14-02-14 Lo escribió ayer el perredista Fernando Belauzarán en su cuenta de twitter: “¿para qué discutir si podemos mentar madres?”. Ocurre en demasiadas ocasiones en la política y los medios en el país: la descalificación y el agravio suele reemplazar la reflexión e incluso el más legítimo de los debates. Pero en muchos casos también reemplaza a la información. Que algunos periodistas y políticos tengan la ocurrencia de decir que uno de los más conocidos periodistas estadounidenses, Michael Crowley, fue sobornado para darle la portada de la revista Time al presidente Peña, es ridículo pero es más sencillo descalificar que debatir.
Algo similar ha sucedido con el caso del colega Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y asesinado en Coatzacoalcos el pasado 5 de febrero. Hay puntos sobre la muerte de Gregorio que se deben destacar. El primero y más evidente es que todos los testimonios, toda la información que hemos podido recuperar sobre el tema indica que Gregorio era una buena persona, un comunicador modesto que, independientemente de cubrir la fuente policial, no tenía relación con ningún grupo delincuencial ni tampoco trabajaba temas relacionados con delincuencia organizada. Las colaboraciones que publicó en el Notisur y en el Liberal del Sur, relacionadas hipotéticamente con su caso, sólo señalaban la información, que era pública en la ciudad, del secuestro de Ernesto Ruiz Guillén, el 18 de enero pasado, un dirigente local de la CTM desaparecido luego de un conflicto entre golpeadores en Laguna de Pajaritos.
Un segundo punto que en este sentido es importante, pero que fue mal explicado por la procuraduría local, fue cuando se dijo que Gregorio fue secuestrado por “diferencias personales” con Teresa de Jesús Hernández Cruz, propietaria del bar El Palmar, que fue quien contrató por 20 mil pesos a la banda de sicarios y secuestradores que acabaron con la vida de Gregorio. Según su familia, el comunicador sí tenía diferencias con la dueña del bar y ella lo amenazó e incluso le advirtió que irían unos amigos suyos a “visitarlo”. Pero decir “diferencias personales” no quiere decir nada. Existían conflictos personales entre la dueña del bar y el comunicador pero ni éstos quedaron claros ni sabemos tampoco si derivaron en otro tipo de problemas. En los hechos, y eso lo deben aclarar las investigaciones, no sabemos si el crimen se ordenó, como se dejó trascender, por una mujer o por información que hubiera publicado o a la que tuviera acceso Gregorio. Como no se sabe con claridad, no tiene sentido colocarlo en el ámbito de las “diferencias personales”. La procuraduría local es la que debe aclarar exactamente porqué se dio el homicidio.
Pero eso nos lleva al tercer punto. Más allá de esos errores, en el caso de Gregorio tenemos un crimen contra un periodista que ha sido resuelto exitosamente. Hay ya seis detenidos por el secuestro, incluyendo la autora intelectual y los autores materiales; el cuerpo se ha recuperado; la propia investigación ha permitido desarticular una banda de homicidas que habían realizado varios otros secuestros y el hallazgo del cuerpo de Gregorio permitió encontrar también el del desaparecido líder local de la CTM y el de otra persona aún sin identificar. Y a partir de esa investigación se deberá aclarar completamente el caso de Gregorio como el de varios otros secuestros y asesinatos cometidos en la zona de Villa Allende, en Coatzacoalcos.
Todo eso fue el producto de una movilización de fuerzas de seguridad que incluyó más de mil hombres de la policía local, de la Federal y de la Marina, destinada a tratar de encontrar a Gregorio, un modesto comunicador que no fue víctima, por lo menos no en este caso, de ninguna venganza, negligencia o represalia del poder público, sino de unos criminales que habían hecho del secuestro y el asesinato su modo de vida y que acabaron con la de Gregorio por apenas 20 mil pesos. Pero hay que destacar que, a diferencia de decenas de casos de muertes de comunicadores que se han producido en todo el país, el de Gregorio es uno de los pocos cuyos responsables ya están frente a la justicia.
Hablando de medios. Los políticos a veces no aprenden. Gerardo Toledo, director de El Diario de Chiapas está demandado por el ex gobernador Juan Sabines por denunciar malos manejos que ocurrieron durante su administración. Una y otra vez, en Chiapas se ceban en los comunicadores. ¿Ya se olvidaron de Conrado de la Cruz?. Nuestra solidaridad con Gerardo.
Y por cierto, en Chiapas se inauguró el nuevo aeropuerto de Palenque. La primera de las obras de infraestructura de este tipo que concreta la administración Peña, quien se comprometió a construir la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas, ambas obras claves para enlazar una de las regiones peor comunicadas del país.