Nuestra realidad está pletórica de sentencias que no se pueden confrontar con la realidad. Cuando se quieren aterrizar ciertas afirmaciones, propuestas, iniciativas, la realidad casi siempre sale perdiendo.
Para mi amiga Rosario Robles, con un abrazo solidario
Nuestra realidad está pletórica de sentencias que no se pueden confrontar con la realidad. Cuando se quieren aterrizar ciertas afirmaciones, propuestas, iniciativas, la realidad casi siempre sale perdiendo.
Primer caso. Imagínese usted por un momento que el IFE es reemplazado por un Instituto Nacional de Elecciones que concentrará y controlará desde sus oficinas en el DF todas las elecciones del país, desde las presidenciales hasta las de usos y costumbres. Imagínese a sus consejeros, atendiendo elecciones, por ejemplo, en Huehuetoca, donde apenas ayer, ante el asesinato de un joven de 14 años y la incapacidad policial, la población lisa y llanamente decidió incendiar el palacio municipal. Imaginemos las formas que tendría un conflicto electoral en Huehuetoca y los mecanismos que habrá que desarrollar para resolverlo. Eso no se puede hacer desde el DF o con simples delegados. Tampoco se puede entrampar a un Instituto Nacional en la resolución de los miles de conflictos electorales existentes en todo el país. No es verdad que la oposición no puede ganar con los organismos locales electos por los propios estados: ha habido alternancia en buena parte de los estados del país en el ámbito municipal y estatal. ¿Qué hay estados cuyos institutos dejan mucho que desear? Es absolutamente cierto. Entonces lo que hay que hacer el homologar leyes, organismos, métodos de elección, e incluso darle atribuciones claras al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder calificar esos procesos, pero no se pueden intervenir los estados sin pagar un costo altísimo. Porque, además, cuando no hay voluntad política, cuando los actores no quieren reconocer al árbitro electoral, ya lo hemos vivido, puede ser tan descalificado un Instituto Nacional como un organismo local. Con la diferencia de que esa descalificación se reiteraría cada vez que una elección local no fuera llevada a placer de algún competidor en cualquier de los municipios del país. Imaginemos, entonces algo más parecido a una pesadilla.
Sigamos imaginando. Cristina Cuevas es una maestra que trabaja en Campeche. Quiere cumplir con su trabajo, dar clases pues. Pero resulta que hay un grupo que tiene bloqueada la entrada a la escuela donde labora. La rodean, la quieren sacar del carro, ella acelera y atropella a ocho de los manifestantes, ninguno, por cierto, de gravedad. Es correteada, agredida y finalmente las autoridades inician un proceso…contra ella, por no dejarse agredir. El delito original no lo cometió la maestra Cuevas, sino los que le impedían ingresar ilegalmente a su centro de trabajo y trataron de bajarla a la fuerza de su carro. El hecho fue presentado como una terrible agresión contra los maestros (aunque la mayoría no eran tales) que bloqueaban la entrada a la escuela. Imaginemos entonces por un segundo lo que ocurre en el Distrito Federal en el entorno al Monumento a la Revolución. La zona está tomada ilegalmente (imposible compilar todas las leyes y normas que viola el bloqueo de la CNTE) por unos centenares de manifestantes. Nadie se acerca a comercios, oficinas, restaurantes. Después de semanas de abusos, la única propuesta de las autoridades es darle un préstamos a los afectados, mismo que, como su nombre lo dice, deberán regresar en algún momento y que no podrán pagar porque sencillamente los del plantón les impiden trabajar.
¿Qué va a pasar cuando, como ya ocurrió en Tepito y como hizo la maestra de Campeche, alguien o muchos digan “yo quiero trabajar, quiero salvar mi patrimonio, no voy a permitir que estos señores me lo impidan por la fuerza”. La autoridad, y en este caso el desafío sí es local, no tiene respuesta y ni quiere imaginarse tener que dar una.
El viernes el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, dijo algo incomprensible en Quintana Roo. Aseguró que lo que está ocurriendo en Michoacán (la violencia, las autodefensas, los ataques a la gente, a la CFE y Pemex) se da porque se recuperó el control de ese estado, y que ahora se puede circular libremente por sus carreteras. No sé qué estaba imaginando mi muy apreciado Murillo Karam, pero al mismo tiempo que declaraba eso estaban tomadas las principales carreteras del estado y 18 casetas de peaje. Se dirá que eran maestros y normalistas. Nadie lo ha comprobado, y en Michocán hay grupos de maestros muy cercanos a la organización de los Templarios (cuyos líderes, como Servando Gómez La Tuta, también vienen del magisterio), pero a la gente ¿qué le importa si los que bloquean son los normalistas o los Templarios?.
Imaginemos por un momento que las autoridades, locales o federales en Michoacán, en el Monumento a la Revolución o en cualquier comicio municipal simplemente hicieran que se cumpliera con la ley. No nos va mal por falta de imaginación: nos va mal porque la ley, en la mayoría de los casos, simplemente no se cumple.