5-11-2014 La primera y mayor sorpresa de la detención de José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda, ha sido precisamente esa, que fueran detenidos, que estuvieran vivos. Para muchos los Abarca se habían convertido en los Muñoz Rocha del siglo XXI. Ninguna lógica criminal podía preveer que los Abarca estuvieran con vida. Por una sencilla razón: saben demasiado, pueden comprometer a demasiada gente y no parecen, tampoco, demasiado preparados para no abrir la boca.
La importancia de su detención estriba precisamente en eso: en poder saber al detalle que ocurrió el 26 de septiembre pasado, pero mucho más allá de eso, en conocer las redes de corrupción de la que eran parte, y no necesariamente la cabeza. Habrá que ver está dónde están dispuestos a hablar pero en esto hay algunos puntos clave: ¿quién ordenó los operativos de esa noche en Iguala?, una pregunta en la que podemos suponer que harán lo que sea para deslindarse de responsabilidades directas. Pero igual de importante es saber cómo opera (iba a escribir operaba, para nada indica que esa trama sea parte del pasado) la delincuencia en la región y en el estado. ¿Quién los ayudó a escapar?¿Cuál era la relación de Abarca con Lázaro Mazón y con Angel Aguirre, pero también cuál era la relación de éste último con la señora Pineda? ¿Y cómo operaba ella como jefa política de los Guerreros Unidos, según lo declaró de Sidronio Casarrubias, el líder de ese grupo criminal?¿Es verdad que Guerreros Unidos financió, vía la señora Pineda, la campaña no sólo de Abarca sino también la de Aguirre?¿ participaron económicamente en la presidencial de López Obrador en el 2012?.
Por supuesto que hay mucho más que se podría y debería preguntar y que exige una respuesta. Pero todo eso es posible por un hecho: porque los Abarca están vivos y fueron detenidos. No se encontraron sus cuerpos en una fosa común ni murieron en medio de un enfrentamiento.
Las condiciones del lugar donde vivían hace suponer que los Abarca sabían que nadie daba ya un peso porque se mantuvieran con vida: por el lugar y las condiciones parece evidente que en este último mes se tuvieron que mantener sin recurrir a ningún apoyo externo importante. Estaban solos y me temo que se escondían no sólo de las autoridades sino también de sus anteriores aliados y cómplices.
Habrá que esperar las declaraciones de Abarca y Pineda para saber si son, como se dijo ayer, la pieza que faltaba en el rompecabezas de Iguala. Probablemente faltarán más para completarlo, pero sin duda la detención contribuirá a tener, por lo menos, una explicación mucho más completa de lo sucedido, asumiendo, de todas formas, que sin que aparezcan los jóvenes secuestrados, vivos o muertos, será imposible cerrar este capítulo.
Más allá de eso habrá que atender el llamado presidencial para lograr un pacto entre las fuerzas políticas y los distintos ámbitos de poder para garantizar el estado de derecho en el país. Es necesario y útil pero debemos recordar que esos pactos ya se firmaron en el pasado. El más importante en agosto del 2008, con el país todavía conmocionado por el secuestro y asesinato de Fernando, el hijo de Alejandro Martí. En aquella ocasión, marcada por el discurso de Alejandro, exigiéndole a los funcionarios que si no podían, renunciaran, en Palacio Nacional estuvieron representantes de los tres poderes, todos los gobernadores y el jefe de gobierno, legisladores, magistrados, representantes de organizaciones civiles. En aquel pacto se firmaron cerca de 80 compromisos…y seis años después no se ha cumplido plenamente ni un tercio de los mismos.
Los pactos sirven si se transforman en leyes y las leyes se cumplen y hacen cumplir. Nuestro mayor desafío, sin duda, es la impunidad: la misma impunidad que permite que policías secuestren y desaparezcan a decenas de jóvenes, y que también permite que éstos se movilicen en autobuses robados a sus legítimos propietarios o que en cada manifestación hagan exhibición de su capacidad de violencia. Es una forma de impunidad que que se aprueben leyes que luego se desconocen desde el propio poder o que los delincuentes sean liberados sin mayores consideraciones.
Apenas el lunes insistíamos en que en todos los estados debe haber un nueva policía basada en el modelo de la policía federal, que deben tener mando único y que esos mandos deben estar obligatoriamente coordinados con las fuerzas federales. El cambio de la PGR en Fiscalía debe obligar a un proceso similar en todos los estados pero con fiscales realmente independientes. En el poder judicial debe haber una limpia que erradique la creciente corrupción en el mismo, en todos los niveles. Todo eso debe ser parte del nuevo Pacto, pero si todo eso no es parte de leyes que se cumplan y se hagan cumplir, servirá de poco, será, una más, una suma de compromisos formalmente enunciados y nunca cumplidos.
Jorge Fernández Menéndez