19-01-2015 Las economías funcionan cuando producen, cuando la gente consume, cuando se permite que haya dinero en el mercado. Por supuesto que todo eso se tiene que hace respetando las propias reglas del mercado y la disciplina financiera de los países. Pero cada vez más se está comprendiendo más que, siendo imprescindible, la disciplina por sí misma no es suficiente para tener una economía sana. Y que el gasto, en ese sentido, debe ser productivo y no perderse en los confines de la burocracia y/o la corrupción.
Por ejemplo, Estados Unidos ha recuperado el crecimiento, la creación de empleos y los esfuerzos fiscales están cada vez más focalizados. El propio presidente Obama ha insistido en la búsqueda de reducciones fiscales para la clase media que ha sido la más castigada y la que más ha sufrido desde la crisis del 2008. Y lo hace en un momento en el cual, no nos engañemos, muchas empresas petroleras o energéticas de nuevo cuño que eran las que le habían permitido recuperar la autosuficiencia energética, estarán en serios problemas por la caída del precio del petróleo (por debajo de los 60 dólares la mayoría de ellas no son rentables).
Pero lo cierto es que, en paralelo, en una economía que está siendo impulsada hacia la producción y el consumo, los precios bajos del crudo se convierten también en una oportunidad. Y eso es lo que intentará Obama liberando aunque sea un poco la capacidad de las clases medias. Hay quienes dicen, sobre todo los republicanos, que no son las medidas de Obama las que reactivaron la economía, sino las políticas de la Reserva Federal. En parte es verdad, pero Obama hizo suyas esas medidas y las adicionó con las propias estrategias de la Casa Blanca, como el tratamiento fiscal o el decidido impulso al sector energético propio.
Cuando vemos lo que sucede de este lado de la frontera lo que tenemos es una economía con un crecimiento económico inercial, muy lejos del de nuestro principal socio y cliente que es Estados Unidos, que incluso ya nos vende crudo: dependemos mucho de los ingresos fiscales del petróleo, y no se termina de establecer una política que apoye al consumo de las clases medias. Al contrario: ésta se encuentra ahogada, lo mismo que muchas empresas, entre los requerimientos fiscales y otras regulaciones. La gente no consume, los empresarios no invierten, o por lo menos no lo hacen dentro de nuestro país.
Se dice, y es verdad, que esa disciplina fiscal es imprescindible para emprender proyectos productivos, etc. Pero también todo entusiasmo desaparece cuando se ve cuándo y cómo se gasta ese dinero. Ejemplos: decíamos desde la semana pasada que las elecciones de este año, incluyendo sólo el dinero correspondiente al gasto de los partidos, será superior a los 5 mil 300 millones de pesos. El gasto operativo del Instituto Nacional Electoral sumará otros 13 mil 200 millones de pesos. Pero también decíamos que no era verdad que ese fuera el gasto total ejercido en los partidos políticos: hay que sumar los millones de spots inútiles tanto de autoridades como de partidos en radio y televisión (se podrá argumentar que son gratis: no es así, las empresas proporcionan un altísimo porcentaje de su tiempo de comercialización para esos anuncios, como no pueden comercializar pierden ese dinero y eso se refleja en costos de operación y, en recortes o una menor expansión).
También se dijo que con la reforma electoral, que centraliza el proceso, las elecciones serían más baratas. Pues no ha sido así: el presupuesto del INE aumentó por esa centralización pero también aumenta el de los Organismos Públicos Locales Electorales (que reemplazaron a los institutos locales) que vieron aumentar su presupuesto nada menos que en un 70 por ciento más que en 2012: tendrán ahora un presupuesto de 13 mil 452 millones. Súmele a eso lo que le entregan a los partidos a nivel local, lo que recibe cada bancada en los congresos locales y federal. Y la suma termina siendo exhorbitante. ¿Lo merecen nuestra democracia y nuestros partidos?.
Pero consentir a otros actores políticos también tiene un costo. Ayer se dio a conocer que de acuerdo al censo del año pasado, la SEP está pagando el salario de 115 mil plazas de maestros que en realidad no están ocupadas, son de personas que en general se han jubilado, pero sin embargo alguien sigue cobrando sus salarios. Además hay unos 30 mil comisionados sindicales que también cobran. En las secciones de Guerrero o Oaxaca, esas cifras son mucho mayores, por la sencilla razón de que, por ejemplo en la sección 22 no se permitió hacer el censo y los salarios se pagarán con bases en un plantilleo (una lista) otorgada por el propio sindicato de quienes trabajan y quiénes deben cobrar. Además de que les acaban de otorgar otras 800 plazas que no tienen sustento laboral alguno.
¿Cuánto cuesta todo esto?¿Cuántos recursos que podrían estar al servicio del gasto productivo nos generan los partidos, los grupos políticos de presión y muchos otros?¿Cuántos millones se van a la basura?