05-02-2015 Hay quienes sostienen que el presidente Peña obró mal al ordenar al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que realizara una investigación sobre si se incurrió en algún delito en los casos de la casa de su esposa, Angélica Rivera, la suya propia en Ixtapan de la Sal y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco. Dicen que un subordinado no puede investigar a su jefe.
Es una verdad a medias. Primero, porque la Función Pública es el único organismo que tiene atribuciones para hacer, de origen, una investigación de ese tipo. No hay otro, quizás el día de mañana se podría avanzar en otro tipo de instituciones, sobre todo si se saca adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, pero hoy la única institución que puede determinar, en principio, si se violó alguna ley, reglamento o si hubo favoritismo en los contratos que recibieron las empresas involucradas en estos casos, que es lo que en realidad indagará la dependencia, es la secretaría de la Función Pública. De acuerdo a sus resoluciones, podrá establecer o no sanciones administrativas o dar vista a autoridades judiciales.
La Auditoria Superior de la Federación puede hacer observaciones a la cuenta pública del 2013 y 2014, si es que encuentra irregularidades en cualquier contrato realizado con recursos públicos federales. Y el congreso, si así lo decide y para eso se necesita una mayoría, podría crear una comisión que en todo caso daría a conocer sus recomendaciones a las autoridades judiciales. Ni una ni otra instancia podrían avanzar legalmente más que la SFP. Es una de las razones por las que se debe sacar adelante el sistema nacional anticorrupción (sin duda la mejor propuesta al respecto es la que presentó el PAN, debe avanzar en el congreso) pero esa es nuestra realidad institucional hoy en día.
Tampoco veo que existan elementos legales suficientes para procesar o castigar a Angélica Rivera, Luis Videgaray o al presidente Peña sobre estos temas. En todo caso habrá que revisar los contratos otorgados a las constructoras involucradas. Pero si no hay irregularidades en ellos no hay delito que perseguir. En el caso de la señora Rivera, por más desaseada que haya sido la compra de su propiedad, ella no era funcionaria pública, y tampoco esposa del presidente cuando compró la casa. Se podrá argumentar que el manejo en todos los casos puede ser sospechoso, incluso alguien argumentará que fue poco ético, pero de lo que estamos hablando es de decisiones legales y de aplicación de la justicia.
Las comisiones legislativas son instrumentos de promoción y una vía para canalizar ataques, pero no para determinar la culpabilidad o no de un funcionario. El caso más notable de una comisión legislativa que se mantuvo por años, designó un fiscal especial, gastó millones de dólares y no llegó a nada fue la que se creó en el congreso estadounidense para investigar al presidente Bill Clinton y a su esposa Hillary por el caso Whitewater. Seis años después de una investigación donde se cometieron hasta los mayores excesos políticos y judiciales, el fiscal Robert Ray cerró definitivamente el caso, aceptando que no tenía elementos como para probar que el presidente o su esposa habían cometido algún acto criminal.
La investigación de Ray, que había reemplazado al impresentable fiscal Kenneth Starr, costó 56 millones de dólares al erario público y 100 millones a la pareja presidencial. La fiscalía llegó a contratar a más de 40 empleados independientes, incluyendo abogados y agentes del FBI. Whitewater había sido una inversión inmobiliaria, que los Clinton emprendieron junto al matrimonio de Susan y Jim McDougal, una pareja de Arkansas, cuando Bill era gobernador del estado. El financiamiento del proyecto, que era un lugar de vacaciones en las montañas Ozark, estaba a cargo de un banco local, Madison Guaranty Savings & Loans, cuyo dueño era también McDougal. El proyecto fracasó cuando la financiera quebró. Lo que Starr, primero, y Ray después, quisieron demostrar es que Clinton había presionado a un funcionario para que le concediera un préstamo a McDougal, para salvar a la financiera y por ende a Whitewater. Eso nunca pudo ser comprobado porque ni un gobernador ni un presidente autorizan ese tipo de operaciones. Con tal de encausar a Clinton, el fiscal Starr inició una serie de investigaciones paralelas. Aunque el caso Lewinsky nunca tuvo nada que ver con el negocio inmobiliario, el fiscal Starr usó sus atribuciones para indagar hasta la vida sexual del presidente. Los Clinton mantuvieron durante todo el tiempo su inocencia. Y en el 2000 fueron finalmente exonerados. El caso, se dijo después, nunca tendría que haber sido siquiera investigado.
Hoy quizás es políticamente incorrecto decirlo pero ¿alguien cree que Peña tendría que haber impulsado una comisión similar tipo Whitewater?¿con qué objeto?. En política (y en la vida) dispararse un tiro en un pie sin ninguna necesidad siempre es una mala recomendación.