9-04-2014 Cuando el 28 de junio del 2010 fue asesinado el candidato del PRI al gobierno del estado de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, se estaba escribiendo uno de los capítulos más sórdidos de la lucha del crimen organizado contra el Estado mexicano.
Un año después tuve oportunidad de entrevistar al presidente Calderón. La fecha coincidía con el primer aniversario del asesinato de Rodolfo Torre. En esa entrevista, el presidente reconoció que su administración estaba “en falta” en la investigación de ese crimen, al que calificó como “el asesinato político más grave” que se había dado en todo su sexenio, pero que entre los elementos que ya se tenían de la investigación, lo más importante era que se había comprobado que dos de las armas utilizadas en el atentado pertenecían a policías municipales: una de Reynosa y otra de Ciudad Mante, que una tenía reporte de robo y que la otra no.
Hasta ahí llegó, públicamente, la investigación sobre la muerte de Rodolfo Torre. Sin embargo, los nombres de personajes ligados a la administración de Tomás Yarrington, que había dejado el gobierno seis años atrás, siguieron apareciendo como fantasmas detrás de esa muerte. Y su presencia se ha fortalecido con el proceso contra Antonio Peña Argüelles que ha iniciado en Estados Unidos.
En mayo del 2012, divulgábamos en este espacio que, según la DEA, Antonio Peña Argüelles, ex colaborador de Yarrington, recibió el 29 de noviembre de 2011 un mensaje de uno de los líderes de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, que le advertía que “su hermano (Alfonso) ha estado diciendo que usted y Tomás Yarrington, junto con (Jorge Eduardo) Costilla (líder del cártel del Golfo y enemigos mortales de los Zetas), asesinaron al candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú porque afectaba al negocio de la construcción y estaba (Peña Argüelles) patrocinado/ protegido”. Los restos de Alfonso Peña, el hermano de Antonio, fueron encontrados ese mismo 29 de noviembre en Nuevo Laredo. Junto al cuerpo había un mensaje de los Zetas en el que acusaban a Antonio de haberles robado cinco millones de dólares.
Siempre según la DEA, Antonio Peña se reunió en 2008 con Yarrington en una casa que éste rentó en San Antonio para analizar el conflicto financiero que existía con Treviño Morales y que terminó con el asesinato de Alfonso. El hecho es que Antonio Peña Argüelles fue arrestado en San Antonio y se ha convertido en la principal fuente de acusaciones contra su ex jefe, Yarrington.
En sus declaraciones reconoce que estaba encargado de lavar el dinero del ex gobernador en relación con esos grupos criminales. Recordemos que Zetas y el Golfo pertenecían a una misma organización criminal: cuando se dio la ruptura en 2006-07, quienes habían colaborado con ambos quedaron, literalmente, como habría ocurrido con Peña Argüelles y Yarrington, en medio de la refriega entre los dos grupos criminales.
La DEA sostiene que obtuvo los libros contables de Peña y de su hermano Alfonso del 2004 al 2006, en los cuales se puede comprobar que recibieron millones de dólares del narcotráfico destinados a Yarrington y otros colaboradores. El asesinato de Rodolfo Torre se habría generado porque el próximo gobernador no tenía buena relación con Yarrington y rechazaba los acuerdos con los grupos criminales en distintos ámbitos, incluido el de las construcciones.
A Rodolfo lo reemplazó su hermano Egidio, actual gobernador de Tamaulipas. Egidio, pese a la tormenta que ha tenido que sortear, es un buen gobernador que ha intentado coordinarse con las fuerzas federales, desarrollar con ellas una estrategia sólida de combate a los delincuentes y es consciente de que sin construir sus propias fuerzas de seguridad no podrá avanzar en ese combate. Pero también creo que sabe que la clase política de su estado, como en otros, por ejemplo en Michoacán, debe ser depurada porque se contaminó, sobre todo en el período Yarrington, demasiado con los grupos criminales.
Todo esto viene a cuento por dos historias paralelas, que desde Einstein sabemos que, al final, terminan cruzándose: por una parte, la ola de violencia que ha azotado al estado en estos días, en forma simultánea con las detenciones de Javier Garza, un líder histórico del cártel del Golfo (y la de El Simple, el responsable por esa organización en Reynosa), pero también con el inicio formal del proceso a Antonio Peña en Estados Unidos, al mismo tiempo que otro líder histórico de los Zetas, El Talibán, enemigo del Z 40, aceptaba su culpabilidad en los delitos por los que se le acusa también en Estados Unidos, buscando un acuerdo con ese gobierno.
Y todos estuvieron directamente involucrados en aquella historia que constituyó el asesinato más grave del pasado sexenio contra un candidato que rechazó los acuerdos narcopolíticos. Hay muchos casos como el de Jesús Reyna pendientes en distintos estados del país.
Jorge Fernández Menéndez