24-02-2015 El jueves cuando concluía la celebración del día del Ejército en Chilpancingo, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos atacaron con cohetones (es una simplificación calificarlos así: se trata de explosivos caseros, como se puede ver en los videos de prensa, que se lanzan con armas también artesanales pero que pueden hacer daños muy graves sobre todo si pegan a alguna persona) y molotovs, piedras y lo que tuvieron a su alcance, un cuartel militar en la capital del estado. Cuando llegaron hacía unos minutos que había concluido la ceremonia que encabezó, es un decir, el gobernador (otro decir) Rogelio Ortega. Durante todo el ataque, que se prolongó durante muy largos minutos, no intervino ninguna autoridad para detener las acciones vandálicas.
Unas horas antes, cerca de la una de la noche, el mismo grupo, identificado con la CETEG, como le informamos aquí el viernes, había canjeado a dos empresarios de Coca Cola a los que habían secuestrado dentro de la misma distribuidora de la empresa, para canjearlos por tres estudiantes de una de las normales rurales que controla la Coordinadora, que habían sido detenidos por las autoridades saqueando un camión de la empresa refresquera.
Hay que recordar, como escribíamos el viernes, que ese mismo miércoles en la mañana, un grupo de representantes de empresas globales le informó al presidente Peña que realizará este año inversiones por 11 mil millones de dólares. En contraparte le habían pedido al presidente que se garantizara el estado de derecho y la seguridad jurídica. Pocas empresas son más globales que Coca Cola, cuya planta de Chilpancingo es de la empresa Femsa, otra notable empresa global mexicana.
Cuando estaba concluyendo ese encuentro de empresarios globales con el presidente Peña, en Chilpancingo, tres jóvenes que bloqueaban unas calles saquearon un camión de Coca Cola. Son cientos ya los camiones repartidores, de todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, nacionales, transnacionales, que han sido robados y saqueados, y en ocasiones sus conductores agredidos, algunos de ellos de forma brutal.
En esta ocasión, la policía estatal decidió detener a tres de los saqueadores por una denuncia de la empresa. Ante la detención, un grupo de la CETEG fueron a la planta refresquera, diciendo que querían dialogar con los directivos, pero en realidad tomaron las instalaciones, secuestraron a dos ejecutivos, el gerente y el subgerente de la planta, se los llevaron, los mantuvieron retenidos en el plantón de la Coordinadora en el Zócalo de Chilpancingo y como rescate pidieron que se liberara a los jóvenes que habían robado el camión. Para eso se exigió que la empresa levantara la denuncia de robo.
Con la presión de las autoridades, la empresa levantó la denuncia, y los jóvenes vándalos fueron canjeados por los empresarios. Autoridades estatales supervisaron el canje donde apareció como testigo nada menos que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno. El gobierno de Guerrero se apresuró, luego de estos hechos, a garantizarle a la CETEG que no habría represalias y que no tenían intención alguna de desalojar su campamento en el Zócalo de la capital del estado, frente al Palacio de Gobierno. De allí partieron el jueves a media mañana los manifestantes que atacaron el cuartel de Chilpancingo.
La primera reacción ha sido de la propia empresa que obviamente ha decidido cerrar la planta distribuidora y dejar de dar servicio en toda la región ante la falta de seguridad para sus trabajadores y propiedades. Ha habido en el ámbito local quien le ha pedido que reconsidere su decisión pero lo que no se ha considerado es la necesidad de garantizar en Guerrero esa seguridad jurídica y el estado de derecho que reclamaban las empresas globales el pasado miércoles.
Una demanda que tiene ya muchas semanas, ante las pérdidas materiales y de todo tipo que han originado estos actos vandálicos. En una investigación que le presentamos aquí a mediados de enero, o sea hace un mes, los empresarios locales estimaban la pérdidas por saqueos de carga y robo de vehículos en poco más de mil millones de pesos. Pero ninguna autoridad ni entonces ni ahora interviene para impedirlo y entre tanto, incluso ante una denuncia penal, se termina aceptando el canje de ejecutivos secuestrados por saqueadores detenidos in fraganti.
La Coca Cola se irá de Chilpancingo aunque sea temporalmente, y la seguirán muchas otras empresas, tantas como las que no llegarán a Guerrero si las autoridades no deciden acabar con actos que, como lo demostró el ataque al cuartel el jueves pasado, van más allá de cualquier reivindicación social.
¿Cómo puede ser posible?¿qué gran empresa estará decidida a invertir en una ciudad, un estado, un país, donde se secuestra ejecutivos para canjearlos por ladrones?¿a qué se dedica?. Es vergonzoso, lamentable, triste.