El asesinato de Arturo Hernández dirigente del PRD y del Frente Unico Popular (que agrupa a las organizaciones más radicales en la entidad) en Iguala, Guerrero, recuerda otros como el del también dirigente perredista, Armando Chavarría, en 2009, en Chilpancingo, en la puerta de su casa, y el del diputado priista Moisés Villanueva de la Luz, en 2011, asesinado regresando de una fiesta en Tlapa, en La Montaña, muy cerca de donde fue asesinado ahora Hernández, junto con otros integrantes del FUP.
El asesinato de Arturo Hernández dirigente del PRD y del Frente Unico Popular (que agrupa a las organizaciones más radicales en la entidad) en Iguala, Guerrero, recuerda otros como el del también dirigente perredista, Armando Chavarría, en 2009, en Chilpancingo, en la puerta de su casa, y el del diputado priista Moisés Villanueva de la Luz, en 2011, asesinado regresando de una fiesta en Tlapa, en La Montaña, muy cerca de donde fue asesinado ahora Hernández, junto con otros integrantes del FUP.
Tanto de Chavarría como de Villanueva se dijo que los había asesinado el narcotráfico; otros dijeron que grupos guerrilleros; en el caso de Villanueva se acusó a su antecesor en el congreso, que había dejado el PRI para ir al gabinete estatal de Angel Heladio Aguirre. Luego se detuvo a dos sicarios, uno de ellos policía estatal, que por 300 mil pesos que supuestamente les había pagado el presidente municipal de Tlapa, Willy Reyes, para que mataran al diputado. Reyes nunca terminó de ser procesado por el caso. El asesinato de Chavarría también ha quedado impune. Y en el de Hernández, sus compañeros del FUP acusan del mismo al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, también del PRD.
Todo es posible. En Guerrero operan desde hace demasiados años y con demasiada impunidad grupos del narcotráfico, cada día más desarticulados pero también más violentos: el año pasado se estimaba que unos 17 grupos, con distintos tipos de enfrentamientos y alianzas entre sí, son los que conviven, es un decir, en el estado.
Pero esos grupos son parte también de viejos y nuevos cacicazgos territoriales y políticos, algunos que habían participado ya en el pasado en ese negocio o en muchos otros, personajes que se diputan por la vía de la violencia el poder político local. Un caso de muchos otros fue el de Rogaciano Alba, el cacique de Petatlán, el mismo lugar donde ahora florecen los grupos de autodefensa. Alba hizo lo que quiso en la Costa Grande. Fue presidente municipal y líder del PRI. Controló el tráfico de drogas y muchos otros negocios y mantuvo a pueblos enteros bajo sus órdenes. Pero en el 2008, dos de sus amigos rompieron una vieja relación, el Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva. Rogaciano apostó por El Chapo y los Beltrán, aliados con los Zetas lo quisieron matar tres veces: la primera vez le dispararon 50 balazos a su camioneta y salió ileso. La segunda vez, acribillaron a siete de sus hombres en Iguala, y él se salvó de milagro. Y la tercera, el 3 de mayo del 2008, mataron a diez personas afuera de su casa en Petatlán, incluidos dos de sus hijos, y se salvó porque no estaba en el rancho. Siguió una larga estela de muertes y ajustes de cuentas hasta su captura en 2010. Por cierto, quien también tiene origen en Petatlán es Servando Gómez Martínez, la Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Allí tomó contactos con guerrilleros y caciques, de ellos aprendió. Esa es también la principal zona de operación de lo que queda del ERPI.
Porque entre caciques y narcos de distinta especie, están los grupos armados, también de viejo y nuevo cuño, que no se sabe con claridad para quién terminan trabajando. A veces no lo saben ni ellos mismos, pero sirven para justificar, aunque no los hubieran cometido, muchos crímenes, como se intentó hacer con el del diputado Armando Chavarría, el de Villanueva y probablemente también ahora el de Hernández y sus compañeros, aunque su militancia se relacionaba con esos mismos grupos. Allí, en la Tierra Caliente o en La Montaña, en la Costa Grande o la Chica, así se construye la realidad.
ABC y Martí: la impunidad
Se cumplen cinco años del secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí y continúa un proceso insólito para tratar de esclarecer el hecho. Hay dos bandas detenidas, una acusada por la procuraduría del DF, la otra apresada por la Policía Federal, donde no se han encontrado nexos entre ellas y mientras las autoridades capitalinas siguen insistiendo en la responsabilidad de una amorfa banda de la Flor, las federales han mostrado todos los entresijos de la banda de los Petriciolet, casi todos ya detenidos, incluyendo el testimonio de los principales responsables del secuestro y muerte del joven. Las dos bandas no pueden ser responsables. Y el mantener abierto el proceso aleja cada día más la posibilidad de hacer realmente justicia. Establecer con verosimilitud todo lo ocurrido y la cadena de complicidades que llevaron a esa muerte irracional es hoy, pasado tanto tiempo, casi imposible.
Y también hoy se cumplen cuatro años del incendio de la Guardería ABC, con su secuela de 47 niños muertos y decenas con quemaduras y afecciones. Los familiares han vuelto a poner sobre la mesa un punto clave: ¿fue provocado el incendio en la bodega adjunta a la guardería para hacer desaparecer documentación comprometedora del gobierno estatal?. Esa es la pregunta que se debe responder.