El paquete fiscal 2014 pasará por mayoría en el Congreso pero ni remotamente ha dejado satisfechos a la mayoría de los grupos sociales. La forma en que se fueron estableciendo los distintos impuestos ha generado conflictos e insatisfacción en muchos sectores. Hay cosas difíciles de entender ¿por qué se grava un chicle y no el oro?¿por qué se castiga a los refrescos y la comida chatarra pero específicamente se exenta los puros y habanos?. Y en los medios nos seguimos preguntando por qué no se aplicó un IVA generalizado.
El paquete fiscal 2014 pasará por mayoría en el Congreso pero ni remotamente ha dejado satisfechos a la mayoría de los grupos sociales. La forma en que se fueron estableciendo los distintos impuestos ha generado conflictos e insatisfacción en muchos sectores. Hay cosas difíciles de entender ¿por qué se grava un chicle y no el oro?¿por qué se castiga a los refrescos y la comida chatarra pero específicamente se exenta los puros y habanos?. Y en los medios nos seguimos preguntando por qué no se aplicó un IVA generalizado.
¿Por qué el presidente Peña decidió no generalizar el IVA?, nos preguntábamos en este espacio el 13 de septiembre pasado. Y la respuesta de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles fue que más allá del ambiente político muy tenso, de la economía decaída, de los conflictos partidarios que se podrían presentar, los estudios realizados por la Sedesol junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), le mostraron al presidente Peña que el IVA generalizado aumentaría la recaudación en 3.75 puntos del PIB, pero que también haría pasar en forma automática al nivel de pobreza alimentaria a 14 millones y medio de personas. Quienes viven en pobreza alimentaria pasarían de ser el 19.7 por ciento de la población al 32.1 por ciento. Si se hubiera gravado sólo con 2 por ciento, como se dijo, el IVA en alimentos y medicinas, se habría recaudado un punto del PIB con esa medida, pero se dejaría a 4 millones de personas más en la pobreza alimentaria. Se consideró que el costo social era inaceptable.
Se estudió entonces la posibilidad de mantener una canasta exenta e incluso la posibilidad de transferirle vía bonos, tarjetas, recursos directos, el dinero que perdieran con el IVA a las familias damnificadas (a esas 14.5 millones de personas que pasarían a la pobreza alimentaria, en total serían 37 millones 600 mil, el 32 por ciento de la población) pero resultó que el recurso necesario para esa operación sería equivalente a prácticamente todo lo que se recaudara extra por concepto IVA, con un costo social y político mucho mayor. Por eso no se generalizó el IVA.
¿Pasaría lo mismo, nos preguntamos ahora, con la canasta básica exenta o con un gravamen menor, atendiendo con bonos o tarjetas a esos millones que se verían damnificados?. Ahí surge otro problema, que tendrá que ser visto en los programas y atendido en el presupuesto 2014 con recursos. Si se decidiera bonificar el IVA al sector de la población más desprotegido, digamos esos cuatro millones de personas que serían afectadas por su aplicación generalizada aunque sea con una tasa baja, nos encontraríamos con otra realidad: el sistema puede atender de inmediato a buena parte de la población rural, porque ahí están bien insertados Oportunidades y otros programas sociales. Pero no sucede lo mismo en la ciudades: apenas se están desarrollando los programas y redes para atender a quienes viven en la pobreza y la extrema pobreza urbana. Lo que sucedería es que entre dos y tres millones de personas que pasarían a situación de pobreza no podrían ser atendidas para compensar el incremento del IVA en alimentos y bebidas en el corto y mediano plazo. Y además de que se agravaría una injusticia social serían, obviamente, la base para cualquier movimiento de descontento social generalizado.
El actual esquema fiscal, el aprobado en el Congreso, nos dará un incremento en la recaudación de entre un punto o un punto y medio del PIB. La idea de esta administración es ir aumentando ese porcentaje en aproximadamente un punto al año. Evidentemente para eso tendrá que ir incorporando cada vez más a causantes que están en la economía informal a estos mecanismos pero también establecer programas sociales mucho más amplios e intensos en todas las zonas urbanas, para poder, de esa manera, poder sostener todo el andamiaje social que es necesario para romper las brechas de desigualdad, al tiempo que, si se aprueban reformas como la energética y se agiliza la inversión pública y privada en obra e infraestructura, esa misma base se podrá consolidar vía la creación de empleos.
No me parece en absoluto una idea descabellada, ni una estrategia alejada de la realidad. Por supuesto que hay aspectos que se deben tomar en cuenta, comenzando por la discrecionalidad con la que en ocasiones se decide quién pagará más y quién menos, y siguiendo por controlar el gasto gubernamental, a nivel federal y estatal, y en ese mismo sentido, atender el costo de la política: el único gasto que crece, sin control alguno por cierto, es el de los partidos y todo lo que gira en torno a ellos: por lo pronto para este 2014, año sin elecciones, se destinarán para el IFE y para los partidos, 14 mil 800 millones de pesos, un 12 por ciento de aumento. Una cantidad que tendrá que ser aumentada dramáticamente si se crea el Instituto Nacional de Elecciones. Ahí nos hay austeridad.