09-02-2015 Hoy el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, hablará sobre la lealtad, la que brindan las fuerzas armadas a las instituciones y al Estado mexicano. Lo hará en un momento difícil para las fuerzas armadas porque esa misma lealtad en ocasiones no es recíproca y porque quienes apuestan a la desestabilización, sabiendo que en muy buena medida el andamiaje del Estado mexicano en muchos ámbitos, sobre todo en el de la seguridad, se sostiene por esa lealtad institucional de soldados y marinos, han decidido colocar al ejército y la marina en el centro de sus ataques.
Dos temas son centrales en esa ofensiva mediática: uno, es el delirante argumento de que los jóvenes desaparecidos en Iguala fueron tomados por el ejército e incluso incinerados en hornos crematorios de la institución. Una acusación que hacen los dirigentes de la CETEG (que son los que en realidad controlan Ayotzinapa y a los familiares, con fuerte influencia interna de grupos armados) sin fundamento alguno, sin una sola prueba o testimonio verosímil, pero con insistencia queriendo equiparar un hecho terrible, violento y que muestra la penetración del crimen organizado en las instituciones locales del estado, con un crimen de Estado.
El otro tema es el de la muerte de 22 integrantes de un grupo criminal en Tlatlaya, en el estado de México, un tema que se presenta como cosa juzgada cuando en realidad está muy lejos de serlo. Es verdad que existe un recomendación de la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema, pero fue realiza de última hora por su anterior presidente, en el marco en el que buscaba apoyos para su reelección. Casualmente las versiones preliminares que había presentado habían sido muy diferentes a las finales.
La recomendación tiene todo tipo de contradicciones cuando se analiza desde una lógica judicial. Según la recomendación de la CNDH y un reportaje publicado sobre el tema en una revista estadounidense, el 30 de junio a las 5 de la mañana, luego de un enfrentamiento contra un grupo de agresores que se localizaban en una bodega en el poblado de Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, estado de México, un grupo de soldados penetraron en la bodega y ajusticiaron a los sobrevivientes. No hay pruebas periciales sólidas al respecto pero semanas después de que sucedieron los hechos sí aparecieron los testimonios de las mujeres que fueron rescatadas en el lugar, cuando argumentaron que estaban secuestradas por este grupo. El hecho es que esas mujeres eran parte del grupo criminal. Dos de las tres están procesadas porque se comprobó ese vínculo. Ahora piden, por supuesto, ser dejadas en libertad.
Sus testimonios son muy peculiares, porque exclusivamente de oídas, dicen que pudieron identificar cuáles eran las armas que utilizaban los agresores y cuáles los soldados, así como el lugar exacto donde se producían los disparos. No es nada sencillo porque el grupo agresor, contaba y utilizó, 25 armas largas, incluyendo 16 fusiles AK 47, seis fusiles AR 15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores para armas de distintos calibres y estábamos hablando de 22 elementos contra una patrulla militar de ocho personas, uno de los cuales resultó herido.
Según los militares que intervinieron en los hechos, luego de la agresión y de un largo tiroteo, cuando se suspendió el fuego, tres elementos ingresaron a la bodega, allí vieron movimientos y personas que los amenazaban con armas, y dispararon contra sus agresores. Allí mismo liberaron a las tres mujeres que entonces dijeron que habían sido secuestradas por los criminales. Según el testimonio presentado tiempo después por una testigo, que no puede ser otra que una de estas mujeres, lo que sucedió fue que los integrantes de la patrulla militar mataron a los que se rindieron dentro de la bodega.
Puede ser, pero también la versión de los tres militares que entraron al lugar es verosímil. Lo que es inverosímil es que las mujeres sólo con el oído puedan diferenciar quiénes hacían los disparos, que armas eran, si eran los militares o los criminales los que disparaban y desde dónde. Y una pregunta que no ha podido ser respondida por ninguno de los acusadores: si una patrulla militar penetró a la bodega con el fin de matar a los sobrevivientes que quedaban, ¿por qué les perdonarían la vida a estas mujeres que evidentemente eran parte del grupo?¿porqué a ellas las pusieron a disposición de la justicia y a los otros no?.
El tema Tlatlaya no es un punto menor en la agenda de la seguridad ni en la de la relación del ejército con las instituciones y con la sociedad. Desde diciembre del 2012 hasta la fecha el ejército ha sufrido 820 agresiones de grupos armados que le han costado la vida a 44 militares y dejado herido a otros 264 elementos. Puede ser que alguno de sus elementos haya violado o no la ley en Tlatlaya, pero merecen un proceso penal basado en evidencias y peritajes y no en juicios mediáticos o juegos de poder.