14-05-2015 Desde hace una semana, la empresa constructora española OHL está viviendo una profunda crisis por la divulgación de grabaciones de llamadas telefónicas entre sus ejecutivos, que pondrían de manifiesto distintos actos de corrupción en obras realizadas, sobre todo, en el Estado de México. Eso ha provocado la caída de su acción, ha generado despidos en la empresa e incluso la caída de su calificación crediticia.
El tema es grave. Existe ya una investigación a nivel local y federal, y las consecuencias pueden ser graves para la empresa. Pero la crisis de OHL es mayor: en España hay una investigación sobre la misma empresa por financiamiento ilegal al Partido Popular, actualmente en el poder, por el famoso caso Bárcenas, y ha tenido problemas con obras en otros países, también por denuncias de corrupción, como en Qatar, donde le han cancelado la construcción de un hospital.
La acción de OHL estaba cayendo desde meses atrás, antes del escándalo de las grabaciones. Entre noviembre y diciembre del año pasado, el precio de la acción de OHL México presentó una caída de 34.5% (en realidad un 43% desde niveles máximos que había tenido en julio del año pasado). La principal causa es que OHL dijo que asumiría altos grados de deuda para emprender nuevos proyectos. Pero los mercados recibieron mal esa información. Había ya demasiado endeudamiento. Eso no impidió, que hasta mediados del año pasado, fuera la empresa constructora que recibió las mayores obras en todo el país. En sólo año y medio sumó siete contratos por 41 mil 594 millones de pesos, incluido uno de diez mil millones de pesos con el estado de Puebla, que fue facilitado por el Ejecutivo federal, y obras en Cadereyta por más de 13 mil millones de pesos por adjudicación directa. Para comparar la magnitud de estos contratos, los de las tres principales constructoras mexicanas, ICA, Tradeco y Carso, sumaron en su conjunto, en el mismo periodo, nueve mil 412 millones de pesos.
OHL México ha tenido además otros problemas graves. Uno de ellos, muy público, cuando no realizó las obras con el colector para evitar inundaciones en la Fuente de Petróleos, en Reforma y Periférico, en el DF. Los trabajos fueron demandados por el GDF (no lo habían hecho cuando construyeron el segundo piso) cuando en junio de 2014 la lluvia inundó algunas zonas de Polanco y Lomas de Chapultepec. La obra, inicialmente, estaba programada para realizarse en 15 días. La empresa tardó varios meses en finalizar los trabajos. Antes, en el 2011, fue multada con cuatro mil millones de pesos por haber iniciado los trabajos de la Supervía Poniente sin permisos en zona federal. Durante la construcción de la Autopista Urbana Norte, una trabe se desplomó y desplazó otras dos, lo que ocasionó el cierre de Periférico por 16 horas. La lista es mucho más amplia.
Ahora, la difusión de unas llamadas telefónicas parece haber sido la gota que colmó el vaso, y la que colocó el tema en donde debió haber estado siempre: la corrupción, los sobrecostos.
Ayer mismo, en España, el gobierno de Andalucía, que encabeza (sin ser confirmada aún porque no tiene mayoría parlamentaria local) la socialistaSusana Díaz, decidió cancelar la explotación de la mina de Aznalcóllar porque una juez local ordenó hacerlo, tras encontrar que su adjudicación se realizó en un procedimiento “plagado de irregularidades”, saltándose la ley y “sin observar el más mínimo rigor”. Se la había adjudicado a un consorcio formado por una empresa de reciente formación, Minorbis, en realidad subsidiaria de otra empresa mayor, Magtel, aliada con Grupo México, deGermán Larrea.
Según la juez, el consorcio no cumplía ni con uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento de adjudicación. Y, a pesar de eso, la Junta de Andalucía le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años. La juez consideró que el consorcio Minorbis-Grupo México “ni siquiera debería haber superado la primera fase del concurso”.
La mina de Aznalcóllar sufrió en abril de 1998 el mayor desastre medioambiental ocurrido en España. Entre los requisitos que incumple la adjudicación de la mina están incluidos los medioambientales. Grupo México, destacan en la prensa española es, a su vez, la empresa responsable del mayor desastre medioambiental reciente en nuestro país, por el vertido de la mina de Cananea, en el río Sonora.
En Andalucía, se está investigando si hubo tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociación ilegal en la adjudicación. Por cierto, el equipo técnico del consorcio para la explotación de la mina, según la juez, presenta “evidentes carencias y deficiencias”, mientras que la maquinaria tampoco cumple con los requisitos, e incluso no está en España, sino en América, es propiedad de Grupo México.
Son dos historias de corrupción, que corren por caminos paralelos, y que deberían tener también consecuencias legales en México y en España.