15-10-2014 Es difícil saber qué imagen terminará conmoviendo más a la gente, a los mercados, a los organismos de derechos humanos: si una camioneta de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, tiroteada por la policía ministerial, con el saldo de un estudiante alemán herido, porque no se detuvo cuando le hicieron un alto o el palacio de gobierno de Guerrero en llamas, incendiado por los manifestantes.
El conflicto en Guerrero sigue escalando día con día y no hay una sola decisión que pareciera reducir la tensión, al contrario: la acción y la omisión avivan las llamas. El gobierno estatal parece pasmado, rebasado y sus únicas reacciones se concentran en buscar mantener en el cargo a como dé lugar a Angel Aguire. En la balacera a la camioneta del Tec, las reacciones fueron encontradas y vacías, argumentando desde la confusión hasta un inexistente fuego cruzado. Incluso el presidente municipal de Chilpancingo, muchas horas después de los hechos, pensaba que los heridos en lugar del Tecnológico de Monterrey eran de Chapingo. Pareciera que en estos temas, como escribía días atrás Luis González de Alba, sólo se puede admitir la impunidad total o la masacre.
Guerrero lo representa en estos días con claridad meridiana. Los normalistas de Ayotzinapa o los maestros de la Coordinadora pueden hacer lo que quieran, desde quemar una gasolinera sacrificando la vida de un trabajador, al que hoy nadie, salvo los suyos, recuerda, hasta incendiar el palacio de Gobierno (¿no le parece a usted fascistoide esa tendencia de estos grupos a incendiar símbolos, edificios, negocios que consideran enemigos?¿no comprenderán que la idea de quemar edificios termina siendo un argumento tan sólido como la quema de brujas por Inquisición o el incendio del Reichstag?).
Lo cierto es que hay una impunidad absoluta para estos temas en ese estado y también en muchos otros. El menor intento de represión de acciones que en cualquier democracia serían condenables y castigables aquí las vemos como normales, incluyendo un botellazo a Cuautémoc Cárdenas en pleno Zócalo capitalino.
En el incendio al Palacio de Gobierno de Guerrero, la única resistencia de la autoridad se dio para que los manifestantes no ingresaran a las oficinas (que luego incendiaron desde fuera). El mismo lunes 29 de septiembre aquí dijimos que las acciones de los normalistas de Ayotzinapa y de otros grupos como la CETEG son incalificables, inaceptables en la gran mayoría de los casos: no forman docentes, forman activistas para las organizaciones que los controlan y lo hacen recurriendo, casi siempre, a la violencia y la intolerancia. Y ambas crecen porque son impunes.
Pero esa impunidad de la que gozan se alimenta a su vez de la irracionalidad de las autoridades. Aguas Blancas dio origen al EPR, Iguala potencia a grupos que estaban muy disminuidos como el ERPI, pero aquí no sólo hay política, todo ello se imbrica además en la violencia criminal, incluso en el enfrentamiento entre Guerreros Unidos y los Rojos, por el control de Tierra Caliente. Pero la masacre es inaceptable, inhumana, y mucho más lo es porque la participación de las autoridades locales en ella es indudable, es explícita. Pareciera que la única forma de intentar hacer valer la ley es violándola de forma brutal a través de la violencia. El círculo perverso se escenifica hoy en Guerrero como en ningún otro espacio del país.
Ayer el PAN pidió la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Es el primer partido que, oficialmente, hace esa demanda. Incluso en los días inmediatamente posteriores a los actos de Iguala, el PAN había demandado una investigación pero no la salida del gobernador. La crisis ha escalado tanto que ahora la salida del gobernador es una exigencia. Como lo indica el artículo 76 de la Constitución, el senado puede desaparecer poderes y designar un gobernador provisional, elegido de una terna propuesta por el ejecutivo, con la finalidad de que convoque a elecciones en los plazos establecidos por la constitución local. Si el propio senado lo establece esa elección podría ser la del propio término constitucional, o sea la de junio próximo.
Una intervención similar a la efectuada en Michoacán sería mucho más sencilla pero es una decisión compleja, casi imposible, porque en este caso no hay acuerdos políticos para sacarla adelante, sobre todo porque lo que al PRD le pareció motivo de encomio y apoyo ahora lo es de rechazo y respaldo al gobernador en funciones. Pero más temprano o más tarde, desde el ámbito federal se tendrá que decidir entre la desaparición de poderes y un interventor o comisionado porque la crisis en Guerrero no hará más que escalar, y hoy simplemente no se ve el horizonte al que podrá llegar.
Jorge Fernández Menéndez