24-03-2014 El asesinato del alcalde de Tanhuato, el panista Gustavo Garibay García, será un punto de quiebre en muchos aspectos en Michoacán y también obligará a definiciones mucho más contundentes.
Garibay García sabía que vivía bajo amenaza: el 31 de octubre del 2012, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, sobrevivió de milagro. Desde entonces Garibay siempre aseguró que lo atacaron porque no estaba dispuesto a pagar extorsiones a los grupos criminales, que le exigían hasta el 50 por ciento del presupuesto municipal. Desde entonces tuvo una custodia de doce elementos de la policía federal, pero poco después, con el cambio de gobierno, pasaron a ser sólo tres policías locales y más tarde ninguno. Mientras tanto, en febrero del año pasado fue asesinado el secretario del Ayuntamiento, Pedro Córdoba. El alcalde reclamó en varias oportunidades que le fuera regresada la seguridad, pero su custodia nunca fue restituida. El sábado fue asesinado por un grupo que portaba armas de alto poder: lo emboscaron cuando estaba solo, sin seguridad alguna.
Su muerte demuestra que en Michoacán aún hay mucho por hacer, pero también la desidia con que el gobierno local asume el tema de la seguridad. Las declaraciones del gobernador Vallejo, tratando de responsabilizar a la Federación de la falta de custodias para Garibay son lastimosas, tanto como la decisión que los atenazó durante meses para no actuar por los malos manejos financieros cometidos durante la administración de Leonel Godoy o su reticencia para la detención de Hipólito Mora (acciones decididas por el comisionado Alfredo Castillo).
El punto es más grave porque este fin de semana se estaban dando pasos decisivos en otro aspecto central: la desmovilización de las autodefensas. El viernes funcionarios del comisionado y militares se reunieron con los líderes de las autodefensas para negociar su desmovilización y desarme. Los líderes aceptaron en la reunión que ya había gente infiltrada entre ellos e incluso que en Arteaga y Tumbiscatío habían aparecido grupos con camisetas blancas y logotipos que en realidad son criminales, lo que hace más vulnerables a las propias autodefensas, porque no hay forma de identificar con certidumbre quién es qué.
En la larga reunión, secreta, que se realizó el viernes, aceptaron en principio la posibilidad de desmovilizarse y desarmarse, una propuesta que llevarán esta semana, dijeron, al comité que agrupa a las distintas autodefensas. Además, quedó abierta la idea de que no fueran ellos mismos sino los representantes del gobierno federal quienes realicen las labores de depuración de esos grupos, en principio realizando, entre otras medidas, pruebas toxicológicas a sus miembros. Pero insistían también en la idea de conservar parte de su armamento ante el temor a represalias, sobre todo contra los líderes más visibles del movimiento.
En ese sentido, el asesinato de Garibay García, cometido horas después de esa reunión, debe haber actuado como un verdadero revulsivo. Si alguien quería boicotear el proceso de desmovilización de las autodefensas, tuvo con esa muerte su mejor argumento. Los líderes de esos grupos se preguntarán si el estado está en capacidad de defenderlos de los grupos criminales si deciden abandonar las armas.
El capítulo central en todo esto es cómo actuará el gobierno local. Existe la percepción de que pasado el shock inicial, entre las autoridades locales no hay una voluntad acredita de apoyar el proceso de intervención que representa la existencia de un comisionado y un muy amplio grupo de delegados del gobierno federal. La relativa cercanía de los comicios federales y locales ha agudizado ese proceso. Muchas veces hemos dicho que sin una limpia de la clase política local en esos comicios se repetirán los vicios de los pasados. Ha habido presiones federales para remover a distintos funcionarios estatales pero después de las designaciones del secretario de seguridad pública y del procurador, los cambios han sido frenado por las propias autoridades locales. Y una vez detenido Humberto Suárez, el secretario de finanzas de Godoy, existen presiones para diluir la acusación y otorgarle la libertad bajo fianza.
Hay muchas otras medidas que son impulsadas por el Comisionado en las que el gobierno estatal, y el congreso local, no han querido avanzar: una de ellas, capital para todo este proceso, es legislar sobre la extinción de dominio, imprescindible para quitarle espacios de poder económico (e incluso territorial) a los grupos criminales.
La muerte de Garibay García abre una disyuntiva clara en este sentido: actúa como un catalizador de la capacidad del Estado para combatir con mayor fuerza y plantarle cara a los grupos criminales, reforzando las instituciones (y por ende depurándolas) o termina siendo la señal para reforzar miedos, temores y divisiones que permitan, más temprano que tarde, que esos grupos regresen a los espacios que hoy perdieron.
Jorge Fernández Menéndez