Muy estimado Miguel: mejórate pronto
y recuerda que lo que no mata, fortalece
La primera semana de noviembre por alguna extraña razón ha sido siempre complicada en los segundos años de gobierno para muchos mandatarios. Pero nunca como en estos dos últimos sexenios. Hace seis años, cuando había concluido un periodo que, considerando las condiciones en que había asumido el gobierno no era nada malo, con una reforma política y una pálida pero por lo menos prometedora reforma energética, el avionazo que terminó con la vida de Juan Camilo Mouriño, de parte del equipo de Gobernación y de José Luis Santiago Vasconcelos, dejó una huella imborrable en la administración Calderón.
Ni su gobierno ni el propio presidente volvieron a ser los mismos: a la duda y la sospecha que persistió durante semanas sobre si se había tratado de un accidente o de un atentado, se sumó una escalada de violencia que había comenzado poco antes, desde que la caída de uno de los hermanos Beltrán Leyva había llevado la guerra entre los cárteles a unos niveles inimaginables en el pasado. La muerte de Juan Camilo coincidió con las elecciones en Estados Unidos, que llevaron a Barack Obama a la presidencia.
La tragedia ha marcado el último mes de la administración Peña, también en su segundo año de mandato y a unos días de otra elección federal en la Unión Americana. Iguala ha transformado el escenario y me imagino que al propio presidente, al que no habíamos visto con un lenguaje corporal tan tenso y angustiado como después de la reunión que mantuvo con los familiares de los desaparecidos la semana pasada. Quizás hasta los hechos de Iguala pensó que la violencia y la inseguridad podían ser un monstruo que se podía controlar sino es que aniquilar, un genio perverso al que se podía hacer regresar a la lámpara de la que había escapado. Pero Iguala demostró que no es así, como lo confirmó después el asesinato de los jóvenes en Matamoros o el secuestro de los ciclistas en el Ajusco.
En parte porque, como hemos dicho, en términos de seguridad nadie inventa el hilo negro. Pero también porque la situación sigue exigiendo dar una vuelta de tuerca a todo el sistema: no se consiguió antes y no se está consiguiendo ahora. En el papel es sencillo decirlo: se deben atacar simultáneamente un sistema policial que en el ámbito estatal y municipal es simplemente una zona de catástrofe; unos ministerios públicos locales que simplemente no funcionan o que, como los policías, están al servicio de los delincuentes, y una sistema de justicia que muestra síntomas de una cada vez más preocupante corrupción en muchos jueces y funcionarios de juzgado.
En el tema policial hay que insistir en que ya no se puede seguir dejando la implementación de medidas a la buena voluntad de los mandatarios estatales y sus presidentes municipales: debe haber nuevo modelo policial, con mando único y una coordinación con las fuerzas federales, normadas por ley, con un costo alto para quien no la cumpla. Hoy ni siquiera se ha cumplido con que todos los policías pasen un control de confianza (un compromiso asumido por la Conago desde hace casi cuatro años) y oscilamos entre situaciones como la de Iguala, con policías comprados por el narcotráfico, hasta excesos como los de la presidenta municipal de Matamorso, Leticia Salazar, con aires de un Rambo femenino, que forma grupos fuera del margen legal, que terminan secuestrando y matando, quien sabe por qué razones. Ya basta de que cualquiera autoridad pueda hacer lo que quiera con sus fuerzas policiales: debe haber orden, programación y coherencia en lo que se hace. Y debe existir la coerción de la ley para que así sea. No parece un mal tema para que el presidente Peña lo coloque como prioridad y se convierta en iniciativa preferente en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Los ministerios públicos locales no están investigando en un enorme porcentaje de casos (¿cuántas muertes son indagadas en los MP locales?) y ese fracaso se combina con un cada día más preocupante accionar de la justicia, cuando falta un año y medio para que la reforma judicial aprobada hace seis años y medio se convierta en una realidad (una realidad que hoy no existe en casi ninguna parte del país). Como algunos advertimos en su momento, la coartada de la ausencia de un debido proceso que permitió la libertad de una secuestradora como Florence Cassez se ha convertido en un instrumento que ha permitido liberar a todo tipo de delincuentes en los últimos meses, entre ellos 14 capos del narcotráfico, pero muchos otros de bajo perfil pero vinculados con todo tipo de delitos graves, sobre todo secuestros y extorsiones. El tema, dicen los enterados, se ha convertido en un invaluable mecanismo de corrupción o coerción, y nadie parece asumirlo en el poder judicial. Ojalá que la próxima renovación de la Corte sirva, entre otras cosas, para que el Consejo de la Judicatura comience a cumplir con su papel, hoy casi inexistente, de controlar, supervisar y castigar a jueces, magistrados y personal judicial que actúa al margen de la ley.
Jorge Fernández Menéndez