Para Ana, que floreció en Suecia y
que me enorgullece día con día
11-12-2014 La Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero y los voceros de los familiares de Ayotzinapa, han dado un salto mortal: ya el eje no es ningún objetivo humanitario. Ahora ya han declarado públicamente que no quieren elecciones hasta que aparezcan con vida los normalistas desaparecidos.
Saben perfectamente que los jóvenes no aparecerán con vida, que incluso sus restos han sido esparcidos, pero ligar esa demanda a la realización de elecciones es, por lo menos, irracional. Que haya elecciones, y que la gente califique, premie o castigue a sus gobernantes tendría que ser el objetivo de cualquier grupo político, salvo que su interés esté en el poder pero no por la vía electoral.
Los líderes de la CETEG, de los grupos de autodefensas y los voceros de los familiares (no deja de ser significativo que el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, en realidad no tenga ningún familiar que haya sido víctima en Iguala ni en ninguna otra circunstancia) son lo mismo: vienen de las mismas corrientes políticas y son parte de una misma estrategia, que lidera la sección guerrerense de la Coordinadora, con íntimas ligas con organizaciones radicales y grupos como Morena, igual que la sección 22 en Oaxaca.
La CETEG, usando como eco a los voceros de los familiares se ha impuesto llevar a la mayor desestabilización posible al estado de Guerrero con el objetivo de impedir que haya elecciones. Y lo está haciendo utilizando los mismos métodos que usaron, en su momento, grupos como Sendero Luminoso, con las mismas palabras y formas de actuar. Ahora han decidido tomar las sedes de los partidos, perseguir a sus integrantes en restaurantes y oficinas privadas y secuestrar a sus dirigentes e incluso a diputados, obligarlos a firmar documentos, atarlos, ponerles cadenas, marchar con ellos con mantas que los identifican, entre otras cosas, como “perros traidores”. Han sido explícitos, por ejemplo con medios y cámaras empresariales, de que no aceptarán ser criticados y que tomarán medidas contra quien lo haga. No hay la menor moderación y tampoco se les pone límites. Tienen tomados o impiden trabajar a las autoridades de 40 municipios de los poco más de 70 que tiene Guerrero. También están impidiendo trabajar al Instituto Nacional Electoral en la entidad, tomando módulos y oficinas, bloqueando sus tareas básicas.
El objetivo declarado es evitar que haya elecciones y desaparecer todos los poderes en el estado. En los hechos, lo que buscan es la conformación de organismos de autogobeirno “populares” controlados por ellos mismos que se hagan, de facto, con el control del estado. Por eso no quieren que la gente vote, que elija a sus gobernantes, que las instituciones puedan funcionar, que los partidos designen candidatos, que haya una policía única o que el gobierno federal pueda intervenir municipios ante indicios de relación de las autoridades con los grupos criminales.
El que ha dado la CETEG y que siguen los voceros de los familiares, es un salto político demasiado arriesgado. El tema ya no tiene nada que ver con las causas educativas, fueran o no compartibles, ni tampoco humanitarias. Es una agenda política extremadamente radical. Lo que llama la atención es el silencio de los partidos y de las instituciones: ¿dónde quedó la entereza del PRD cuando ve que sus instalaciones son saqueadas, sus diputados amordazados, secuestrados y paseados por las calles con carteles incriminatorios?¿qué sucede con las autoridades del estado y las federales que no reaccionan ni siquiera cuando se toma el palacio de gobierno?¿porqué las autoridades electorales no denuncian judicialmente que no les permiten realizar su trabajo?.
Plantear la cancelación de las elecciones hasta que aparezcan con vida los jóvenes desaparecidos en Iguala, los ataques directos a legisladores y dirigentes partidarios, el secuestro y humillación de políticos y funcionarios, son provocaciones que forman parte de una escalada de violencia que es, en última instancia, golpista porque intenta anular los derechos básicos de la ciudadanía: el derecho a elegir y ser elegido en un proceso democrático, de participar políticamente, el derecho a expresar libremente sus ideas, a transitar, a la convivencia, a la salud, al patrimonio. Todo eso intenta ser cancelado por un grupo minoritario recurriendo, simplemente, a la fuerza y aprovechando la impunidad de la que gozan.
Por cierto, los verdaderos familiares de los jóvenes de la normal ¿les han preguntado a sus voceros y a sus dirigentes, porqué los normalistas de primer ingreso fueron enviados de Ayotzinapa a Iguala, a más de 200 kilómetros de su escuela?. ¿A qué fueron?¿porqué fueron?¿quién se hace responsable de ello?¿qué dicen las autoridades de la escuela y sus voceros al respecto?. Porque contestar esas preguntas debe ser parte de las líneas de investigación de este terrible crimen.
Jorge Fernández Menéndez