10-04-2014 Los números de la encuesta sobre seguridad del INEGI son contundentes. La percepción ciudadana de la inseguridad ha crecido un 4.4 por ciento desde diciembre del 2012. Siete de cada diez personas se sienten inseguras en su propia ciudad y el 27.6 por ciento creen que esa inseguridad aumentará en los próximos doce meses. Se podrá argumentar que algunos índices delictivos se han reducido (otros, sin embargo, se han incrementado, como el número de secuestros), que hay zonas del país que han tenido una indudable mejora (aunque otras han retrocedido, como todo el cinturón urbano del estado de México) y que por lo tanto la percepción social no necesariamente va de la mano con la realidad. Pero como decían nuestro clásicos, en política lo que parece, es. Y la gente está atenazada por un sentimiento de inseguridad que se expresa en el número de secuestros, robos y extorsiones que sufren día con día.
Ha habido avances muy importantes en la lucha contra el crimen organizado, pero parecemos estar perdiendo la batalla, como sucedió en la segunda mitad del gobierno de Calderón, contra sus secuelas: contra las bandas y pandillas, contra ese crimen cotidiano, si se quiere desorganizado, que es el que más afecta a la ciudadanía.
Ello se combina con otro sentimiento negativo: la gente no se percibe en sus bolsillos, en su vida cotidiana, mejoría económica alguna. La reforma fiscal fue en los hechos un castigo para la economía familiar y empresarial en el primer trimestre del año. La inflación, la falta de crecimiento y por ende de nuevos empleos, han sido la norma. Es verdad que existen proyectos muy ambiciosos de infraestructura, leyes reglamentarias pendientes para las reformas constitucionales que serán el detonante de inversiones muy importantes y que la economía parece estar en equilibrio. La macroeconomía está en orden y eso sin duda es positivo, pero la gente quiere que su economía cotidiana sea la que esté en orden, le genere optimismo y por ende confianza para consumir.
Esas son las dos grandes variables que deben ser atendidas con urgencia por un gobierno federal que ha tenido la capacidad para realizar en once semanas una transformación profunda en la situación de Michoacán o enlazar una serie de siete reformas constitucionales y estructurales profundas en un periodo de apenas un año, pero que no ha logrado que la seguridad cotidiana y la economía de la gente mejoren.
Habrá quien asegure, con razón, que esas medidas de fondo son imprescindibles, son el paso previo, para poder alcanzar esos otros objetivos. Falta lo prometido: eficiencia y resultados, y eso es lo que hoy se está reclamando. Quizás porque se siente a la mayoría del equipo gubernamental, con algunas excepciones muy puntuales, haciendo demasiados planes a futuro y actuando demasiado poco en la coyuntura, proyectando mucho pero sin operar sobre la realidad cotidiana. Y eso se percibe en muchos frentes, desde la poca presencia en medios ante sucesos coyunturales que los involucran, hasta en la lejanía que sienten con ellos sectores productivos u organizaciones sociales.
Ha transcurrido ya una cuarta parte de la administración y se está ante un momento clave para el futuro (desde las acciones para depurar la clase política hasta sacar las leyes secundarias de las reformas en el congreso) pero se debe recordar que esa cercanía con los problemas de la gente es lo que termina calificando a un gobierno. Atender la coyuntura, el día con día, buscar soluciones, es imprescindible para aumentar tanto la aceptación como la confianza de la gente. Y se debe recordar que sólo con ellas aumenta la capacidad de operación de un gobierno que en un año tiene un verdadero referéndum en las elecciones de medio término.
Los hijos de Versini
Lo escribió Ciro Gómez Leyva ayer y tiene toda la razón, nuestros medios, pero también agreguemos nuestros políticos, jueces y organizaciones sociales, han permanecido increíblemente mansos ante una historia tan atroz como la del despojo de sus hijos a Maude Versini. Muchos de los que lucharon a brazo partido para lograr la liberación de una mujer que era una secuestradora (haya habido o no montaje televisivo a la hora de su captura) no han dicho una palabra porque el ex gobernador Arturo Montiel le quitó a la mala sus hijos a su ex esposa. Lo está haciendo violentando la ley y el sentido común, no hay argumentos para impedir que una madre vea a sus hijos y pueda convivir con ellos. Montiel lo hace sólo porque puede hacerlo, porque tiene un aparato de protección que le permite actuar con esa prepotencia (y machismo) sin que prácticamente nadie le reclame nada.
El tema debería ser, además, de interés público, porque de la misma forma actúan, o intentan hacerlo, muchos hombres (y algunas mujeres) contra quienes fueron sus parejas cuando la relación se acaba. La venganza en los hijos nunca será una forma de justicia.
Jorge Fernández Menéndez