Los presidentes nacionales del PRD y del PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero respectivamente, han puesto cinco condiciones para continuar en el Pacto por México. Cinco condiciones que, en realidad, son sólo una: que la reforma política se ponga a debate antes que las reformas energética y fiscal.
Los presidentes nacionales del PRD y del PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero respectivamente, han puesto cinco condiciones para continuar en el Pacto por México. Cinco condiciones que, en realidad, son sólo una: que la reforma política se ponga a debate antes que las reformas energética y fiscal.
Los cinco puntos propuestos no son demasiado novedosos: investigación de las presuntas irregularidades en los recientes procesos electorales (lo cual, en términos estrictos es una tarea de los tribunales electorales locales y en todo caso de la FEPADE, con base en las denuncias que realicen los propios partidos); sacar adelante las leyes secundarias en educación, telecomunicaciones y competencia económica (que es una tarea del congreso, o sea de los partidos, y de los integrantes del propio Pacto que se supone que están en eso desde por lo menos abril); la reforma electoral, sin duda importante pero que nadie sabe porqué tendría que ser tan urgente, y de la mano con ella la reforma política del Distrito Federal, que es otro tema de agenda que no tendría porqué ser de obvia urgencia; y al final las reformas energética y fiscal.
No se puede estar en contra de ninguno de los puntos planteados por los presidentes del PRD y del PAN, al contrario: todos son lógicos y tienen fundamentos. Lo que no tiene sentido es condicionar a la discusión de esos temas las dos principales reformas que están pendientes en el país desde hace por lo menos 18 años. Y están pendientes por falta de voluntad de los partidos que, en los tres sexenios transcurridos, han condicionado, como ahora, esas reformas a cambios electorales y políticos.
Así le ocurrió al presidente Zedillo al que, en plena crisis financiera, le cobraron el aumento del IVA con una notable reforma política, la aprobada en 1996, que iría de la mano con una reforma energética y fiscal que nunca se pudo sacar adelante. A Vicente Fox también se le prometió una reforma fiscal y energética y no pasó ninguna de ellas, incluso, pese a que existía un compromiso en firme, la fiscal propició el rompimiento interno en el PRI entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo (por cierto muchos de quienes operaron ese rechazo en el 2005 están hoy en el poder impulsando esas mismas reformas). Y algo similar le ocurrió a Felipe Calderón: la reforma del 2007, se aprobó con casi todos los puntos que planteaban el PRI y sobre todo el PRD, con el compromiso de que se discutieran la hacendaria y la energética. Se discutieron pero no se aprobó, en ninguna de las dos, nada realmente de fondo. Y así estamos ahora, 18 años después.
El problema no es la reforma política en sí misma, es que no se puede condicionar la discusión y aprobación de reformas estratégicas para el país a acuerdos entre partidos que son del interés de éstos, pero que no tienen repercusión directa en la calidad de vida de la gente. Por supuesto que es imprescindible que tengamos elecciones limpias, pero la verdad es que la guerra sucia que vivimos en los pasados procesos son responsabilidad directa de los partidos y los candidatos, estén o no en el gobierno, más que de las leyes. Estas pueden perfeccionarse pero colocar cada día mayores controles en las elecciones no solucionará los problemas, en algunos casos los agrava, si no hay voluntad política para realizar las campañas de otra forma (está muy bien denunciar los abusos o errores que haya cometido un aspirante a un puesto de elección popular, pero ¿qué sucede cuando se lo difama?: nada y esa es un arma cada día más usada por todos los partidos). O si no se termina con la costumbre de proclamar triunfos que no se tienen y desconocer los resultados cuando no lo favorecen al partido en cuestión. Ahí está el corazón del verdadero problema.
Hay puntos adicionales que podrían hacer aún más prolongado el debate: ¿qué reforma se discutirá?¿la propuesta por Manlio Fabio Beltrones desde el sexenio pasado?¿la impulsada por el Pacto por México?¿la que dieron a conocer Ernesto Cordero y Miguel Barbosa en el Senado, para contraponerla (o complementar) la del Pacto. Está muy bien que haya muchas propuestas, pero ¿realmente se puede sacar esa reforma en un periodo extraordinario en las próximas semanas?
Todo eso, sin duda, es solucionable, aunque en muchas ocasiones sea parte, sencillamente, de la idiosincracia de los partidos en la búsqueda de espacios de poder. Pero tener como rehén las reformas que la gente y el país realmente necesitan para mejorar su calidad de vida, no puede ser una salida lógica en un sistema político que se supone vela por los intereses nacionales y populares.