Sin duda, todo este mes ha sido el más difícil y complejo que ha vivido el presidente Peña Nieto. El conflicto magisterial, los huracanes, las inundaciones y el daño indeleble del agua en casi todo el país lo han colocado ante un mes de septiembre que, sin duda pensó, imaginó, diferente: un país inmerso en el debate de las dos grandes reformas que han sido el centro de su propia atención, la fiscal y la energética, disfrutando su primer Grito de Independencia, dedicado más a la política legislativa que a la emergencia o a movimientos que rayan con la ilegalidad. Un mes de septiembre que tendría que haber sido de consolidación de su poder, no de exhibición de carencias, de intolerancias y de la debilidad estructural que tiene nuestro país para afrontar muchos desafíos, desde los generados por la violencia hasta los causados por inéditos desastres naturales.
Sin duda, todo este mes ha sido el más difícil y complejo que ha vivido el presidente Peña Nieto. El conflicto magisterial, los huracanes, las inundaciones y el daño indeleble del agua en casi todo el país lo han colocado ante un mes de septiembre que, sin duda pensó, imaginó, diferente: un país inmerso en el debate de las dos grandes reformas que han sido el centro de su propia atención, la fiscal y la energética, disfrutando su primer Grito de Independencia, dedicado más a la política legislativa que a la emergencia o a movimientos que rayan con la ilegalidad. Un mes de septiembre que tendría que haber sido de consolidación de su poder, no de exhibición de carencias, de intolerancias y de la debilidad estructural que tiene nuestro país para afrontar muchos desafíos, desde los generados por la violencia hasta los causados por inéditos desastres naturales.
Paradójicamente es un momento en el que el presidente Peña Nieto, si mantiene la comunicación suficiente con la gente y con distintos sectores, si ve la tragedia y los desafíos con una mirada de más largo aliento, puede convertir oportunidad, viendo qué ha hecho bien o mal su gobierno hasta ahora; que políticas públicas sirven, cuáles no y que otras no se han aplicado o no se lo ha hecho a tiempo; oportunidad de calificar a sus colaboradores, desde los más encumbrados hasta los que la opinión pública no tiene idea de quiénes son o qué hacen; de conocer a los gobernadores en el terreno, no en actos públicos: de saber cuál trabaja y conoce, cuál no tiene contacto con su gente, cuál está al servicio de intereses demasiado particulares. Y de scannear también lo que sucedió en el pasado: cuáles de los daños son causa de los imponderables del clima y cuáles son consecuencia de la falta de planeación, de la improvisación o de la corrupción.
En ese sentido, me imagino que pasada la tragedia, pasado el alud legislativo que se viene para las próximas semanas, evaluado lo realizado en plena emergencia, el presidente Peña tendrá que hacer ajustes, de políticas y de personal, y tendrá que propiciar esos cambios también en ciertos ámbitos locales. Cambios de políticas comenzando por algo muy obvio: buena parte del presupuesto para infraestructura y obras que se tenía destinado para nuevos proyectos para el año próximo, se tendrá que utilizar para la reconstrucción. En los hechos prácticamente ningún estado (creo que con la excepción de Baja California) ha terminado esta semana exento de daños materiales, algunos relativamente leves, otros, como Guerrero, parte de Tamaulipas, de Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa con daños gravísimos en su infraestructura y su economía. Según el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, sólo para reconstrucción de infraestructura su estado necesitará unos 6 mil 500 millones de pesos. Lo cierto es que la cifra terminará siendo, en el global, muy superior, sobre todo si, como debería ser, el gobierno federal de la mano con los estatales reconstruye sin seguir los pasos de muchos de sus antecesores.
En el propio Acapulco, hoy asolado por la destrucción, después del Paulina, en 1997, se invirtieron más de dos mil millones de pesos: fueron insuficientes, pero sobre todo lo fueron porque no se realizaron las obras que se debería, no se modificó la planeación urbana, no se respetaron siquiera los usos de suelo y hoy buena parte de los daños se centran en las zonas de humedales o lagunas donde se permitió la construcción masiva de viviendas de interés social, o donde se asienta un aeropuerto que se inunda ante cada contingencia climatológica.
Un ejemplo de lo que se debe hacer ante estas contingencias lo tuvimos en Nuevo León. Más allá de la terrible destrucción que causó el Gilberto en 88, el huracán Alex causó daños gravísimo sobre todo en Monterrey, en el 2011. Daños que podrían haber sido más graves si no se hubieran construido algunas presas y otras obras en el pasado. Pero luego de Alex la labor de reconstrucción y prevención para afrontar este tipo de fenómenos, que Nuevo León tiene que soportar con mucha regularidad, han sido muy afortunadas, tanto que los daños provocados por Ingrid han sido en realidad menores y localizados. Es un mérito de la administración de Rodrigo Medina, pero también de todo un sistema que tuvo consulta popular, intervención pública (estatal y municipal) y privada combinada con una estricta supervisión externa sobre la utilización de los recursos. Sin duda en Nuevo León podrán ocurrir tragedias naturales en el futuro, pero, por lo que sabemos hasta ahora, no será por falta de previsión o por la simple y llana corrupción que está detrás de muchas de las tragedias que vivimos cotidianamente en nuestro país.