¿Ha sido el conflicto magisterial que hemos vivido durante los dos últimos meses sólo una fase de preparación para la verdadera madre de todas las batallas legislativas, la que se comienza a encarar esta semana, para realizar los cambios constitucionales necesarios para tener una verdadera reforma energética?. Muy probablemente sí. Es verdad que las corrientes de la Coordinadora tienen sus propias agendas, incluso con objetivos muy locales en unos casos y con estrategias de muy largo alcance en otros, pero la verdadera batalla política que viene es la de la reforma energética.
¿Ha sido el conflicto magisterial que hemos vivido durante los dos últimos meses sólo una fase de preparación para la verdadera madre de todas las batallas legislativas, la que se comienza a encarar esta semana, para realizar los cambios constitucionales necesarios para tener una verdadera reforma energética?. Muy probablemente sí. Es verdad que las corrientes de la Coordinadora tienen sus propias agendas, incluso con objetivos muy locales en unos casos y con estrategias de muy largo alcance en otros, pero la verdadera batalla política que viene es la de la reforma energética.
En realidad, entre los partidos hay diferencias en el tema energético pero las mismas no serían tan evidentes (porque existen muchos puntos de contacto entre las diferentes propuestas partidarias) si no fuera por el ideologizado capítulo de la reforma constitucional. Allí reside el eje del debate y de la confrontación. Se podrá argumentar que muchas de las cosas que se están planteando, sobre todo en la iniciativa del gobierno federal, se podrían hacer sin reformar la constitución, cambiando sólo, como plantea el PRD, las leyes secundarias, pero la verdad es que sin reforma constitucional las cosas seguirán como hasta ahora y no habrá quien quiera invertir en un mercado que no le da seguridad jurídica a los inversionistas.
La iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas es útil e inteligente, pero sirve de poco sin la reforma constitucional porque esa es la única que le puede otorgar, insistimos, seguridad jurídica a los futuros inversionistas. No se trata de un tema menor: Venezuela, en menor medida Ecuador, Bolivia o Argentina, son naciones que, de una u otra forma, en un mercado mucho más abierto que el nuestro, han tomado medidas contra inversionistas que han perdido empresas (e inversiones) en todos esos países. En México, donde el marco legal es el más restrictivo del continente (y del mundo) para las inversiones privadas en el sector energético, la reforma constitucional es clave para iniciar un ciclo de transformación en todo el sector. Sin ella simplemente no habrá credibilidad.
Por eso allí se centra la lucha política en torno a la reforma energética. Y es que en ese ámbito hay mucho en juego. Mucho hemos hablado de los beneficios que implicaría abrir el mercado energético a otro tipo de inversiones y asociaciones. Hay quienes insisten en destacar los beneficios que esa política tendría para los propios inversionistas, pero ¿se ha preguntado usted quiénes son los que ganan manteniendo el mercado cerrado y sin inversiones privadas significativas?. La lista de esos beneficiarios es mucho más larga de lo que parece: gana la burocracia de Pemex, incluyendo el sindicato, la más numerosa y menos eficiente de todas las grandes empresas petroleras del mundo; ganan los concesionarios o asociados privados a muchas de esas burocracias que cuentan con acuerdos muy específicos y que están protegidos por esa asociación; ganan países y empresas competidoras de México, cuyo papel en el mercado global disminuiría si pudiéramos convertirnos realmente en una potencia energética. Un mercado cerrado siempre tiene muchos beneficiarios, pero siempre también un solo y permanente afectado: los consumidores locales. Si a eso le sumamos una alta dosis de nacionalismo refrendado por libros de texto que equiparan el patriotismo a la protección de una sector económico, el coctel de la lucha “antiprivatizadora” está servido.
Para el gobierno federal no puede haber marcha atrás. Buena parte de su capital y credibilidad política está invertida en esa reforma: si no la logra, simplemente administrará el resto del sexenio. Recordemos el costo que tuvo para la administración Fox haber decidido no construir un aeropuerto. Imaginemos por un momento el que implicaría no concretar la principal reforma constitucional, el cambio más anunciado y esperado por los inversionistas. Lo saben el gobierno y sus adversarios, por eso la lucha política en torno a la reforma será durísima.
Pero, por esa misma razón, mientras se saca la reforma energética, habrá que prestar atención a lo que suceda con la iniciativa fiscal que tiene que resolverse antes de la energética, en estos mismos días. La iniciativa gubernamental tiene capítulos interesantes sobre todo en lo referente a los regímenes especiales y la consolidación, pero hay muchas otras propuestas que implican costos sociales, enfrentamientos con distintos grupos y con la propia sociedad que sólo servirán como catalizador de conflictos en lo verdaderamente importante, que es la reforma energética. La reforma fiscal que se debe aprobar en los próximos días, debe concentrarse, descartado el IVA generalizado, en lo importante y cerrar la mayor cantidad de frentes posibles (en lugar de abrirlos) precisamente para que esos frentes no estén abiertos a la hora de decidir el futuro energético del país.