23-06-2015 No es verdad, como se ha publicado, que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, esté siendo acusado en una corte de Texas de haber lavado dinero para el cártel de los Zetas. En efecto, se ha presentado una acusación en una tribunal texano por lavado de dinero en contra de Hernández, pero en ella en ninguna parte se habla de recursos provenientes de los Zetas.
Según la acusación presentada en un juzgado de Corpus Christi, Hernández y su cuñado Oscar Gómez Guerra (está casado con una hermana de Hernández), enfrentan cargos de asociación ilícita para lavar instrumentos monetarios y ser cómplices de la operación de una empresa no autorizada para envío de dinero. La misma estaba levantada desde el 27 de mayo pasado y apenas el viernes, el fiscal Kenneth Magidson, de Texas, reveló esa acusación con la que el gobierno de ese país busca condenar a ambos al pago de 30 millones de dólares.
El mismo viernes, Eugenio Hernández negó las acusaciones, sostuvo que su dinero y sus propiedades, dos en Texas, son producto de años de trabajo empresarial, desde mucho de que fuera gobernador en su entidad, labor empresarial que continuó desarrollando después de concluir su administración. Se dijo sorprendido por la acusación ya que la misma parecía haber quedado esclarecida y cerrada varios meses atrás.
Las versiones sobre Hernández comenzaron a circular desde que se inició el proceso contra su antecesor Tomás Yarrington, cuando varios colaboradores cercanos a éste estuvieron relacionados con el narcotráfico. Existen versiones muy sustentadas que incluso hablan de la participación de alguno de esos personajes en la organización del asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, hermano de quien los reemplazó después de ese crimen Egidio Torre Cantú, el actual mandatario tamaulipeco.
En este espacio hemos insistido en la necesidad de investigar a Yarrington y a varios de sus colaboradores por esas acusaciones, aunque hasta ahora la justicia estadounidense no ha proporcionado pruebas en contra del ex gobernador, salvo la condena de un colaborador muy cercano a Yarrinton, Antonio Peña Arguelles, que recibió apenas dos años y medio de prisión por haberse declarado culpable de lavado de dinero y colaboración con grupos del narcotráfico.
En su momento hemos investigado y platicado con los principales funcionarios en seguridad del sexenio pasado (cuando Hernández estuvo en funciones). Ninguno de ellos tenía señalamientos contra Hernández respecto a estar relacionado con el narcotráfico. Existían profundas diferencias políticas con el entonces gobernador de Tamaulipas, pero todos ellos coincidían que, aunque en áreas de inteligencia había sido investigado por el inusitado grado de violencia criminal que existía en su estado, no se encontraron pruebas de esa relación.
Uno de esos funcionarios, responsable además de coordinar los programas de seguridad en Nuevo León y Tamaulipas, me decía que, pese a que existía una relación personal muy difícil entre el presidente Calderón y el gobernador Hernández, las diferencias eran por la comprensión de la responsabilidad que ambos tenían en la coyuntura de seguridad: mientras el presidente Calderón quería que los gobernadores se involucraran directamente en esa lucha, metieran las manos en ella, muchos gobernadores (en mi opinión en forma errada) pensaban que la persecución del narcotráfico era una responsabilidad federal y que la del gobierno local era coadyuvar en ella. En otras palabras, la máxima acusación que le podían hacer a Eugenio Hernández era que no “metía las manos” lo suficiente en esa lucha, pero reconocían que había colaborado en todo lo que se le había solicitado. Tampoco hay rastro alguno de relación de Hernández o algún cercano colaborador suyo en lo poco que se conoce sobre la investigación de Rodolfo Torre Cantú quien era, por cierto, un político muy cercano a Hernández.
Como gobernador Hernández tuvo aciertos y errores, y le tocó el momento más brutal de la violencia del narco, en muy buena medida heredada. Por otra parte, su afirmación sobre su patrimonio personal, producto de labores empresariales privadas, es verídica. La acusación estadounidense, en realidad, tiene mucha mayor relación con los añejos conflictos políticos que se cocinan desde hace años en Tamaulipas y que buscan reflectores y cajas de resonancia en Texas que con la realidad.
Conflictos y reflectores en los cuales no está exenta la búsqueda de protagonismo, espacios de poder y también, lisa y llanamente, dinero. En este caso, el de Eugenio Hernández, las acusaciones son por infundadas y eso lo podrían atestiguar empresarios, políticos y funcionarios, cercanos y adversarios, con los que ha convivido y trabajado. Algún día tendremos que comprender, en los gobiernos, en la justicia y en la sociedad, que no porque provengan de una corte estadounidense, todas las denuncias son ciertas, ni siquiera verosímiles.