cada uno de los estados; se podría, como se ha dicho, acabar con la entrega de recursos a los partidos a nivel estatal que tendrían, solamente, los que reciben a nivel federal. De esa forma, manteniendo el sistema federal, se replicaría en cada uno de los estados un sistema similar, con normas y leyes equivalentes pero sin la acumulación de un poder que, por una parte, sería excesivo y por la otra probablemente burocrático e ineficiente. Exactamente lo contrario de lo que se pretende.