El miércoles comienza el nuevo periodo extraordinario del Congreso, que tendrá como punto protagónico las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa, mismas que darán, por una parte, un perfil mucho más definido al cambio en el sector y, también, reglas claras en el terreno de la evaluación de los docentes. La oposición en la calle de la Coordinadora no es más que la preparación de esos grupos para las movilizaciones que plantean en torno a la reforma energética que comenzará a discutirse el primero de septiembre próximo.
El miércoles comienza el nuevo periodo extraordinario del Congreso, que tendrá como punto protagónico las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa, mismas que darán, por una parte, un perfil mucho más definido al cambio en el sector y, también, reglas claras en el terreno de la evaluación de los docentes. La oposición en la calle de la Coordinadora no es más que la preparación de esos grupos para las movilizaciones que plantean en torno a la reforma energética que comenzará a discutirse el primero de septiembre próximo.
Pero al mismo tiempo, en siete diferentes mesas del Pacto por México se está analizando la reforma política. Llamó profundamente la atención que el senador perredista Miguel Barbosa, que presentó una propuesta de reforma política junto con Ernesto Cordero hace ya algunos meses, declarara que sería mezquino, como propone el PAN, exigir que hubiera reforma política previo a la energética: atar una reforma a la otra. No porque esté equivocado, sino porque hasta ahora esa es la posición que asumió con mucha más fuerza el PAN pero que había tenido también el PRD. El cambio de actitud, muy probablemente, tiene otro origen: el perredismo ya ha decidido ir en contra de la reforma energética y el que no quiere atarse a ese compromiso es el propio PRD.
Por lo tanto, el balón está en el campo del PAN, tanto en la reforma política como en la energética. Y habrá que ver, entonces, hasta dónde está dispuesto a negociar. Se dice en los medios políticos que pasado este periodo extraordinario que comienza el 21, si hay acuerdos, el miércoles 28 podría iniciar otro extraordinario que sacara adelante la reforma política, por lo menos una parte sustantiva de la misma. Puede ser y sería una muy buena señal de cara a todo lo que viene.
El punto es qué reforma política. Hay, en todo lo que se ha presentado hasta ahora, tres puntos muy difíciles de aceptar por el PRI y el gobierno. Uno es la creación de Instituto Nacional de Elecciones, otro la segunda vuelta electoral y el tercero es la reelección de legisladores y presidentes municipales. Hay razones válidas y otras absolutamente políticas por las cuales el PRI tiene resistencia en esos tres temas. No sé si es una buena idea contar con un Instituto Nacional Electoral que se haga cargo de todas las elecciones del país: sería un organismo enorme y con un tremendo margen de poder. Tendría en su favor, evidentemente, que todos los procesos estarían normados por el mismo instituto y las mismas leyes, pero se envolvería al mismo en miles de elecciones locales que podrían desvirtuar su accionar. Una vía intermedia podría ser homologar leyes, procedimientos, forma de elección de consejeros electorales en los estados y avanzar en un proceso hacía una coordinación federal mucho más eficiente que la actual y que le otorgue menor margen de discrecionalidad a los gobiernos locales.
La reelección es un tabú en el priismo, pero un tabú que debería ser superado. No hay razones de peso que justifiquen la no reelección (aunque sea acotada, por uno o dos periodos) de legisladores y presidentes municipales. Es verdad que ello podría limitar, también, el poder de los gobernadores, pero eso no le haría mal a los estados y permitiría mayores y mejores equilibrios de poder. Si hay sensatez es un punto que tendría que transitar sin problemas.
La segunda vuelta es el más complejo. El PRI no quiere la segunda vuelta porque, basados en los experimentos que han hecho el PAN y el PRD en muchas elecciones locales, creen que la segunda vuelta sería un mecanismo creado exclusivamente para quitarlos del poder. El hecho es que el país, lo demuestran prácticamente todas las elecciones, está dividido en un bloque priista que tiene el mismo porcentaje electoral, o un poco menos, que sus opositores. La segunda vuelta, por otra parte, tiene la ventaja de darle un poco, tampoco demasiado, de mayor legitimidad al vencedor. Llevar la segunda vuelta a todos los puestos de elección popular sería inviable en términos políticos, pero quizás, el tema se podría hacer más transitable si se reduce el porcentaje para ir a un segunda vuelta si el ganador no obtiene, por lo menos en la presidencial, el 40 o 45 por ciento de los votos, como ocurre en algunos países, en lugar de exigir el 50 por ciento. Será, con todo, el punto menos negociable de la reforma política.
No creo que sea necesario atar la reforma política a la energética: ambas deben tener su tiempo, su aliento y su proceso de negociación. Pero ya que el gobierno y los partidos han comenzado ese camino, lo deseable sería que la política estuviera resuelta, aunque sea en parte, antes del periodo ordinario del primero de septiembre para abrirle camino a la energética y, posteriormente a la reforma fiscal.