28-10-2015 El próximo 4 de noviembre unos 80 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal elegirán por voto libre y secreto, al nuevo titular de ese organismo, el más poderoso en el sistema de justicia de todo el país, luego de la Suprema Corte de Justicia. El actual presidente Edgar Elías Azar aspira a ser reelecto en ese cargo, tiene posibilidades muy altas de lograrlo y el que continuara al frente del tribunal sería una buena señal para un sistema en transformación como es el de la justicia en la capital del país.
Hace tres semanas, el 8 de octubre escribíamos aquí que “otra decisión importante (en el terreno de la justicia) es la posibilidad de la reelección de Edgar Elías Azar al frente del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal. Legalmente, Elías Azar puede ser reelegido y políticamente sería un acierto hacerlo. Ha realizado un muy buen trabajo en el TSJDF y tiene el respaldo de la enorme mayoría de los magistrados. Con un punto más a su favor: en pleno proceso de reforma del sistema de justicia, cuando el propio Elías Azar ha estado al frente del mismo en la capital del país a lo largo de todos los años de implementación, sería un sinsentido impulsar un cambio, precisamente, cuando se está en la etapa final de la misma. Elías Azar repetirá en su actual responsabilidad”.
No hay un sólo punto que cambiar al respecto, cuando ya estamos a una semana de la elección. Debe ser reelecto y debe concluir la labor que ha desarrollado a lo largo de estos años. Pero la lucha por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es política. Para ser quienes mandaron al diablo las instituciones en Morena saben muy bien en qué instituciones quieren anclarse y quiere controlar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a como dé lugar, quiere afianzarse en instituciones que terminen maniatando al gobierno capitalino para preparar su reemplazo en el 2018.
Con alegatos falsos sobre la legitimidad de la propia elección quieren la presidencia para uno de los suyos: Rafael Guerra Gómez y ha lanzado una ofensiva mediática en la que participan sus cuadros políticos y abogados como Javier Quijano Baz, intentando influir en la decisión de los magistrados. El problema es que Javier no puede ocultar que se trata de una maniobra política, que él fue el abogado defensor de Andrés Manuel en el proceso de desafuero del 2005 en un proceso cuya defensa fue pagada desde el propio Gobierno del Distrito Federal. Rafael Guerra formó parte de ese equipo de defensa de Quijano para Andrés Manuel, al tiempo que el candidato presidencial aseguraba que si llegaba a Los Pinos su procurador General de la República sería el propio Quijano. Resulta obvio que los tres (Andrés Manuel, Quijano y Guerra) trabajan en forma conjunta. Y por ende darle el Tribunal Superior de Justicia del DF a Guerra implicaría otorgarle ese instrumento de poder y justicia a Morena de cara a las elecciones del 2018.
La justicia no se puede partidizar de esa forma. Paradójicamente, muchos de los mismos que reclaman que no haya cuates ni cuotas, y tampoco partidización en las ternas que el presidente Peña llevará al Senado de la República para sustituir a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quieren ahora colocar a sus cuates y sus cuotas y así partidizar el principal órgano de justicia de la capital, colocando en la presidencia del mismo a uno de los suyos, que además ha tenido un desempeño más que cuestionable.
Porque el desempeño judicial de Guerra ha sido, por lo menos, endeble. En cuanto acabó el proceso de desafuero de López Obrador, dejó el equipo de defensores y como premio fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Desconcertó el nombramiento porque antes había sido el juez encargado, durante tres años, del tristemente célebre caso del New’s Divine, donde murieron 12 jóvenes en una tardeada tras una redada realizada por la policía capitalina con el objetivo de extorsionar a los padres, pidiéndoles dinero (es lo que habían hecho en otros casos similares en la misma zona) para no fincar cargos contra sus hijos. Hubo innumerables testimonios e incluso se contó con la grabación de los hechos, pero durante los tres años en que Guerra, muy cercano también a Marcelo Ebrard, tuvo el caso, no fue capaz de dictar una sola sentencia contra los involucrados. Los padres de esas víctimas también recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, en su caso, prácticamente los ignoró. Hasta ahora el proceso sigue en la impunidad: salvo el dueño del local nadie ha sido castigado. Y los familiares de las víctimas le siguen reclamando a Guerra su desempeño y el premio que recibió al ser designado magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La conexión Andrés Manuel López Obrador-Quijano-Guerra está más que acreditada y esa forma partidaria de hacer justicia no puede tener legitimidad para hablar de renovación y de compromisos éticos y morales con la justicia. En ese mar de intereses político partidarios no puede naufragar la justicia en la capital del país. Elías Azar debe ser reelecto y concluir la reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país.