14-10-2015 La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es como calificaba Mao al capitalismo, “un tigre de papel” (un tigre que, por cierto, terminó devorando al maoísmo), pero se le parece. La huelga general que lanzaron el lunes fue una muestra de debilidad, que puede significar, también, su ocaso, pero sólo si las autoridades y la sociedad asumen que no se puede dejar la educación de millones de niños en un grupo de poder, cuya agenda no tiene nada que ver con la propia educación ni siquiera con el bienestar de los maestros que agrupa.
Este fracaso de la Coordinadora no fue, como se ha dicho, el producto de una operación mediática. Fue un fracaso político en toda la línea: se convocó a una huelga magisterial general que acató apenas cuatro por ciento de las escuelas; en Oaxaca, el centro de poder de la Coordinadora, el paro alcanzó 65 por ciento y los padres han comenzado a exigir, liberados ya del compromiso de que los maestros tengan que firmar los apoyos de Prospera, que se castigue a quienes no den clases; en Chiapas y en Guerrero, la Coordinadora no pudo cerrar más que cinco por ciento de las escuelas; cerraron cerca de 50 por ciento en Michoacán y en el DF sólo cerraron seis colegios. La marcha del lunes en la capital no alcanzó los cinco mil manifestantes y no ocupó siquiera la mitad de la plaza de Santo Domingo. Los bloqueos los realizaron grupos pequeños que si se hubiera tomado la determinación hubieran podido ser fácilmente desalojados por las autoridades.
El mérito pasa por haber cambiado, desde la cima del gobierno federal, el enfoque y el tratamiento de la Coordinadora. Una Reforma Educativa no puede realizarse sin maestros, pero tampoco si se quiere hacer participar en ella a un grupo político cuya supervivencia pasa por el fracaso de la propia reforma. El gobierno federal, luego de la detención de Elba Esther Gordillo, pensó que con ello alcanzaría para tener acuerdos con la Coordinadora: era desconocer los verdaderos objetivos políticos de ese grupo. Luego del proceso electoral y ratificada la mayoría del oficialismo en el poder legislativo, de forma tal que no existieran posibilidades de echar para atrás la reforma que, además, fue ratificada por la propia Suprema Corte, la recuperación del control público sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sobre la nómina, los recursos y los movimientos profesionales de los docentes desarticuló a la Sección 22 y con ella a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa acción y la decisión de que no se dialogaría con la Sección 22 y sus aliados bajo condiciones de fuerza y tampoco para revisar la propia reforma, han sido clave para lograr el debilitamiento de ese grupo político.
Viene ahora la tarea de no dejar en la impunidad los actos violentos que siguen cometiendo. No se puede bloquear la Autopista del sol y otras carreteras del país, no se puede saquear camiones de reparto ni robar autobuses ni quemar oficinas o siquiera llantas. Son todas acciones ilegales y perfectamente punibles. Es más, no se debe siquiera permitir la circulación de autobuses robados por manifestantes por carreteras federales. Muchas tragedias cotidianas han ocurrido por esa lógica de impunidad. No se puede combatir la violencia reclamando impunidad. La violencia siempre se alimenta a sí misma.
No se puede pensar, tampoco, que ante la debilidad mostrada por la Coordinadora el lunes pasado, ese movimiento irá en un declive constante. Existen condiciones idóneas para encapsularlo en su ámbito, en un movimiento sindical que no tenga como rehén a la educación y que no se convierta en un factor de desestabilización política. Pero para que ello ocurra se debe operar en dos terrenos: seguir y profundizar la implementación de la Reforma Educativa tanto en el ámbito administrativo como en el pedagógico. Y, además, acabar con la impunidad en el accionar de estos grupos: si un maestro sin justificación no va a clases o no acepta evaluarse debe saber que pagará un costo, pero, también, si se toman carreteras, se secuestran autobuses, se roban camiones de reparto, se bloquean o incendian instalaciones públicas o privadas. No hablemos de reclamar la liberación de secuestradores de niños, alegando que son presos políticos.
Y también, y no es un tema menor, se debe trabajar y valorar a los maestros que todos los días van a clases, que cumplen con su labor, respaldan la transformación del sector y no oyen los cantos de la sirena de la Coordinadora a pesar de que hubo momentos en los que parecía que desde el poder se escuchaba más a esos sectores que al propio sindicato magisterial. La reforma se debe hacer con los maestros y, por lo menos el lunes, el 96 por ciento de ellos demostraron que quieren ser parte de ese proceso. Deben ser reconocidos.