25-11-2014 Si hace apenas dos semanas, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos pidió tomar “decisiones acertadas para ponderar desafíos y para consolidar el rumbo” e insistió en que ‘‘la indolencia, la insensibilidad, el silencio, la violencia desmedida y la complicidad, obstruyen y limitan la verdadera esencia de la justicia’’, destacando que ‘‘el rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos, mancillan convicciones, frenan el potencial que tiene el país y debilitan las instituciones’’, este fin de semana su homólogo de la Marina Armada de México, el almirante Vidal Francisco Soberón, dijo frente al presidente Peña que intereses “mezquinos, enmascarados y encubiertos, laceran a la nación”, por lo que llamó, recordando el discurso del general Cienfuegos, a la integración de esfuerzos y a “la genuina cohesión social” para garantizar la seguridad en México.
No son dos discursos más. Son parte del realineamiento de esfuerzos que tendrán en las próximas horas o días (se esperaba que para hoy, ahora se habla del próximo jueves) expresión en una serie de medidas y propuestas que permitan no sólo tratar de salvar la critica situación en seguridad y justicia, sino también echar a andar el sistema nacional anticorrupción y, esperemos, ayudar a remediar la difícil situación económica que viven la mayoría de los mexicanos.
Lo ocurrido con los provocadores que reventaron la marcha del jueves ejemplifica bien quienes apostarán por una u otra vía. Ahí están quienes se quejan de que haya habido detenciones, quienes dicen que es una barbaridad enviar a estos jóvenes a prisión, hay personajes políticos que se han prestado a pagar sus fianzas, y hay quienes, como Miguel Barbosa, el presidente del Senado, han dicho que preservando el derecho a la manifestación, a los provocadores hay que identificarlos, acusarlos, detenerlos y castigarlos.
Apostar a cualquier otra cosa es hacerlo a la desestabilización. Pensar que ese proceso no existe es creer que no hay intereses afectados por las recientes reformas o por decisiones de poder, que están participando en la radicalización de las protestas legítimas, o en su manejo mediático. Lo que estamos viviendo tiene antecedentes en lo sucedido en el 94. Quizás a causa de lecturas muy recientes, los paralelismos con la Italia del secuestro y la muerte de Aldo Moro, me parecen evidentes.
Lo cierto es que sin acuerdos y sin tomar decisiones será muy difícil trascender el momento. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que “se tiene que modificar lo que no está caminando bien, y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario respecto a donde hay debilidad del Estado mexicano, donde hay debilidad particularmente en los municipios”. Agregó que el presidente Peña atacará “lo que no ha funcionado, lo que se tiene que renovar, cambiar”, y que habrá un anuncio importante “y será esta misma semana”.
Ojalá así sea. De todas formas hay que insistir en que no es solamente el estado de derecho, la seguridad y la corrupción lo que debe atenderse. La situación económica es crítica para darle vialidad a esa agenda. Con todo y el caso Ayotzinapa, a la mayoría de la gente, como lo demuestra la encuesta de BGC y asociados que publicó ayer Excélsior, la economía les preocupa más que la seguridad y ello no quiere decir que la seguridad esté muy bien, sino que la situación de la economía cotidiana es, para muchos desesperada.
Apenas ayer se informó que la inflación el mes pasado fue del 4.6 por ciento, el viernes se reconoció que se debía reconsiderar a la baja la tasa de crecimiento, que si bien nos va quedará en cerca del 2 por ciento. Los salarios no crecen, al contrario y los empleos tienen un crecimiento marginal respecto a las necesidades. Las movilizaciones y protestas se han dado, sobre todo, en el DF, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, también en Chiapas, Morelos y en el estado de México. Pero quien haya ido recientemente a Monterrey o Guadalajara, a cualquier ciudad sobre todo de la frontera norte, quien hablé con empresarios o profesionistas de cualquier lugar de la república, comprenderá que el enojo va más allá de la muy justificable indignación por el caso Iguala, y se alimenta de la falta de perspectivas económicas. Eso no se puede solucionar por decreto, pero sí se puede, por decreto, aligerar a la gente en una coyuntura tan difícil.
El punto es operar ahora para poder recuperar mañana. Pocos estados de la república lo reflejan mejor que Tamaulipas. Allí se están realizando labores serias para recuperar los cuerpos de seguridad. También se están sobrellevando los costos del incremento del IVA en la frontera. Pero el potencial energético del estado es enorme con las nuevas reformas. El de Egidio Torre, como otros estados, necesita tiempo y espacio para que las reformas maduren y salir de la coyuntura. Se lo deben dar el gobierno y los acuerdos.
Jorge Fernández Menéndez