01-10-2015 La historia que publica Pedro Tonantzin en la primera plana de Excélsior ayer, podría parecer parte de una mala novela si no fuera realidad. Asumieron los presidentes municipales en Guerrero, y en Iguala, regresa a gobernar, nada menos en el área de seguridad, la gente de José Luis Abarca, ahora con el membrete del PRI. Asume la alcaldía Esteban Albarrán, quien tuvo a bien designar como secretario de seguridad pública a Crisóforo Tinoco Bahena, que ocupó ese cargo en el primer año de gobierno de Abarca y fue cesado cuando con un grupo de policías encabezó un ataque contra otros policías en Teleoloapan, dejando dos muertos. Desde entonces se dijo que estaba relacionado con Guerreros Unidos. También el presidente municipal Albarrán designó como director de tránsito a otro ex funcionario de Abarca: Martín Ocampo Artega, un hombre que fue investigado, pero no detenido, por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Finalmente, el cabildo municipal impidió tal despropósito, pero la intención de esas designaciones fue manifiesta.
Nadie está descubriendo el hilo negro: el señor Crisóforo Tinoco es sospechoso desde hace años de esos delitos. El 13 de junio del 2013, el periódico El Sur publicó una denuncia contra el entonces jefe de la policía de Iguala que no dejaba mucho lugar a las dudas. “El dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Rafael Ochoa Ochoa, demandó que se investigue a las autoridades policíacas de Iguala por los delitos que se han cometido en esa ciudad, porque temen que están permitiendo operar con uniforme a personas que no son policías. Aseguró que el comandante de la Policía Municipal, Crisóforo Tinoco Bahena, y el síndico procurador Mario Castrejón Mota, entre otros funcionarios, tienen que ver con la detención de ocho policías municipales el 25 de mayo, luego del ataque a la policía municipal de Teloloapan, así como con los crímenes que se han cometido en Iguala. Mencionó que el comandante de la Policía Municipal, Crisóforo Tinoco, pidió un permiso para ausentarse, que autorizó el alcalde, después de que el Ejército acudió a Iguala a hacerse cargo de la seguridad pública. En tanto, el síndico procurador y el alcalde José Luis Abarca declaran que en Iguala no pasa nada, que hay gobernabilidad. Demandó que se investigue a los policías municipales por las muertes que han ocurrido en Iguala, porque pensamos que no son policías, pero les permiten usar uniformes policiacos. Acusa a Tinoco, también, de la muerte de los dirigentes del Movimiento de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román”. Hasta ahí parte de la nota publicada en la prensa local en junio del 2013, hace más de dos años. No aprenden y tampoco cuidan las formas. Que nadie se sorprenda entonces si las cosas siguen igual, con o sin los Abarca, en la zona.
Por cierto, asumieron los nuevos presidentes municipales y en unas semanas el nuevo gobernador Héctor Astudillo, que tiene una tarea fenomenal por delante, para comenzar, tratar de recomponer el poder en el estado. El actual gobernador interino Rogelio Ortega es sencillamente un desastre que no sólo ha permitido sino fomentado la impunidad en forma por demás sospechosa.
Para el gobernador Ortega los actos vandálicos, robos, incendios que se producen cotidianamente en su entidad, son expresión del enojo de los manifestantes por los hechos de Iguala, pero más allá de que la gente, sobre todo en Chilpancingo, está aterrada con lo que pueda suceder cada vez que estos grupos se manifiestan, lo cierto es que los actos vandálicos han sido muy selectivos y todos a conveniencia del ex gobernador Angel Aguirre. Así los manifestantes se supone que de Ayotzinapa y de la CETEG, cuando tomaron la secretaría de finanzas tuvieron a bien quemar sólo el área donde había documentación oficial de obras del ex gobernador. No tocaron nada más. Cuando fueron a las oficinas de la fiscalía, sólo quemaron un área, la que agrupaba expedientes relacionados con la pasada administración.
Están borrando las huellas tanto de Aguirre como de Ortega como para que Astudillo no tenga instrumentos legales el día de mañana para proceder contra ellos. Al mismo tiempo, Ortega concedió casi en secreto una amnistía a los dirigentes del ERPI condenados por distintos delitos y ya están todos en la calle. Fue una decisión unilateral del gobernador saliente, insólita en alguien interino y que está a punto de dejar el poder. Y para terminar de documentar nuestro optimismo, Ortega le deja al nuevo gobernador una deuda pública de 18 mil millones de pesos, casi inmanejable para el estado.
Astudillo y el gobierno federal tendrán que hacer una limpieza sin precedentes en ese estado, porque sencillamente sus políticos no aprenden.
Al margen. ¿Qué pasa en Veracruz en la lucha en dirigentes del PRI y el gobierno estatal?¿nadie puede poner orden?¿tan fuera de control está allí todo?