Debemos insistir en un punto: los sistemas políticos fuertes son los que tienen leyes laxas que se aplican de manera estricta; los sistemas débiles son los que tienen leyes estrictas que se aplican de manera laxa. Nuestro sistema político es débil porque tenemos leyes, reglas, regulaciones, disposiciones constitucionales que aparecen en el papel y en la realidad nunca se aplican o eso se hace selectivamente, cuando las condiciones o las ganas lo permiten.
Debemos insistir en un punto: los sistemas políticos fuertes son los que tienen leyes laxas que se aplican de manera estricta; los sistemas débiles son los que tienen leyes estrictas que se aplican de manera laxa. Nuestro sistema político es débil porque tenemos leyes, reglas, regulaciones, disposiciones constitucionales que aparecen en el papel y en la realidad nunca se aplican o eso se hace selectivamente, cuando las condiciones o las ganas lo permiten.
Los ejemplos son innumerables. Los detenidos acusados por motín, agresiones a la autoridad, portación de armas, en el desalojo del Zócalo el 13 de septiembre fueron dejados en libertad en unas horas pagando una módica fianza de mil pesos; se llega al extremo de colocar en la mesa de negociaciones la liberación de secuestradores de niños, confesos de sus delitos e identificados por sus víctimas, porque son miembros de un grupo político o sindical. La lista podría continuar mucho más allá de este espacio.
Ahora se cumplen diez días de que fueron promulgadas las leyes del servicio profesional docente. Entre sus muchas disposiciones se establece que si un maestro tiene tres o más días de faltas injustificadas, pierde su plaza. En los hechos, quienes no hayan impartido clases desde el miércoles pasado sin justificación deberían haber perdido su plaza magisterial. En Oaxaca, pero también parcialmente en otros estados como Chiapas, Michoacán y Guerrero, hay cientos de miles de niños que no tienen clases desde hace más de un mes, y no pasa absolutamente nada. Ninguno de esos “maestros” que no enseñan, no trabajan, no educan, ha perdido su trabajo. ¿Entonces para qué tanto esfuerzo político en sacar adelante leyes que no se van a hacer cumplir?¿o la aplicación de la ley queda a la libre interpretación de los estados y los funcionarios?.
Otro tema. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong fue muy enfático al decir que se alertó a los gobernadores implicados de la llegada de las tormentas Manuel e Ingrid para que tomaran previsiones. Lo cierto es que tanto la Comisión Nacional del Agua como el Centro de Nacional de Huracanes de Miami informaron desde el 13 de septiembre en la mañana lo que ocurriría. Ese mismo día 13 en la noche el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre festejaba con ilustres predecesores como Rubén Figueroa en una ciudad de Chilpancingo que ya estaba inundada. En la Autopista del Sol comenzaban los deslaves que horas después ocasionaron un accidente en el que murieron seis integrantes de una familia. Probablemente, como dice Osorio Chong, Protección Civil informó a los gobernadores, pero nada más, porque no controló que sus advertencias se convirtieran en precauciones y preparación. En Veracruz y Tamaulipas, se echó a andar toda la operación que se da en estos casos: advertencias, albergues, depósitos de alimentos y agua. En Guerrero en general y en Acapulco en particular, no ocurrió nada de eso. No hubo un solo aviso, una advertencia, no se le pidió a los turistas que no llegaran al puerto o desalojaran las zonas más peligrosas ni tampoco a los habitantes que tomaran providencias especiales. El gobernador se quedó en Chilpancingo e incluso, ya en plena tragedia, el lunes 16 difundió un comunicado informando que no podía llegar a Acapulco por la situación climatológica. Horas después sin embargo llegó, cuando el presidente Peña lo subió a su avión para que fuera al puerto. En las labores de rescate, además de la labor cotidiana de la marina, el ejército, la policía federal y de funcionarios como Rosario Robles, el gobierno estatal no se ha visto, por lo menos no en los cruciales primeros días. Como si eso no fuera suficiente el director del Fonden decidió irse a la fiesta a Las Vegas, en lugar de estar atento a lo que sucedía ante la amenaza de dos huracanes convergentes.
¿Nadie es responsable? Los protocolos y ordenamientos de Protección Civil no son nuevos y han sido muy eficientemente aplicados en muchas ocasiones, en ésta no fue así: si fueron responsables los funcionarios federales o los locales, sea un gobernador o un presidente municipal eso debe quedar claro. Si un funcionario o varios estaban de fiesta mientras parte del país sufría un desastre anunciado deberían, por lo menos, dejar sus cargos. En esta lógica se llega a barbaridades tan notables como las declaraciones de López Obrador que para absolver de responsabilidades al gobernador de Guerrero, amigo de López y militante del PRD, termina diciendo que la culpa de que no se hayan tomado previsiones en Acapulco y Guerrero es “de Peña y las televisoras” que ellos fueron los que tuvieron que actuar. Si es así para qué diablos se necesita un gobernador o un presidente municipal ¿para que festejen mientras la ciudad se inunda?. Las leyes se deben cumplir: ¿de qué sirve que tengamos leyes tan estrictas y en ocasiones modernas si quienes deben aplicarlas simplemente las ignoran?