24-10-2014 Algo sucedió en la administración federal que la crisis de Iguala, que este fin de semana cumplirá ya un mes, dejó al gobierno paralizado durante días y rompió el ritmo, la imagen, el mexican moment del que tanto se habló después de la reforma energética y de la exitosa visita presidencial a Nueva York.
Es difícil entender porqué sorprendió la crisis de Iguala. No porque no se supiera de las relaciones de muchos presidentes municipales y policías estatales de la región con los grupos criminales. Tampoco se tendría nadie que sorprender de que el gobernador Angel Aguirre le haya fallado a las autoridades federales cuando le pidieron el mismo sábado 27 de septiembre que tuviera el control de la situación y no perdiera de vista al presidente municipal: las lealtades no son su fuerte, y en el PRI lo tendrían que saber mejor que nadie. Mucho menos tendría que haber sido sorpresivo que el estado no estuviera en condiciones de afrontar una crisis: no pudo en la muerte de otros dos estudiantes y el trabajador de una gasolinera en la autopista del Sol, al comienzo de la administración local; tampoco durante Ingrid y Manuel; era previsible que ahora tampoco podría.
¿Qué ha fallado entonces?. Creo que el mayor problema es que en la administración federal se autoconvencieron de que la situación de seguridad estaba controlada, que el control mediático permitía un cambio en las percepciones, que la coordinación y la buena fe con los gobiernos estatales era suficiente, y que todo ello era parte de una nueva estrategia. Aquí hemos dicho muchas veces, desde la campaña electoral, cuando todos hablaban de una nueva estrategia de seguridad, de que en este tema nadie inventa el hilo negro: no puede haber nuevas estrategias de seguridad, lo que puede haber, y eso sí se hizo, son nuevas políticas para implementar esas estrategias. Pero las medidas a implementar son las mismas: construcción de nuevas instituciones policiales locales, basadas en un nuevo modelo, copiado de la Policía Federal; persecución de jefes de bandas y desarticulación de éstas; reformar el ministerio público y el sistema judicial para evitar la impunidad y sobre todo trabajar desde el ámbito local: el municipal y el estatal, para evitar sorpresas como las de Iguala. Hay lugares donde se han hecho bien las cosas, con toda la gama de grises que se quiera, como Nuevo León o Chihuahua, antes Baja California. Otros donde se intenta avanzar. Pero otros donde sencillamente no hay noticias del compromiso con la seguridad más allá de los discursos puntuales.
El sexenio pasado la relación del gobierno federal con muchos gobernadores no fue buena. En éste, esa relación ha mejorado. Pero muchos gobiernos locales (el caso de Guerrero es paradigmático) siguen haciendo lo mismo que hacían el sexenio pasado: se sientan en las reuniones, dicen a todo que sí, apoyan en los que se les pide y luego no implementan las políticas en sus ámbitos de decisión. Se instalan en su zona de confort y complicidades. Hasta que una crisis los sacude e incluso así, como vemos en Guerrero, creen que pueden salir de ella simplemente navegando, dejando pasar el tiempo.
La crisis de la seguridad es compleja, no se resuelve en forma sencilla ni con gestos dramáticos, tampoco simplemente con diálogo y coordinación, necesarios ambos pero insuficientes. Hay que trabajar en lo político y lo legal para hacer lo que no se pudo en el pasado: llevar al cuerpo legal las acciones que se deben acometer, que no queden al buen entender de gobernadores y presidentes municipales; establecer medidas que sean inflexibles en la exigencia de que esas políticas se cumplan: pasa con el nuevo modelo policial (¿en qué se dio un solo paso en Guerrero, y podríamos decir lo mismo en otros estados, en estos años en ese sentido?); con el mando único; con la reforma del sistema penal; de las procuradurías; con los mecanismos de control de confianza; con el control presupuestal en gastos de seguridad (y en muchos otros ámbitos). Más allá de la buena voluntad debe haber un mandato legal para avanzar en estos temas y debe haber claros y transparentes mecanismos de revocación de mandato para quien no cumpla con ellas. El gobierno federal se puede hacer cargo de muchas cosas, pero tarde o temprano, si las soluciones no comienzan a darse en los estados y municipios, la federación se ve rebasada. Ocurrió el sexenio pasado, está ocurriendo en éste.
Tenemos que ver a un gobierno federal dando una vuelta de tuerca a sus políticas de seguridad, vuelta de tuerca que debe comenzar por aceptar que la seguridad es, junto con la economía, el mayor desafío que tiene el país. Y actuar en consecuencia, haciendo para la seguridad, reformas estructurales tan profundas o más, porque la situación lo amerita, como las logradas en la energía o las telecomunicaciones. Y para eso se necesita asumir que ese ámbito hay mucho por hacer, y escuchar a quienes más saben, no sólo a los que más adulan.
Cambios
Habrá dos movimientos importantes en el gobierno federal. El muy eficaz y experimentado Rodrigo Archundia deja la subprocuraduría de delincuencia organizada, la SEIDO, para ser parte de la nueva Fiscalía General. Se encargará de una de las fiscalía regionales. Y en la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, el subsecretario Carlos Almada, uno de los mejores funcionarios públicos del país, dejará esa posición para asumir una muy importante tarea en el servicio exterior. Éxito a ambos.
Jorge Fernández Menéndez