Si uno se basa en las declaraciones de sus dirigentes, se podría pensar que el PRD le ha tomado el tiempo al gobierno federal. Sí han apoyado acuerdos, están en el Pacto por México, pero en los hechos han retrasado su agenda y su propio espacio de negociación en forma notable. En la reforma fiscal, el PRD puso los términos y las iniciativas y el gobierno pagó los costos: no alcanzó ni para que siquiera todos los legisladores del PRD (o por lo menos la mayoría) apoyara lo que negociaron con la administración Peña, como dirían ellos en lo oscurito. Ni con los 14 mil millones de pesos extras que recibieron sus gobiernos locales.
Si uno se basa en las declaraciones de sus dirigentes, se podría pensar que el PRD le ha tomado el tiempo al gobierno federal. Sí han apoyado acuerdos, están en el Pacto por México, pero en los hechos han retrasado su agenda y su propio espacio de negociación en forma notable. En la reforma fiscal, el PRD puso los términos y las iniciativas y el gobierno pagó los costos: no alcanzó ni para que siquiera todos los legisladores del PRD (o por lo menos la mayoría) apoyara lo que negociaron con la administración Peña, como dirían ellos en lo oscurito. Ni con los 14 mil millones de pesos extras que recibieron sus gobiernos locales.
En la educación todo mundo se sigue preguntando qué le ha visto el gobierno federal a la Coordinadora, porqué se le sigue permitiendo hacer casi todo y continuamos incluso con burlas como el “compactamiento” del plantón en el Monumento a la Revolución o con la paralización de labores en diferentes estados mientras, den clases o no, se les sigue pagando a los maestros de la Coordinadora, y se continúa ignorando al propio sindicato. En Chiapas el paro magisterial superó los 77 días, mientras que Tuxtla estuvo bloqueada el lunes durante horas. En lo energético, el PRD dice, por una parte, que se opone sin duda alguna a cualquier reforma constitucional, llama a movilizarse para oponerse a ella, considera traidores a la patria a quienes la respalden, se indigna porque se estaría llegando a acuerdos con el PAN en la reforma energética (como si ellos no lo hubieran hecho en la fiscal o la educativa), retirándose por unas horas de la reforma política y, al mismo tiempo, le hace una suerte propuesta deshonesta al gobierno, para que, mejor, se postergue la reforma hasta febrero. ¿Por qué hasta febrero?. Quién sabe, porque habría que ser muy ingenuo para pensar que las posiciones de ese partido respecto a la reforma cambiarán en apenas tres meses, menos aún en pleno proceso de sucesión interna. Un ejemplo que no se debería olvidar: las leyes secundarias en educación no salieron a principios de julio, al inicio de las vacaciones, por un pedido expreso del PRD para tener más tiempo para negociar con la CNTE. Se llegó a mediados de agosto, exactamente cuando se debía regresar a clases. Ya conocemos el costo de ese mes y medio perdido.
No está mal, al contrario, que se escuche, se negocie, se llegue a acuerdos con el PRD o con cualquier otra fuerza política. El problema es cuando la negociación parece convertirse en un fin en sí mismo. Seguramente en el gobierno federal tienen sus propios tiempos y agenda, pero no se pueden despreciar los costos que deja el sentir que se negocia sin lograr objetivos concretos. Los beneficios de la reforma laboral, de la de telecomunicaciones, de la educativa no se perciben entre la gente, al contrario, sobre todo en el tema magisterial. Lo que ocurre con la CNTE resulta incomprensible. La reforma fiscal ha tenido costos políticos altos, la electoral no tiene impacto (es un tema de partidos), la energética pareciera que se quiere que salga con una suavidad tal que, en los hechos, no puede tener ningún parto como el que esa reforma propone.
Dicen que todo eso tiene una lógica: cerrar el ciclo de reformas en paz, pagar los costos que sea necesario e iniciar a partir de enero una nueva etapa política. Puede ser, lo cierto es que, mientras tanto, los costos se acumulan, y los mismos no disminuirán tratando ahora de volver la vista hacia el pasado. La administración Peña a esta altura de los tiempos, a un año de asumir el poder, sólo tiene una opción, que es mirar hacia el futuro. Un futuro que tiene que compartir con la gente para que las expectativas no se sigan deteriorando. Un futuro en el que no se perciba que algunas fuerzas políticas o sociales les han tomado ya el tiempo.
La sucesión de La Quina.
Un día después de la detención de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, me tocó cubrir el acto que se realizó en el sindicato petrolero para legalizar su sucesión. No importan ahora los detalles, lo que se debe recuperar de aquella historia es la operación: mientras en el Zócalo algunos grupos disidentes creían que ahora sí les tocaría llegar a puestos de dirección en el sindicato petrolero, en la sede sindical estaban prácticamente todos los líderes seccionales, todos sus dirigentes locales, funcionarios federales, medios de comunicación e invitados. El traspaso de la dirigencia sindical se dio en horas: un líder oscuro, Sebastián Guzmán Cabrera, llegó a ese cargo. No servía. En unos meses fue reemplazado por Carlos Romero Deschamps, que ahí sigue hasta el día de hoy. Casi 25 años después, el sindicato petrolero apoyará, con La Quina olvidado ya por todos, la reforma energética. La agenda de hoy es producto de aquella operación política. No hubo, no hay en los campos petroleros o en su sindicato, ninguna Coordinadora.