27-10-2014 La caída anunciada, a pesar de la enorme resistencia impuesta por el ahora gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, no puede ser un fin en sí mismo en el proceso que está siguiendo el estado de Guerrero. Se deben desmantelar las grandes estructuras de protección de los grupos criminales en el estado peor también, en ese camino, los grupos caciquiles que gira en torno a esas estructuras de protección.
Ya hace 19 años, luego de la matanza de Aguas Blancas, que fue la que llevó al poder a Ángel Aguirre por primera vez, hubo cambio de gobernador pero todo lo demás quedó igual y ahora dos décadas después el estado sigue pagando las consecuencias. ¿Qué mayor demostración de inmovilidad podría haber que dentro de apenas seis meses, se termine disputando la alcaldía de Acapulco entre el hijo de Aguirre y el hijo de Rubén Figueroa?. Quizás los hijos no tengan responsabilidad de tener esos padres, pero el mensaje sería brutalmente negativo. ¿No hemos aprendido nada en esta historia?. Esa dinámica caciquil es la que se debe romper.
El nuevo gobernador es Rogelio Ortega, secretario general de la Universidad de Guerrero. Se trata de uno de los más cercanos operadores de Armando Chavarría, aquel dirigente perredista, líder del Congreso local que fue asesinado en las puertas de su casa cuando todo estaba dispuesto para que fuera candidato a gobernador por el PRD, en un crimen que nunca fue plenamente aclarado y que propició precisamente la llegada de Aguirre a la gubernatura por el sol azteca al no poder construir ese partido una opción de recambio a Chavarría. Parece una buena solución, entre otras cosas para que el perredismo local pruebe el gobierno luego de dos administraciones estatales encabezadas por personajes que nunca fueron parte real de ese partido.
Pero la de Ortega, como cualquier otra en este momento, es una salida de transición. Lo importante es cómo se operará, en el ámbito local pero sobre todo en el federal, incluyendo gobierno y partidos, para limpiar en lo posible el terreno estatal previo a las elecciones, porque sino en junio se repetirá el escenario actual, independientemente de quién gane las elecciones.
Y el verdadero desafío en este periodo es lograr que se aplique la ley. Por supuesto que un punto clave en todo esto es que se esclarezca el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero de la mano con ello debe comenzarse a aplicar la ley de forma mucho más estricta a todos los actores: se debe desmantelar la estructura de protección de los criminales, en el terreno político y policial, pero también acabar con los desmanes de la CETEG y los normalistas; se debe continuar con las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala y como parte de eso desmantelar a las organizaciones criminales, unas diez, que hegemonizan la violencia y el crimen, pero también se debe frenar a los grupos armados que pululan en la entidad y que son una verdadera amenaza a la seguridad nacional. Ningún estado de la república debe afrontar desafíos tan duros como Guerrero, ninguno, ni siquiera Michoacán en su peor momento, tuvo que enfrentar retos tan diversos en un clima de descomposición tal, acrecentado por una desigualdad tan profunda que rebasa a casi la de cualquier otro estado de la república, instalada, además, en un clima donde la violencia y la inseguridad son cotidianas.
Se fue Aguirre y ello era una exigencia que se retrasó casi un mes con costos altísimos para el estado. Pero las investigaciones deben continuar y hay dos puntos clave en ese sentido. Primero, como lo anunció Jesús Murillo Karam, esperar que el grupo de forenses argentinos concluya sus estudios sobre los 38 cuerpos encontrados en las diez fosas halladas hasta ahora (30 serían de las primeras cuatro). Es un tema clave porque existe la desconfianza de que las muestras para cotejar el ADN de los familiares de los desaparecidos con el de los cuerpos hallados fueron recogidas por policías estatales y municipales y las autoridades federales no tienen confianza de que hayan sido recolectas correctamente (voluntaria o involuntariamente). Si fueran los estudiantes, estaríamos ante un grave delito de parte de las autoridades. Si se confirma que esos cuerpos no son de los estudiantes ¿de quiénes son?. Lo segundo es saber cómo pudo ser que el ex presidente municipal José Luis Abarca, su esposa y su jefe de policía pudieron seguir despachando en Iguala durante casi cuatro días y luego huir sin que nadie los molestara. ¿Fueron actos de omisión o de complicidad?.
La ruta que deberá seguir Guerrero es tan dura y difícil como antes de la salida de Aguirre pero por lo menos ahora la deberá recorrer sin un elemento tan contaminante, con un peso tan abrumador, sobre sus espaldas.
Jorge Fernández Menéndez