18-05-2015 La primera prueba de fuego para el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, será este mes, cuando cerca de 280 mil funcionarios de todos los niveles tendrán que dar a conocer su declaración patrimonial y, junto con ella, por primera ocasión, su declaración de potenciales conflictos de interés. Es decisión de los propios funcionarios hacer pública de forma total o parcial, o mantener en reserva, esa información.
La declaración patrimonial es un instrumento que se utiliza desde hace años. La de interés puede ser, más eficiente aún, para documentar posibles conflictos. Pero debe quedar claro que no puede, no debería, ser un instrumento para esculcar en la vida privada de cualquier funcionario, que tiene derecho, como cualquiera, a tener márgenes de privacidad, en su vida y sus actividades, mientras no interfiera con su desempeño público.
Uno de los puntos que destacarán en las declaraciones de interés serán las actividades empresariales de distintos funcionarios. En otros países eso es lo más normal: la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, es la heredera del grupo Hyatt, y el número 263 entre los personajes más ricos de su país. Ni qué decir de, por ejemplo, el exalcalde de Nueva York,Michael Bloomberg, dueño de un enorme imperio informativo. Esa condición no los hace mejores o peores a la hora de ejercer el gobierno. Y tampoco, si existe claridad en las normas y procedimientos, los lleva a conflictos de interés entre su actividad empresarial y su desempeño público.
En México existe una natural desconfianza a la relación empresario-político por muchas y, en ocasiones bien ganadas, razones: son numerosos los casos en los que políticos, por explotar sus cargos públicos, se convirtieron en notables, riquísimos empresarios. Pero existe una nueva generación: son los que eran o son empresarios, desde antes de comenzar su carrera política, y que comenzaron a tener una participación muy destacada desde el gobierno de Vicente Fox (antes los hubo también, como por ejemplo, el inolvidableGilberto Borja, fundador de ICA, y funcionario con Ernesto Zedillo). La diferencia es notable porque mientras aquellos se beneficiaron de sus puestos públicos para crear una posición empresarial, los actuales tenían ya una carrera empresarial y sus propios recursos antes de entrar en la función pública. Siempre hay, en ambos bandos, excepciones, y en todo caso, en unos y en otros, lo que la sociedad, y en este caso la Función Pública, deben cuidar es que no haya conflictos de interés entre su actividad pública y la empresarial.
¿Quiénes tienen o han tenido una actividad empresarial importante en la administración Peña? El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, proviene de una familia con muchos intereses turísticos y de todo tipo en la isla de Cozumel. Ahora con la Reforma Energética se le acusó de conflicto de interés porque es accionista de unas pocas gasolinerías, lo que resulta absurdo, sobre todo tomando en cuenta que la reforma a las leyes no las hace el secretario sino el Congreso. El secretario de Agricultura y exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, tiene, desde hace muchos años, participación en distribuidoras de automóviles, agencias funerarias y ranchos ganaderos que heredó de su padre. Guillermo Lerdo de Tejada, el coordinador de asesores de Miguel Ángel Osorio Chong, es nada menos que el nieto de don Lorenzo Servitje, fundador y propietario de grupo Bimbo.
El coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República,Eduardo Sánchez, tuvo una larga y destacada carrera como abogado de las principales empresas de comunicación, lo que es bien sabido, pero lo que se sabe mucho menos es que, desde hace años, mucho antes de dedicarse a la política, es un exitoso restaurantero: no hay quien no haya comido un sushide una de sus empresas gastronómicas. Enrique Ochoa, el titular de la CFE, es propietario de un número importante de taxis. El director de Telecom,Jorge Juraidini, que debe haber sufrido como nadie el accidente del cohete que transportaba el satélite mexicano Centenario en el fallido lanzamiento de Baikonur, fue directivo de FEMSA, durante muchos años, antes de convertirse en diputado y, luego, en funcionario federal. El director de Pemex, Emilio Lozoya, fue consejero de empresas de diversos sectores, desde infraestructura hasta de finanzas y fundó varios fondos de capital. Y la lista podría continuar, con funcionarios, legisladores, dirigentes partidarios que tienen diversos negocios privados o han participado en actividades privadas.
Son hombres y mujeres que sabemos de lo que viven y cómo han hecho su fortuna. Los que deberían preocuparnos son los que durante años han vivido de la política, nunca o casi nunca han tenido un trabajo remunerado, y no se dignan, siquiera, decirnos de qué viven. Esos son los peligrosos.