El “repliegue” que se impuso el gobierno de Miguel Angel Mancera ayer a los escasos integrantes de la Coordinadora que seguían ocupando el Monumento a la Revolución y algunas zonas anexas, debería marcar la pauta de que lo que ocurrió en el 2013 no volverá a suceder en el futuro: los grupos de la Coordinadora, en la ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y con menor éxito en otros estados, lograron mostrar a gobiernos, federales y locales, postrados, que se resignaron, por consideraciones políticas, a ver cómo estas organizaciones abusaban una y otra vez de la ciudadanía y de las propias autoridades. No puede volver a suceder.
El “repliegue” que se impuso el gobierno de Miguel Angel Mancera ayer a los escasos integrantes de la Coordinadora que seguían ocupando el Monumento a la Revolución y algunas zonas anexas, debería marcar la pauta de que lo que ocurrió en el 2013 no volverá a suceder en el futuro: los grupos de la Coordinadora, en la ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y con menor éxito en otros estados, lograron mostrar a gobiernos, federales y locales, postrados, que se resignaron, por consideraciones políticas, a ver cómo estas organizaciones abusaban una y otra vez de la ciudadanía y de las propias autoridades. No puede volver a suceder.
En pláticas oficiosas, en todos esos ámbitos de gobierno, se decía que todo era consecuencia de un año difícil, con una agenda legislativa de tan amplio alcance que no se podía, ante las provocaciones, perder el rumbo de lo que se estaba haciendo y negociando hasta llegar al objetivo. Pasó con la Coordinadora y sucedió, por ejemplo, con las autodefensas, pero también ante acciones políticas o económicas de distintos grupos partidarios o de poder.
Pero el ciclo de reformas ha concluido, es verdad que faltan las leyes reglamentarias de muchas de las reformas constitucionales, pero para comenzar a convertir esas reformas en realidades se necesita una gobernabilidad diferente, que no abandone el diálogo y los acuerdos que han cambiado mucho de la forma de hacer política en el país, pero que ejerza la autoridad y haga cumplir las leyes.
Porque actuar de otra manera, como ha ocurrido, genera costos que pueden ser tan altos que lleven a perder de vista lo logrado con el ciclo reformista. La gente quiere seguridad, cotidiana y jurídica. Quiere poder trabajar con tranquilidad y no sentir que grupos políticos o criminales la pueden vulnerar sin consecuencias. El gran daño causado por la Coordinadora estriba precisamente en el deterioro que generaron sus acciones en la confianza de la gente hacia las autoridades, las leyes, el poder. Una falta de confianza que hizo mella en los índices de aceptación del presidente Peña, del jefe de gobierno Mancera y de distintos gobernadores. No se gana confianza cuando un grupo, por conservar privilegios, asalta, agrede, secuestra y se lo recibe, se negocia, se lo deja en la impunidad. Y eso se aplica a la Coordinadora, pero también a muchos otros grupos políticos y de presión que así defienden y conservan sus espacios de poder.
El “repliegue” en el Monumento a la Revolución debe ser una señal de que las reglas del juego, con el año, han cambiado, que el ciclo de reformas y por ende de una indulgencia, rayana con la impunidad, se ha cerrado. Que el diálogo político, un instrumento privilegiado como ningún otro, sigue vigente pero con reglas que todos, para sea fructífero, deben respetar. La tolerancia tiene como único límite a los intolerantes.
Por supuesto que para avanzar en ese camino se necesita más, porque son muchos los pasos que se concatenan entre sí. No hay mejor forma de recuperar la confianza que hacer cumplir y respetar las leyes. La reforma educativa, por ejemplo, se debe comenzar a convertir en realidad en todo el país: no puede haber feudos. La seguridad no se puede negociar: si se secuestran niños el futuro de los secuestradores no puede entrar en una agenda de negociación. Es verdad que siempre ha habido grupos de policías comunitarias en muchos municipios, sobre todo indígenas, del país. Pero lo que estamos viendo con las autodefensas es otra cosa. Un fenómeno, por cierto, que no tendría margen alguno si en lugares como Michoacán y Guerrero se le garantizara a la gente su seguridad cotidiana.
Y todo eso tiene que ir adicionado a la calidad de vida. El 2013 fue un mal año para la economía de la gente, que debe ver en sus bolsillos que las cosas mejoran. Las inversiones derivadas de las reformas y el ambiente de negocios van a ayudar en eso, lo mismo que el amplísimo plan de infraestructura planteado, pero el costo fiscal directo e indirecto de la reforma hacendaria aprobada en el congreso dificultará las cosas. La apuesta por la política social deberá ser, por eso mismo, mucho más decidida.
Nada será fácil, pero las oportunidades que se presentan en el 2014 son amplísimas, tanto para recuperar espacios como para crear esas nuevas reglas que se apliquen a todos.