En una semana el presidente Peña Nieto cumplirá seis meses en el poder. Si bien ha tenido logros indudables, no podrá festejar por todo lo alto el sobrepasar la décima parte de su mandato, porque existe problemas auciantes y comienza, también, una veda electoral previa a los comicios del siete de julio que ha dejado estrechísimos márgenes de operación para que el gobierno federal pueda avanzar, sobre todo, en un acercamiento social con la ciudadanía.
En una semana el presidente Peña Nieto cumplirá seis meses en el poder. Si bien ha tenido logros indudables, no podrá festejar por todo lo alto el sobrepasar la décima parte de su mandato, porque existe problemas acuciantes y comienza, también, una veda electoral previa a los comicios del siete de julio que ha dejado estrechísimos márgenes de operación para que el gobierno federal pueda avanzar, sobre todo, en un acercamiento social con la ciudadanía.
Ya habrá tiempo de valorar lo avanzado por la administración Peña en estos seis meses, por lo pronto no está demás reiterar sus desafíos: una economía que no crece (apenas 0.8 por ciento en el primer trimestre), con una caída en las exportaciones y un aumento del desempleo (5.04 por ciento de la población económicamente activa en abril pasado), en un contexto internacional adverso pero también como consecuencia de que, por razones que no se han explicado, el gobierno federal no ha “soltado” el gasto público en estos seis meses y por ende los motores internos han sido insuficientes para mantener, incluso, la curva de crecimiento que se tenía en el 2012. Hay reformas muy importantes para el futuro, pero la gente no está percibiendo en sus bolsillos ningún beneficio. Y eso no lo pueda permitir la todavía nueva administración (pasados seis meses de gobierno ya nada es nuevo).
Eso se combina con frenos a la política social derivada de los acuerdos políticos firmados en el adendum al Pacto por México que pueden ser muy entendibles en términos electorales pero que son a todas luces injustos con la gente, sobre todo con los que menos tienen. Para los dirigentes partidarios que no sufren, ninguno de ellos, carencia económica alguna, les puede parecer muy sensato que durante 45 días los más pobres no reciban apoyo social alguno para “no condicionar su voto”. Es una tontería política electoral que subestima a la gente, pero lo que sí es verdad es que para esas familias para las cuales una despensa o un apoyo económico es la diferencia entre comer o pasar hambre, estos 45 días serán muy difíciles: todos los partidos en el gobierno, federal o local, establecen sus políticas sociales, dan o dejan de hacerlo de acuerdo con sus principios y también conveniencias, pero debería haber un margen de sentido común que los partidos no deberían sobrepasar y es el de no lastimar a los más pobres con acuerdos cupulares que no toman en cuenta su situación.
Dejar de hacer publicidad de los programas sociales o políticos de las distintas administraciones 45 días antes de una elección me parece más que compartible; cortarle los apoyos sociales a la gente durante mes y medio porque hay elecciones me parece, en muchos casos producto de una absoluta falta de sensibilidad social, y en otros, para los más pobres, sencillamente criminal.
En buena medida esa decisión se tomó por el caso Veracruz y las acusaciones de la oposición respecto a la presunta utilización de recursos públicos en la campaña electoral. Como aquí dijimos, la acusación tenía un capítulo legítimo y otro dirigido contra figuras que por distintas razones le son incómodas a las oposiciones de derecha e izquierda, el gobernador Javier Duarte y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Ante la crisis, una vez divulgados los famosos videos, Robles actuó con mucha rapidez separando a siete funcionarios presuntamente involucrados. Duarte se tardó más y por ello pagó mayores costos, pero finalmente retiró a un secretario de Finanzas que había sido de todas sus confianza, Salvador Manzur, para allanar el camino, que finalmente se terminó de concertar con los partidos políticos en el Pacto por Veracruz que todos firmaron la semana pasada.
Se comprende la tensión porque en Veracruz se juegan variables estatales pero también mucho en el terreno federal (es el tercer padrón más numeroso y uno de los principales centros políticos y económicos del país), pero también porque el año pasado fue una de las elecciones más cerradas y porque también se dirimen, aunque sea indirectamente, viejos añejos enfrentamientos políticos y personales, como el de Fidel Herrera y Miguel Angel Yunes. Los partidos y el gobierno de Duarte lo que intentan hacer con el Pacto local es poner por encima de esa realidad el proceso electoral. Y en términos políticos, en una elección que será sin duda muy competida, a todos les debería convenir hacerlo. Por lo pronto ya firmaron ese acuerdo que tendría que descomprimir la situación.
Pero de todo eso los más pobres no son responsables, en ningún lugar del país. Los partidos no lo harán, pero en términos de justicia social y sobre todo de sentido común, tendrían que saber resolver sus conflictos electorales por la vía de la negociación sin castigar a la gente que se quedará durante mes y medio sin apoyo alguno, muchos de ellos simplemente pasando hambre mientras los partidos se reparten recursos públicos y votos.