24-08-2015 El sábado en El País, la filósofa española Adela Cortina advertía sobre “aquellos iluminados que no aceptan más juez que su propia conciencia”. Esto viene a cuento por las reacciones suscitadas luego de que el informe del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, declarara que tanto el presidente Peña como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no incurrieron en un conflicto de intereses por la adquisición de sus respectivas propiedades, incluyendo la llamada Casa Blanca, de la señora Angélica Rivera.
Nadie se debería sorprender por la decisión porque en términos legales era imposible que hubiera algún delito que perseguir. Primero, porque la figura de conflicto de interés como tal no existía legalmente cuando ocurrieron los hechos, apenas se incorporó a la legislación con el sistema nacional anticorrupción y éste ni siquiera tiene sus leyes reglamentarias aprobadas. Segundo, porque la Secretaría de la Función Pública sólo puede investigar (ahora también con la reforma sus atribuciones son mayores, pero las leyes no son retroactivas) a funcionarios federales. Y cuando se dio la compra de las casas ni Peña ni Videgaray ni la señora Angélica Rivera (ella ni antes ni ahora) eran funcionarios federales. Tercero, porque ninguno de los contratos de Grupo Higa han sido firmados o autorizados ni por el presidente Peña ni por su secretario de Hacienda. Y cuarto, porque de esos contratos fueron otorgados lícitamente y muchos vía licitación. La validez de esos contratos es lo que debía y podía investigar la SFP y es lo que hizo.
¿Podía hacer esa investigación otra instancia? No, la Auditoría Superior de la Federación puede hacer observaciones y canalizar denuncias ante el ministerio público, si es que encuentra irregularidades en cualquier contrato realizado con recursos públicos federales. No las encontró.
El 5 de febrero pasado decíamos en este espacio que no veíamos que existieran “elementos legales suficientes para procesar o castigar a Angélica Rivera, Luis Videgaray o al presidente Peña sobre estos temas. En todo caso habrá que revisar los contratos otorgados a las constructoras involucradas. Pero si no hay irregularidades en ellos no hay delito que perseguir. En el caso de la señora Rivera, por más desaseada que haya sido la compra de su propiedad, ella no era funcionaria pública, y tampoco esposa del Presidente cuando compró la casa. Se podrá argumentar que el manejo en todos los casos puede ser sospechoso, incluso, alguien argumentará que fue poco ético, pero de lo que estamos hablando es de decisiones legales y de aplicación de la justicia”. Y en términos legales, insistimos, no hay delito alguno que perseguir… aunque sea políticamente incorrecto decirlo.
También decíamos el 5 de febrero pasado que las comisiones legislativas como las que se propuso impulsar “son instrumentos de promoción y una vía para canalizar ataques, pero no para determinar la culpabilidad o no de un funcionario. El caso más notable fue la que se creó en el Congreso estadunidense para investigar al presidente Bill Clinton y a su esposa Hillarypor el caso Whitewater. Seis años después de una investigación donde se cometieron los mayores excesos políticos y judiciales, el fiscal Robert Raycerró definitivamente el caso, aceptando que no tenía elementos como para probar que el presidente o su esposa habían cometido algún acto criminal. La investigación de Ray, que había reemplazado al impresentable fiscalKenneth Starr, costó 56 millones de dólares al erario y 100 millones a la pareja presidencial. La fiscalía llegó a contratar a más de 40 empleados independientes, incluyendo abogados y agentes del FBI”. El caso, se dijo después, nunca tendría que haber sido siquiera investigado porque no tenía base legal, sino política: sacar del cargo a Clinton.
Con todo esto se cierra un capítulo político (aunque en la opinión pública, por supuesto, el tema seguirá abierto) que ha tenido altos costos para la administración y para el país, incluyendo la cancelación de obras importantes como el tren México-Querétaro con todas sus repercusiones. Y se desvanecen, también, otros intentos que, esos sí, rayan en lo ridículo. Uno de ellos, el de la separación, divorcio o como se lo quiera llamar de la pareja presidencial. El viernes el presidente Peña fue lo suficientemente enfático sobre su relación personal como para desechar un tema que en todo caso sería del ámbito estrictamente privado.
Por cierto, la señora Rivera regresó, sin ejercer su opción de compra, la Casa Blanca a Grupo Higa, y pagó poco más de diez millones de pesos por el periodo de arrendamiento. Y todos los cheques fueron librados desde su cuenta personal.
Cuando el país y el mundo están amenazados por una crisis que puede ser económica, política, de seguridad y social, sería bueno pasar ya a otra cosa, olvidando debates tan trascendentes como esos o los de los calcetines del Presidente.