Opacada por las demandas en contra de la reforma educativa, la energética y la fiscal, se suele olvidar que en la agenda de los miembros de la Coordinadora y la sección 22, subiste otra demanda que han enarbolado desde el 6 de agosto pasado, cuando comenzaron a tomar el Zócalo: la liberación de quienes consideran presos políticos y que son, en realidad, unos vulgares secuestradores de niños.
Opacada por las demandas en contra de la reforma educativa, la energética y la fiscal, se suele olvidar que en la agenda de los miembros de la Coordinadora y la sección 22, subiste otra demanda que han enarbolado desde el 6 de agosto pasado, cuando comenzaron a tomar el Zócalo: la liberación de quienes consideran presos políticos y que son, en realidad, unos vulgares secuestradores de niños.
El 13 de enero pasado fueron secuestrados en Oaxaca, los niños Juan José y Alexa Alvarez Benfield, cuando se dirigían al colegio donde estudiaban la primaria. En su declaración ministerial los dos niños aseguran que al momento de su intercepción, los secuestradores realizaron disparos a su vehículo, logrando volcarlo. Los secuestradores le dispararon al chofer en el rostro, y sacaron a los menores de manera violenta, no se llevaron a otra hermana, Davia Álvarez Benfield porque al verla cubierta de sangre pensaron que estaba muerta. Al niño Juan José le propinaron algunos golpes y un culatazo en la cabeza, para sacarlo del vehículo. Los subieron a una camioneta y fueron trasladados a la casa de seguridad, en donde al llegar uno de sus secuestradores les dijo “a ver chamacos, están secuestrados y así van a ser las cosas: cuando quieran algo muevan los pies, está prohibido hablar, les vamos a poner vendas en los ojos y los vamos a amarrar de las manos y de los pies. Quiero decirles que esto no es personal, aquí alguien por envidia o no sé si es porque odien a tu papá, mandó a hacer este trabajo, entendieron”, golpeando a los niños mientras los interrogaban. Durante su cautiverio los menores fueron encerrados en una cisterna de dos metros de largo por dos metros de ancho, con un metro y medio de alto, donde, en todo momento, eran mantenidos sentados en el suelo con los ojos vendados, amarrados de pies y manos y encadenados, vigilados por un cuidador. Los cuidadores se alternaban cada dos horas. Los niños, para sus necesidades fisiológicas sólo tenían una cubeta cubierta con una bolsa de plástico negro, eran “aseados” cada cinco días a jicarazos, su comida consistía en guisados y té, y uno de los cuidadores se refería en sus pláticas constantemente a cuestiones sexuales, con el riesgo de algún tipo de agresión a la niña.
Vía intervenciones telefónicas, los secuestradores fueron detenidos el 17 de mayo pasado en Oaxaca. Ellos mismos llevaron a las fuerzas de seguridad al lugar donde estaban secuestrados Juan José y Alexa, donde fueron detenidos sus custodios.
La mayoría de los secuestradores fueron reconocidos por las víctimas, por la persona que hacía de negociador y por las pruebas documentales levantadas por la PGR. Hoy hay trece personas detenidas por pertenecer a esta red. Están formalmente presos desde el 28 de mayo, y desde el 6 de agosto, la Coordinadora y la sección 22 están reclamando la libertad de estos “presos políticos”.
¿Por qué? Porque cinco de los detenidos son de la sección 22 y de la CNTE y tres son miembros del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), que a su vez es parte de la APPO. Están relacionados, incluso familiarmente, con Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, asesinado el 24 de diciembre del 2011, quien había estado preso por el secuestro del niño Oscar Abraham Rodríguez (realizado con la misma metodología que el de los niños Alvarez Benfield). Rafael Vicente era maestro, fue líder de la sección 22, líder del FACMEO y estaba casado con Gloria Manzano Sosa. Uno de los detenidos en el caso de los niños Alvarez es Luis Gutiérrez Saldívar, pero en la investigación se descubrió que su verdadera identidad es Leonel Manzano Sosa, el hermano de Gloria. Como parte de las investigaciones también se demostró que la voz del negociador David Vargas Araujo coincidía con la que se tenía grabada en el caso de Calixto Saúl Bravo Martínez, quien había sido secuestrado en septiembre del 2012. Vargas Araujo en su declaración aceptó ser asesor de la diputada Rosario Merlín; reconoce haber organizado el secuestro de los niños junto con Luis Gutiérrez Saldivar (en realidad Leonel Manzano Sosa), Mario Olivera Osorio (funcionario por la sección 22 del Instituto de Educación Pública de Oaxaca) y Sara Altamirano Ramos (candidata a presidenta municipal y dirigente de la sección 22), identifica a los demás miembros de la banda y dice también que por lo menos dos de los detenidos participaron en otro secuestro en Otumba, en el estado de México.
La banda está relacionada con por lo menos cuatro secuestros y sus líderes son partes del FACMEO, de la sección 22 y varios de ellos tienen relación con el EPR, aunque podrían haberse convertido en miembros de una fracción de ese grupo armado, denominada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), según comunicados de estas mismas organizaciones. Estos son los maestros secuestradores cuya libertad exigen la Coordinadora y la sección 22.