El deterioro interno y moral, la verdadera derrota de la Coordinadora, se puso de manifiesto el fin de semana: en la pugna interna por tratar de definir si se regresaban o no a Oaxaca, en el contexto de una cerrada votación en la Asamblea del grupo, en medio de acusaciones y golpes, dos militantes de la sección 22 de corrientes enfrentadas, terminaron uno acuchillado, el otro con fuertes contusiones cerebrales, los dos internados con un estado de salud delicada y un fractura interna imposible de ocultar.
El deterioro interno y moral, la verdadera derrota de la Coordinadora, se puso de manifiesto el fin de semana: en la pugna interna por tratar de definir si se regresaban o no a Oaxaca, en el contexto de una cerrada votación en la Asamblea del grupo, en medio de acusaciones y golpes, dos militantes de la sección 22 de corrientes enfrentadas, terminaron uno acuchillado, el otro con fuertes contusiones cerebrales, los dos internados con un estado de salud delicada y un fractura interna imposible de ocultar.
El conflicto es fácil de explicar: una de esas corrientes (en realidad son muchas las que participan en la Coordinadora y en la propia sección 22, que confluyen en dos grandes grupos) sabe que su proceso ya se agotó, que necesita regresar a Oaxaca para recuperar fuerzas y tratar de evitar que allí no se aplique la reforma educativa, mientras que la otra simplemente mantiene una agenda ideológica ligada directamente a grupos armados que quieren mantenerse en el plantón en la ciudad de México con distintos objetivos, el principal de ellos lograr la liberación de varios de sus dirigentes, uno de ellos su verdadero líder, detenidos por el secuestro de los niños Alvarez Benfield en Oaxaca. Son los mismos que ya han comenzado una serie de movilizaciones en ese estado para consolidar sus posiciones internas.
Por lo pronto, la decisión en las asambleas del fin de semana que terminaron con los manifestantes heridos, es que el grupo comenzará a retirarse de México durante la semana, para comenzar clases el próximo lunes, mientras se queda un grupo de unos 400 manifestantes de plantón en el Monumento a la Revolución, haciendo de vez en cuando bloqueos y manifestaciones, con la agenda de la liberación de los secuestradores.
La pregunta es qué se negoció con estos grupos. Queda claro que, en el corto plazo por lo menos, la liberación de los secuestradores no es un tema negociable. En la PGR se asegura que no hay posibilidad alguna de hacerlo: están procesados y los testimonios y pruebas en su contra son apabullantes. Pero está pendiente el tema de los bonos: el de regreso a clases que tendrían que haber recibido los maestros de la 22 en agosto, antes de iniciar clases, y el adicional de 115 millones que reclaman, sin justificarlo, además de los dos meses de salarios caídos. La apuesta de estos grupos es acordar con el gobierno local que se amplíe una hora las clases para supuestamente recuperar el terreno perdido y así llegar a un acuerdo para recibir esos pagos. Siempre ha sido esa la ruta de la sección 22 y, casi siempre han tenido éxito es su objetivo: eso es lo que explica el poder y la sensación de impunidad de la gozan. Así han acumulado espacios a los largo de tres décadas.
En esta ocasión, su accionar se supone que tendría que tener, por lo menos, un costo económico, más allá del político, que en buena medida han pagado el gobierno federal, el del DF y el de Oaxaca. El costo social es irrecuperable: los niños en Oaxaca pierden, en promedio, un año de clases de cada tres por la acción de la sección 22. Ese rezago no puede compensarse, y es parte del rezago general en que vive el estado. Y esa lógica se repite en Michoacán, en Guerrero y en Chiapas, los estados con mayor presencia de la Coordinadora.
Ese es precisamente el desafío que viene. Sería absurdo que la ley educativa, luego de tantos conflictos, no se aplique. Los grupos hegemónicos de la Coordinadora están convencidos de que la misma, en sus estados terminará siendo letra muerta: sería un golpe terrible para la credibilidad y para la propia reforma de la educación. Es la Coordinadora, muchas veces lo hemos dicho en este y otros espacios, el grupo que mayor resistencia opone a la reforma. Y si termina de alguna forma imponiendo su agenda, por lo menos en los estados que controla, la tentación para que el resto del magisterio asuma posiciones similares sería insuperable.
Pero hay más, ya hemos dicho que en la lógica en que operan estos grupos, la agenda no pasa por la educación sino, por una parte, por la preservación de privilegios y, por la otra, en evitar cualquier oferta reformista. Son conservadores y restauradores. Y ese es su objetivo último y en ello convergen con otras organizaciones políticas, en un espectro tan amplio que va desde algunos sectores priistas hasta Morena, de organizaciones armadas a sindicatos radicales. Y ese es su verdadero desafío político.