El desalojo del Zócalo fue, en términos policiales, una operación impecable. Por si hiciera falta, se volvió a demostrar que la fuerza del Estado puede aplicarse en forma estricta, incluso ante los más violentos y agresivos, sin tener que caer ni en un baño de sangre ni en la permisividad absoluta. El viernes simplemente la liga de la Coordinadora se había estirado tanto que no tenía más opción que romperse. Y el desalojo del Zócalo fue la mejor expresión del hartazgo de la sociedad y de las propias autoridades.
El desalojo del Zócalo fue, en términos policiales, una operación impecable. Por si hiciera falta, se volvió a demostrar que la fuerza del Estado puede aplicarse en forma estricta, incluso ante los más violentos y agresivos, sin tener que caer ni en un baño de sangre ni en la permisividad absoluta. El viernes simplemente la liga de la Coordinadora se había estirado tanto que no tenía más opción que romperse. Y el desalojo del Zócalo fue la mejor expresión del hartazgo de la sociedad y de las propias autoridades.
Días atrás decíamos que la Coordinadora se había autoderrotado. Que había llevado a su movimiento a un camino sin salida marcado por su propia radicalización. Cuando el discurso no admite más que la aceptación de todas las demandas no hay negociación posible. Cuando los grupos más radicales apuestan sus propias cartas que poco o nada tienen que ver con el movimiento magisterial, tampoco. Y la Coordinadora se quedó sola, dividida y sin apoyos. Ninguno de los partidos ha respaldado los últimos actos de la CNTE. El PRD que utilizó todos los espacios posibles para buscarles una salida, se encontró con que los maestros no querían ninguna y que no tenían dificultad alguna en calificar a los dirigentes perredistas como traidores. El propio López Obrador no comprometió nada de su peso político en un verdadero apoyo a la CNTE, observando quizás que ese movimiento tampoco está dispuesto a apoyarlo. Quienes tendrían que ser vistos como cercanos o tolerantes con el movimiento, como los gobiernos del Distrito Federal o de Oaxaca, simplemente asumieron un costo político alto y terminaron dejando de lado cualquier consideración más allá de preservar la propia gobernabilidad de sus entidades.
Dice la CNTE que mantendrá sus movilizaciones y que regresará al Zócalo la próxima semana. Pero ahora todo será diferente. Han perdido peso político y legitimidad. La impunidad de la que gozaron no regresará. Y eso hace toda la diferencia. Más allá de eso, lo que viene ahora, también, es fincar responsabilidades. Los daños han sido cuantiosos: sólo en el ámbito comercial, los negocios del DF ubicados en el Centro Histórico han perdido, según cifras oficiales, más de 400 millones de pesos. Los costos que han acarreado los bloqueos, manifestaciones y cierres de vialidades son incuantificables. Los daños provocados en edificios, comenzando por el senado y la cámara de diputados, han sido enormes. Hay alumnos en Oaxaca y en otros estados que llevan un mes sin clases, y en los lugares controlados por la Coordinadora, sobre todo los de la sección 22, la lógica de la movilización ha sido tan irracional que de los tres últimos años, los niños han perdido un año lectivo por paros, huelgas, reuniones sindicales. Al mismo tiempo se estima que al movimiento magisterial en el DF, los bloqueos y plantones le han costado 11 millones de pesos diarios. Cualquier autoridad debería preguntarse de dónde se puede financiar un movimiento tan costoso durante prácticamente dos meses, porque hay que recordar que los maestros comenzaron a instalarse en el Zócalo desde el 9 de mayo, exigiendo, también hay que recordarlo, la liberación de los secuestradores de los niños Alvarez Benfield (todavía en el último intento de negociación en la secretaría de Gobernación, los dirigentes de la sección 22 pusieron en la mesa, como demanda, la liberación de estos secuestradores ¿cuál es el compromiso, cuál la complicidad para que a pesar de todas las pruebas y testimonios se insista una y otra vez en liberar a personajes indefendibles?)
Cuando hablamos de responsabilidades hay que destacar que si los maestros no regresan a clases el miércoles perderán su plaza. La mayoría de los maestros oaxaqueños, amenazados por esa disposición legal, han regresado al estado. El gobernador Gabino Cué ha insistido en que no pagará salarios caídos hasta que se regrese a clases y se reprograme el periodo de clases hasta cubrir el mes perdido. Es verdad que la sección 22 tiene suficientes comisionados (como la sección 18 y la 9) como para mantener su movilización y plantones. Pero el impacto es otro. Y en cuanto se pueda regularizar el control y centralización de los pagos se podrá dilucidar no sólo cuántos maestros comisionados, fuera de las aulas, hay sino también qué se hace con la negociación de las plazas magisteriales que es uno de los grandes negocios de estos grupos.
La Coordinadora seguirá, sin duda, existiendo y jugando sus propias cartas, pero ya nada será igual. Hicieron su apuesta más alta y perdieron. Ahora su futuro dependerá de cómo asuman esa derrota y de saber hasta qué punto el gobierno y los partidos quieren dejarle espacios para sobrevivir.