Siempre la negociación de los paquetes legislativos termina siendo una suerte de quid pro quo: hay que saber que se recibe para saber qué se da. Que existan leyes que tengan un amplio espectro de acuerdo tras muchos años de debate no minimiza ese principio. Siempre habrá alguien más interesada en sacarla adelante que otros. Y el haber estado alternativamente en el gobierno y en la oposición no modifica ni un ápice esa forma de actuar de los partidos en el congreso. Lo que cambian, en todo caso son sus prioridades.
Siempre la negociación de los paquetes legislativos termina siendo una suerte de quid pro quo: hay que saber que se recibe para saber qué se da. Que existan leyes que tengan un amplio espectro de acuerdo tras muchos años de debate no minimiza ese principio. Siempre habrá alguien más interesada en sacarla adelante que otros. Y el haber estado alternativamente en el gobierno y en la oposición no modifica ni un ápice esa forma de actuar de los partidos en el congreso. Lo que cambian, en todo caso son sus prioridades.
Mañana, según anunció, el presidente Peña Nieto tomará una de las acciones más importantes de su sexenio: presentará la iniciativa de reforma energética que marcará la capacidad del gobierno federal de sacar adelante sus verdaderos proyectos estratégicos y sus acuerdos con otras fuerzas. En esto, como en todo, la administración Peña tendrá que decidir qué marcos de alianzas desea implementar. Y hasta dónde está dispuesta a conceder en ese proceso, asumiendo que en política no suelen existir unanimidades.
El PAN presentó su propuesta de reforma energética en un contexto en el cual pareció existir consenso de sus distintas corrientes, demandando, además, una reforma política que sea previa a la energética o por lo menos simultánea. El propio presidente Peña ha dicho que su iniciativa sería similar a la del PAN pero con algunos ajustes. Hay quienes dice que podría acercarse a la de Cauhtémoc Cárdenas (oficializada por el PRD) que contempla cambios de fondo pero no reformas a la Constitución, al contrario de lo planteado por el PAN: quizás el gobierno federal busque, en este contexto una propuesta energética que le permita llegar con sus dos aliados del Pacto a la aprobación de la ley y, más tarde, a la reforma hacendaria y fiscal.
El problema es todo lo que gira alrededor de estas propuestas centrales. En la iniciativa de reforma polítíca del PAN hay mucho artículos que serán compartibles por el PRD e incluso por el PRI, pero otros, como la institucionalización de las segundas vueltas sería visto como una decisión en directo detrimento de las posibilidades del PRI. Y si como ya hemos dicho en muchas oportunidades aquí, impulsar al reforma política al mismo tiempo o con antelación a la energética, puede hacer abortar los acuerdos para esta última, mucho más trascendentes que los primeros. Así le ha sucedido a todos los presidentes desde Ernesto Zedillo hasta nuestros días.
Pero si esa propuesta teniendo lógica es un error, la iniciativa de un grupo de políticos y profesionales de élite, de legalizar la marihuana en la capital del país al mismo tiempo que se analiza la reforma energética es, lisa y llanamente, un despropósito. Primero porque el tema da planas en los medios y minutos en la televisión pero no está en absoluto entre los temas prioritarios de los capitalinos. Segundo, porque no hay indicio alguno de que la legalización de la marihuana reducirá la violencia, aunque sus impulsores lo repitan una y otra vez. Mucho menos que desarticulará las redes de poder del narcotráfico. Los ejemplos internacionales que se toman, terminan siendo ridículos: sí se legalizó la droga en Uruguay, el problema es que ese país tiene una extensión territorial un poco mayor que la mancha urbana de la ciudad de México, donde viven poco más de 2 millones de personas (la décima parte de la ciudad de México) que conservan el mejor sistema educativo y de salud del continente. Se habla de los estados de Washington o Colorado, y se olvida que ambos tienen el mejor nivel de vida de la Unión Americana y nunca han tenido problemas reales de seguridad. Es políticamente correcto y atractivo pedir la legalización de la marihuana, cuando eso lo hacen un ex rector, un ex canciller, un ex presidente, entre otros que se mueven en un ambiente de absoluta comodidad. Tendrían que preguntarse porque no sólo no lo piden nuestros especialistas en salud pública y muchos menos la madre de alguna colonia perdida de Iztapalapa que no sabe qué hacer con su hijo adicto y para el cual la opción de seguir consumiendo, sea legal o no la droga, está determinada por la posibilidad de hacerse de algún dinero, por la buena o por la mala.
Esas madres, se lo puedo asegurar porque he platicado con ellas, lo que quieren es una buena escuela, un buen servicio de salud, empleos para ellas y para sus hijos. Si una vez teniendo todo eso se legaliza o no la marihuana, la verdad es que no importa. Pero contaminar con estos debates el que nos podría permitir obtener los recursos para sacar adelante todos esos objetivos, es lo que minimiza, achica, hace perder de vista las prioridades del país y de la gente.