06-10-2015 El anuncio de las Zonas Económicas Especiales es una decisión económica importante, pero, también, tiene repercusiones políticas, sociales y de seguridad y si tienen éxito repercutirán en todos los procesos de desarrollo de las regiones en donde se encuentran.
Como se ha anunciado, las Zonas Económicas Especiales serán tres: una estará en torno al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y llegará hasta la frontera de ese estado con Guerrero. La otra ocupará lo que se conoce como el corredor interoceánico entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, en Veracruz. La tercera estará en Puerto Chiapas, junto a Tapachula, casi en la frontera con Guatemala. Las zonas económicas especiales tendrán, dice la Secretaría de Hacienda, beneficios fiscales y laborales tanto para estimular la inversión como para la generación de empleos; facilidades para el comercio exterior; una ventanilla única por zona para todos los trámites de gobierno para agilizar la instalación y operación de las empresas, con la posibilidad de que recaigan únicamente bajo jurisdicción federal; financiamiento especial de la banca de desarrollo; apoyos para la capacitación laboral, para la innovación y transferencia tecnológica; infraestructura competitiva, tanto para el abasto de energía y de otros insumos básicos, como para mejorar la conectividad logística, además de programas de planeación urbana y desarrollo ordenado de vivienda en sus áreas de influencia.
Los proyectos que allí se pueden establecer pueden ser notables y generar, como decíamos, verdaderos polos de desarrollo regional que saquen de la pobreza a cientos de miles de personas. Pero los desafíos son enormes. Uno de ellos es la seguridad, tanto la jurídica como la cotidiana, de la mano con eliminar una conflictividad política que es evidente en las tres regiones.
Lázaro Cárdenas, por ejemplo, fue hasta hace unos meses un puerto y una región controlada por el narcotráfico, en particular por Los Templarios, que lo usaban para importar insumos para la fabricación de drogas sintéticas y para exportar a Asia, miles de toneladas de material de hierro y otros productos, incluyendo, por supuesto, drogas. El control del puerto era casi absoluto hasta que la intervención federal terminó doblegando a Los Templarios y rompiendo la cadena de protección en la zona. Pero nadie debería pensar que después de tantos años de presencia y control, los grupos criminales simplemente se esfumaron.
La propuesta del corredor interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos es añeja: está presente desde el tratado McLane-Ocampo, firmado en el gobierno deBenito Juárez a mediados del siglo XIX, que le hubiera cedido a perpetuidad el tránsito por el corredor a Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos no lo aprobó por temor a que beneficiara a los estados del sur en plena guerra de secesión. Luego con Porfirio Díaz se intentó resucitar el proyecto, pero nunca se llegó a implementar. Muchos años después, en la administración de José López Portillo y luego en la de Miguel de la Madrid, nuevamente el corredor interoceánico fue una propuesta que no terminó de ser viable por razones económicas y políticas. Económicas, porque la caída de los precios del petróleo y la crisis lo dejaron sin financiamiento. Políticas, porque en esos años, distintos movimientos opositores y radicales como el de aquellos años en Juchitán, restaron interés de los inversionistas. Hoy en la zona, además de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, con sus respectivas instalaciones petroleras, se han instalado, en Oaxaca, muchas de las principales inversiones en energía eólica por miles de millones de pesos y el potencial de desarrollo puede ser amplísimo. Pero se debe asegurar, sobre todo, la seguridad jurídica en una zona que está disputada por grupos políticos y ejidatarios.
En Puerto Chiapas los desafíos son menores, pero son los inherentes de un desarrollo de estas características prácticamente en la frontera con Guatemala y en donde el contrabando de todo tipo de productos y, sobre todo, el tráfico de personas es una norma.
En los hechos, entre las oportunidades que brindan las tres zonas económicas especiales, aunque eso no se diga abiertamente, es que los fenómenos de inseguridad y crimen que operan en ellas puedan ser controlados, precisamente, por el establecimiento de estas zonas que gozarán de amplia autonomía, de normas legales específicas y de administradores, que pueden ser, incluso, privados en cada una de ellas. Las tres se convierten en diques para el fenómeno migratorio (en Chiapas y en Oaxaca) y para el criminal (en Lázaro Cárdenas).
Nadie está, además, inventando el hilo negro. China, India, Pakistán, Rusia, Filipinas y otros países ya tienen ZEE altamente exitosas. Pero no nos equivoquemos, para que el éxito sea, también, la norma en nuestro caso necesitamos alinear leyes, esfuerzos y decisiones políticas y de seguridad. Vale la pena hacerlo.